SCJN limita fuero militar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció una restricción al fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos, que será aplicada por todos los jueces del país.

“Los jueces del Estado mexicano deben replicar, en casos futuros, el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso (Rosendo) Radilla y en aplicación del artículo primero constitucional”, resolvió el pleno de la SCJN por unanimidad de votos, con salvedades de los ministros Salvador Aguirre, Jorge Mario Pardo y Luis María Aguilar.

La sentencia aludida es la que emitió en agosto de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en Guerrero, en 1974, en el contexto de la llamada guerra sucia, y de la que se responsabilizó al Ejército.

El criterio fijado por el tribunal internacional —que deberán replicar los jueces mexicanos al resolver casos futuros— establece que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de los civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”.

En una votación previa, la Corte facultó a todos los tribunales para hacer esa interpretación, al aprobar —por siete votos contra tres— que todos los jueces mexicanos deberán verificar que las leyes internas sean compatibles con la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Esa resolución establece que los jueces podrán inaplicar, en el caso concreto que estén conociendo, las disposiciones que sean contrarias a la Carta Magna y los tratados internacionales de derechos humanos, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma o de ley en cuestión.

Argumentos encontrados

La ministra Olga Sánchez afirmó que tanto la reforma como la sentencia obligan a las autoridades militares a realizar el control de convencionalidad.

“Las Fuerzas Armadas también están obligadas, en los términos del primero, a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales, y obligadas a realizar, en el ámbito de sus competencias, un control de convencionalidad ex officio (en razón de su oficio)”.

En la discusión, los ministros Aguirre, Pardo y Aguilar expresaron su desacuerdo con las propuestas, al considerar que la sentencia del caso Radilla no establecía obligaciones directas al PJF en los temas de control de convencionalidad y fuero militar, y que en éste último la referencia expresa era el Poder Legislativo.

Fernando Franco reconoció que la obligación primaria en el tema de restringir el fuero militar le corresponde al Legislativo, “lo cual no quiere decir que el Poder Judicial pueda incumplir con la sentencia”.

Luis María Aguilar afirmó: “Toda obligación que no esté dirigida a la legal y justa reparación de la violación de los derechos de don Rosendo Radilla es contraria, por excesiva, a lo dispuesto por el propio Pacto de San José que da origen a la propia Corte Internacional”.

La resolución final no incluyó una propuesta más radical, formulada por Arturo Zaldívar y Sergio Valls, que proponía declarar la inaplicación del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, por ser contrario al Pacto de San José, al extender la jurisdicción militar a delitos del orden común o federal.

En opinión de José Ramón Cossío, la sentencia obliga al PJF a reinterpretar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para resolver casos futuros.

El jueves, el pleno definirá las medidas administrativas que corresponden al PJF para el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y los efectos de las resoluciones votadas ayer.

Acepta fallo el Gobierno

El Gobierno federal manifestó que respetará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al fuero militar.

A través de un comunicado conjunto, los dos organismos militares, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, además de Gobernación reiteran su respeto a los criterios orientadores formulados por el máximo tribunal para los órganos jurisdiccionales del país.