Habrá Fiscal hasta abril de 2026, 107 ayuntamientos tendrán que ratificar la ley para ser valida

Se publica decreto en la Gaceta Oficial., Congreso tendrá 120 días naturales para adecuar la Ley Orgánica de la FGE

Zona Centro

Nicolás Cruz Hernández - 2025-11-26

Luego de ser aprobada anoche en el congreso del Estado, la Reforma a la Constitución Política de Veracruz que regresa al Poder Ejecutivo la facultad de proponer y remover a la persona titular de la fiscalía general del Estado (FGE), debe ratificarse en un plazo de 30 días naturales por, al menos, 106 ayuntamientos, luego, el Congreso deberá hacer la declaratoria de validez y el Ejecutivo promulgar y publicar el decreto en la Gaceta Oficial del Estado.


Una vez que entre en vigor, el Congreso local tendrá un plazo de 120 días naturales para realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la fiscalía general del Estado. Por ello, podría ser, a más tardar en abril del próximo año, cuando se puedan aplicar las nuevas disposiciones para el nombramiento de la o el fiscal general de Veracruz.


De acuerdo con la Constitución Política local, la próxima o el próximo fiscal general no necesariamente tiene que ser veracruzano, pues para ostentar el cargo se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad.


Tener, 30 años cumplidos al día de su designación; tener título de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de 5 años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello, principalmente. Trascendió que este mismo día el Decreto aprobado con 42 votos a favor, 5 en contra y cero abstenciones serán turnado a los 212 ayuntamientos.


La Constitución Política del estado señala para la validez de las Reformas constitucionales se requiere de la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, (106) de 212, la que deberá darse en sesión extraordinaria de Cabildo y comunicarse al Congreso o a la Diputación Permanente dentro de los 30 días naturales liego de recibir el decreto. Se tendrán por aprobadas las reformas por parte de los ayuntamientos si, transcurrido el plazo referido, no hubieren comunicado su acuerdo.

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