CHETUMAL: Aprueba QR reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos

El Congreso de Quintana Roo se sumó a la lista de estados que han aprobado las reformas constitucionales para incorporar a los Derechos Humanos de manera explícita en la Carta Magna, así como dotar de mayores facultades y atribuciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyas recomendaciones en contra de los malos funcionarios ya no quedarán “en aire”.

Los diputados de la XIII Legislatura también aprobaron las reformas en materia de Amparo en la que se destaca el hecho de que, por primera vez en la historia del país y atendiendo uno de los reclamos generales de la ciudadanía que ha visto vulnerada sus garantías individuales, la resolución de los amparos podría tener aplicación de carácter general y ya no únicamente efectos para la persona que promovió ese recurso.

La Constitución federal establece la serie de procedimientos jurídicos que se deben realizar para lograr que los efectos de los amparos promovidos tengan aplicación de carácter general, mediante la “Declaratoria de Inconstitucionalidad” que en su caso debe emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez agotado el procedimiento.

El presidente del Congreso de Quintana Roo, Eduardo Espinosa Abuxapqui refirió que esta es una reforma presentada en el Senado de la República, como Cámara de Origen; por los senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murrillo Karam, Fernando Castro Trenti y Pedro Joaquín Coldwell, del PRI, y René Arce Islas, del PRD; y fueron aprobadas en el mes de marzo pasado en el Congreso de la Unión.

Actualmente es sometida a la aprobación en cada una de las entidades del país, colocándose Quintana Roo como el séptimo en avalar la reforma constitucional, seguido de Yucatán, Campeche, Veracruz, Colima, Nayarit y Tamaulipas.

Los Derechos Humanos como tal no se encuentran textualmente especificados en la Carta Magna a pesar de que de manera implícita se refieren en los contenidos en varios artículos de la Constitución dentro de la parte dogmática contemplándose como garantías individuales y que ahora serán llamadas garantías de las personas.

Con la reforma la autonomía de los organismos públicos de Derechos Humanos en las entidades federativas, será obligatoria, y se traslada la facultad de investigación que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las autoridades tendrán la obligación de dar respuesta a las recomendaciones de la CNDH, y quien no las acepte deberá fundar y motivar públicamente el porqué de su negativa; y en su caso los funcionarios podrán ser llamados a comparecer ante el Senado o los Congresos locales, según se trate.

Asimismo se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que pueda ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales o estatales que vulneren derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte.