CIUDAD DE MEXICO: Ve Sedena campaña del narco tras quejas

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a elaborar un reglamento que fije los protocolos del uso de la fuerza de los militares en operativos de seguridad pública, así como los de detención de civiles.

La CNDH pidió a la Sedena evitar que los detenidos por el Ejército sean trasladados a instalaciones castrenses, y que se ordene el cese de detenciones arbitrarias, cateos ilegales y abusos de autoridad, entre otras disposiciones.

Así lo establecen tres recomendaciones emitidas por el organismo este año, en el lapso de un mes, contra Sedena.

La más reciente, fechada el 31 de marzo, es por un caso de tortura y detención ilegal para obtener la confesión de dos funcionarios de seguridad pública de Tabasco; el 25 de marzo envió otra por el homicidio de dos personas en Nuevo León —aunque ya se inició el proceso contra cuatro militares—; el 25 de febrero por un caso de “privación de la vida” y retención ilegal en Guerrero.

Ante las violaciones a los derechos humanos que documentó la CNDH en cada uno de estos casos, que derivaron en las recomendaciones 8/2011, 10/2011 y 14/2011, el organismo solicitó al titular de la Sedena, Guillermo Galván, que “se emita una directiva, regla u ordenamiento que regule el uso proporcional de la fuerza pública, contemplando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

El reglamento deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en un documento de fácil divulgación que tendrá que distribuirse “a todo el personal de tropa y oficiales que desarrollen funciones de seguridad pública, implementando cursos para su conocimiento, debiendo remitir a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento”.

También instruyó que “se emita una circular u ordenanza dirigida a los mandos superiores, medios y a los elementos de tropa, para que se garantice que las personas que sean detenidas en los operativos que realizan los elementos del Ejército no sean trasladadas a instalaciones militares, sino que sean puestas de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente”.

Cesar detenciones arbitrarias

En la más reciente de las recomendaciones pidió al secretario de la Defensa que “gire instrucciones a efecto de que los servidores públicos de las fuerzas armadas, en forma inmediata, cesen las detenciones arbitrarias bajo una supuesta ejecución de las solicitudes de apoyo y colaboración en la investigación, localización y presentación formuladas por las autoridades ministeriales, y exijan la debida fundamentación y motivación a dichas autoridades”.

CNDH además instruye a Galván Galván a que ordene “que en forma inmediata cesen los cateos ilegales” y que en todas las diligencias de cateo que practiquen los militares cumplan con los preceptos constitucionales.

Respeto a los derechos humanos

En los tres expedientes la CNDH reiteró la necesidad de que la Sedena intensifique la aplicación del Programa de Derechos Humanos S.D.N. 2008-2012, que se dirija tanto a los mandos medios como a los elementos de tropa; así como que se generen indicadores de gestión para evaluar el impacto efectivo de la capacitación “y se envíen al organismo las pruebas de su cumplimiento”.

Estas disposiciones se derivaron de las recomendaciones de este año. Por la 8/2011, ante el incidente que se registró el 20 de junio de 2009 en la región de La Montaña, en el municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, cuando elementos del 93 Batallón de Infantería dispararon contra un autobús de pasajeros, provocando la muerte de uno ellos.

El expediente 10/2011, en el que se acreditó responsabilidad de militares en el homicidio de dos personas en Apodaca, Nuevo León.

Y la resolución 14/2011 del 30 de septiembre de 2009, cuando personal militar, junto con agentes judiciales estatales de Tabasco, torturaron y sometieron a tratos crueles al entonces direc-tor de Seguridad Pública del Munici-pio de Emiliano Zapata y al subdirector de esa corporación, a quienes detuvieron y retuvieron de forma ilegal, para obligarlos a firmar una declaración de culpabilidad de delitos.