Destinarían municipios más recursos para impulsar el deporte

A propuesta de su Comité Municipal del Deporte (CMD), los ayuntamientos deberán considerar una inversión de hasta cinco por ciento y no menos de tres por ciento de su presupuesto para la difusión, promoción, equipamiento y la construcción de infraestructura deportiva.

Durante la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura del Estado, el diputado Octavio Pérez Garay presentó ante el Pleno una iniciativa que modifica los artículos 21, fracción II y 27, fracción III, de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado.

Con ella, las comisiones municipales del deporte asumirían nuevas funciones y atribuciones que eleven la calidad del trabajo deportivo masivo e individual.

Dicha propuesta, turnada a la Comisión Permanente de Juventud y Deporte, señala que el CDM elaborará sus planes operativos anuales conforme a las necesidades municipales y los programas de trabajo, de acuerdo con el programa operativo estatal del deporte.
Por otra parte, los partidos podrían aumentar a 10 por ciento el financiamiento público para la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y tareas editoriales, de acuerdo con la iniciativa que reforma los artículos 55 fracción I y 119 fracción IV del Código Electoral número 568 para el Estado, presentada por el diputado Marco Antonio del Ángel Arroyo, turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales.

Se propone también dar más atribuciones al Instituto Electoral Veracruzano (IEV) para que verifique de manera presencial la realización y desarrollo de las actividades en favor de la formación continua de la militancia, estimulando con ello la cultura política.

Corresponderá a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales analizar la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 277 del Código Penal para el Estado, presentada por el diputado Ciro Gonzalo Félix Porras, que establece que únicamente la autoridad de transporte en la entidad y sus delegaciones regionales podrán autorizar temporalmente la circulación de vehículos, cumpliendo con lo que establecen la Ley y el Reglamento de Tránsito y Transporte para la entidad.

En tribuna, el Legislador explicó que la actual redacción del artículo dicta que quien –con cualquier finalidad– instale en un vehículo placas de circulación o autorización oficial para circular que no le correspondan legalmente, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de hasta 120 días de salario mínimo, lo que resulta un problema para los transportistas al momento de cambiar sus unidades.

Esto –añadió Félix Porras–, provoca que en ocasiones los trabajadores de este sector, quienes se ven en la necesidad de sustituir sus vehículos, vean obstaculizadas sus labores diarias por la necesidad de interpretación del texto, y por ello es necesaria esta modificación.