Incrementa acoso y hostigamiento sexual en dependencias de gobierno durante 2024

En su comparecencia ante el Congreso local y las integrantes de la Comisión permanente del Congreso del Estado, integrado por las diputadas Naomi Edith Gómez Santos como presidenta de la Comisión, Dulce María Hernández Tepole como secretaria y Dorheny García Cayetano como Vocal

El contralor general del Estado, Miguel Ángel Olivares Martínez, cuestionado sobre el tema del acoso sexual en las diversas dependencias del gobierno, por las diputadas Dulce María Hernández Tepole, de Morena y Ana Rosa Valdez Salazar del PRI, que le recordó el caso de las denuncias contra el director de Invivienda

El funcionario reconoció que, en 2024, último año de la administración, aumentaron se los casos de acoso y hostigamiento sexual en dependencias estatales y se aplicaron 12 sanciones a servidores públicos y, no hay “carpetazos”.

De acuerdo con el contralor Miguel Ángel Olivares Martínez, en los seis años de gobierno se registraron 331 quejas por acoso y hostigamiento sexual en la administración pública estatal. Las denuncias fueron presentadas por mujeres y hombres

“En el periodo mencionado, los Órganos Internos de Control han reportado 331 casos de acoso y hostigamiento sexual en toda la Administración Pública Estatal. De esos 331 casos, los Órganos Internos de Control de la Contraloría General en cada una de las dependencias tuvieron conocimiento”, declaró.

Fueron presentadas un total de 112 quejas de acoso sexual que están en proceso de investigación, mientras que en 43 casos ya se emitieron informes que señalan presunta responsabilidad administrativa.Detalló que la Contraloría ha avanzado hasta emitir 12 resoluciones sancionatorias.

Hay que destacar que en marzo de 2023 la ex contralora Mercedes Santoyo Domínguez, en entrevista con reporteros dio a conocer que existían 170 quejas, lo que quiere decir que los casos casi se duplicaron.

Sobre los procedimientos de sanción, el funcionario explicó que una vez que se detectan elementos que presuman la comisión de acoso o hostigamiento, el caso es llevado ante la Dirección General de Responsabilidades Administrativas. Esta instancia inicia el procedimiento formal que incluye la realización de audiencias, la presentación de pruebas por parte de los acusados y, en última instancia, la emisión de una resolución.

“En este periodo se emitieron 12 resoluciones y las 12 son sancionatorias, entonces no hay cabida para carpetazos”, armó Olivares Martínez.

Director de Invivienda el más señalado por este delito

De los casos más señalados en los medios fue la del director del Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), donde el gerente general, Hazael Flores Castro, fue denunciado por presuntos delitos de violencia de género, acoso, hostigamiento sexual, violencia de género, despidos injustificados y cambios arbitrarios de inscripción, por trabajadoras y trabajadores de la dependencia y fue evidenciado en la marcha del 8 de marzo de 2023.

Dicho funcionario presumió ser inocente de los señalamientos hechos en su contra y declaró: “Y han sido desahogados conforme a Derecho y hay tres instancias que se han manifestado, en donde no han encontrado elementos en contra de un servidor”.

De acuerdo con las víctimas, Flores Castro también habría emitido comentarios ofensivos hacia las empleadas, llegando a referirse a sus cuerpos de manera despectiva. En relación con estas denuncias, el contralor señaló que el caso fue revisado por el Órgano Interno de Control, el cual determinó que no existían elementos suficientes para acreditar la conducta denunciada.

Sin embargo, añadió que la parte afectada interpuso un recurso de inconformidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV).

El contralor explicó que, “El nuevo diseño del Sistema Anticorrupción y de las sanciones de responsabilidades administrativas permite a la parte interesada interponer un recurso en contra de alguna determinación, como lo es un acuerdo de conclusión y archivo, lo que antes se llamaba carpetazo”.

Añadió que el caso continúa en revisión por el TRIJAEV, que es una autoridad autónoma e independiente. Reiteró que, bajo el nuevo marco normativo, ya no existe la gura de “carpetazo” y que cualquier determinación puede ser impugnada por los afectados.