 |  |  |  |  |
|
| ||||
| | | | |
|
| ||||
Para que en Veracruz no se registre más un solo caso de cohabitación forzada de personas adultas con menores de edad, la diputada Illya Dolores Escobar Martínez propuso reformar el Código Penal del estado, que prevé de ocho años a quince años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida de Actualización (UMA), penalidad de carácter imprescriptible.
Ante la Diputación Permanente, que celebró la Segunda Sesión Ordinaria del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora citó el Informe de Pobreza y Evaluación 2020, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), según el cual, en 2018, 49.6 por ciento de la niñez y adolescencia en México vive en pobreza.
El estudio muestra también que en Veracruz el porcentaje de menores de edad en pobreza es 19 puntos mayor que el nacional en el mismo año. En 2018, la entidad ocupó el cuarto lugar respecto a las demás entidades federativas por su porcentaje de menores de edad en pobreza, con aproximadamente un millón 779 mil 500 menores de edad en esta situación.
También, que en Veracruz existe un millón 101 mil 306 personas indígenas. De los 47 municipios indígenas, 34 registran alto índice de población en pobreza extrema en las regiones Olmeca, Papaloapan, Altas Montañas, Totonaca, Huasteca Baja y Huasteca Alta.
La Diputada señaló que en los municipios de Chicontepec, Tantoyuca, Zacualpan, Benito Juárez, Ixhuatlán del Café, Tempoal, Papantla, Coxquihui, Zongolica, Texhuacán, Soledad Atzompa, la zona de los Tuxtlas y Uxpanapan se acentúa este delito.
Illya Escobar refirió también su experiencia como docente en comunidades donde, dijo, jovencitas han sido arrancadas del seno materno por necesidad e ignorancia, obligadas a cohabitar con personas mayores, en muchos casos, con la tolerancia de los propios padres y el entorno familiar.
Ante este panorama, la representante popular apeló a la Carta Magna, cuyo artículo I mandata que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, agregó, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la Ley y priorizará el interés superior de la niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
A esta propuesta se adhirieron el Grupo Legislativo de Morena, las diputadas Citlali Medellín Careaga, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, Maribel Ramírez Topete, Verónica Pulido Herrera y Anilú Ingram Vallines, así como los legisladores Jaime Enrique de la Garza Martínez y Juan Enrique Santos Mendoza.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el capítulo III Ter, De la Cohabitación Forzada con Personas Menores de Edad, al Título V Bis del Artículo 190 Undecies Bis del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
