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A dos años y siete meses de que México reconoció la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas (CED) para examinar casos individuales, el organismo emitió su primer resolutivo por el que ordena que “garantice una búsqueda e investigación diligente y exhaustiva” de la desaparición forzada de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, desaparecido en Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte, por elementos de la policía estatal y de la Secretaría de Marina.
Representada por la organización I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la madre de Yonathan, Angélica Berrospe, presentó una comunicación al CED el 25 de julio de 2021, en la que denunció que su hijo, quien al momento de su desaparición tenía 17 años, fue sacado de manera forzada de su domicilio y fue detenido de manera arbitraria en un operativo en el que habrían participado elementos navales y policías estatales, en el puerto de Veracruz el 11 de diciembre de 2013, alrededor de las 14:30 horas.
En un resolutivo acordado el 23 de marzo pasado pero dado a conocer públicamente el 3 de mayo, el órgano de tratado de Naciones Unidas consideró que “a más de nueve años de los hechos, la autora (Angélica Berrospe) y la sociedad mexicana desconocen la verdad de lo ocurrido a Yonathan”, así como “los nombres de los responsables de los hechos y no han sido oportuna y suficientemente informados de las circunstancias de la desaparición”.
El CED concluyó que “todas las personas que participaron en la desaparición de Yonathan están cubiertas por el manto de la impunidad”, ya que “el Estado parte no ha tomado medidas adecuadas para hacer efectivo el derecho de Yonathan y de la autora a la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada” del joven.
El resolutivo, que examina las alegaciones de Berrospe y de México, reconoció que “no puede entenderse que el sistema legal haya garantizado a las víctimas su derecho a la reparación y a una indemnización, rápida, justa y adecuada”.
Al ordenar la búsqueda e investigación inmediata, el CED instruyó a que se consideré la participación de “cuerpos de policía del Estado de Veracruz e investigue las respectivas cadenas de mando, asegurando en particular la coordinación de todas las autoridades intervenientes y un adecuado enfoque diferencial”.
El resolutivo urgió a que se “procese, juzgue y castigue a los autores y responsables de las violaciones cometidas, incluyendo las respectivas cadenas de mando”.
Asimismo, el CED instruyó al Estado mexicano “conceda a las víctimas una reparación indemnización rápida, justa y adecuada”, y que “adopte todas las medidas necesarias para hacer efectivas las garantías de no repetición”.
Tras mencionar que el dictamen sea difundido entre “autoridades federales y estatales concernidas, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad y operadores judiciales”, el CED dio un plazo de seis meses al gobierno de México para que informe sobre las medidas adoptadas para localizar a Yonathan Isaac Mendoza Berrospe.
Durante el litigio, se evidenció que Angélica Berrospe fue testigo de la desaparición forzada, al arribar a su domicilio en el momento en que su hijo era sacado por la fuerza y subido a un vehículo oficial; que ella y otros miembros de su familia y vecinos advirtieron que los perpetradores llevaban uniformes de la policía estatal y que entre los vehículos que participaron en el operativo, había una camioneta de la Policía Naval, de la que Berrospe pudo anotar el número económico.
Asimismo, Berrospe expuso que los vehículos que participaron en el operativo, en el que otros cinco jóvenes también fueron sustraídos de su domicilio y están en calidad de desaparecidos, fueron ubicados en instalaciones de la policía estatal.
En el documento del CED se expone que a pesar de que la familia Mendoza Berrospe recurrió a las fiscalías estatal y federal, e incluso a un amparo que fue archivado en 2015, no hubo acciones de investigación sino hasta 2019 y que las búsquedas iniciaron en 2021.
Ante ese retraso en la actuación y la ineficiencia del amparo para localizar a Yonathan, es que el CED descartó la solicitud del Estado mexicano de no admitir el caso, bajo el argumento de que el caso seguía abierto.
