#ArrierosSomos: LA CADENA DE LA DISCORDIA

Al iniciarse, la semana pasada, una protesta de vecinos en la calle Atenas, en el ejido El Jagüey, en Minatitlán, sucedieron situaciones que no conviene que se presenten en nuestras comunidades.
El bloqueo trajo consigo inconvenientes inmediatos para los mismos vecinos.
Desde luego, el primer problema que se presentó fue el de interrumpir el libre tránsito de vehículos de y hacia el área rural y al vecino municipio de Hidalgotitlán.
Otro de los problemas suscitados fue el cobro que por “derecho de peaje” hicieron algunos de los que mantuvieron el plantón, estableciendo cuotas “diferenciadas” de 50, 100 y hasta 300 pesos por unidad, para ser destinados “al “mantenimiento de la calle”.
Esto ocasionó que se incrementaran los costos del pasaje en el uso de taxis y, por consiguiente el aumento en el precio de algunos artículos de primera necesidad que se expenden en esa área. También hubo la negativa de varios taxistas a prestar el servicio, que prefirieron “no perder tiempo” ni arriesgarse a permanecer por tiempo indefinido si eran atrapados en el bloqueo.
Ya no se diga de los que transportaban enfermos o tenían compromisos impostergables que sufrieron las consecuencias de no llegar a sus destinos a tiempo.
Lamentablemente el bloqueo casi duró cinco días y los representantes municipales admitieron que la demanda de los vecinos es justa, aunque no solucionable de inmediato por las condiciones climatológicas de la temporada.
Es lamentable que una situación de mera necesidad, como es el caso de los caminos en mal estado, se aleguen “tintes políticos”, cuando es evidente que no se ha atendido oportunamente el problema, sea por la razón que sea, por falta de recursos o por otras causas que debe resolver la autoridad municipal, estatal o federal.
Si subsiste o no el “cobro por peaje”, la autoridad debe tener mucho cuidado en desalentar dicha situación, porque en otros lugares y en épocas recientes, ese tipo de situaciones han traído lamentables consecuencias.

Recordemos Texistepec

El 30 de enero de 2008 nos amanecimos con la noticia de que en el municipio de Texistepec, se había producido una balacera, donde había perdido la vida un policía municipal, había sido agredido a balazos el presidente municipal de ese tiempo Saúl Reyes Rodríguez y resultaron heridos cuatro ciudadanos de ese municipio.
El motivo de todo esta violencia tenía su origen en el “funcionamiento” de una cadena que originalmente había sido puesta para que los conductores que usaran el camino que va de Texistepec a San Lorenzo Tenochtitlán, cooperaran parea el mantenimiento del camino.
Y hasta hubo época en que en todo el estado de Veracruz, se utilizó ese procedimiento, con la figura de Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, o de patronatos, que se implementaron para lograr mantener en condiciones de uso los caminos rurales.
La cadena en Texistepec tenía alrededor de cuatro años de estar, hasta que en el inicio del año 2008 el cabildo de ese municipio decidió que ya no era necesaria la cadena, dejando de tener razón de ser la mentada “cooperación” para el mantenimiento del camino.
Hasta en dos ocasiones fue un contingente, acompañado con la fuerza pública, para retirar la mencionada cadena. En las dos ocasiones los contingentes ya no encontraron nada, sólo estaban los troncos donde se colocaba. En la segunda ocasión, para erradicar de tajo todo intento de volver a colocar la cadena, se destruyeron los dos troncos donde se amarraba la cadena.
A petición de los vecinos, el alcalde se dirigió con su comitiva al parque principal para informar a la población de la erradicación de la dichosa cadena.
No sería su sorpresa de que al ir camino al parque central, un pequeño grupo, encabezado por Víctor Fernández Hernández (a) El Poblete, salieron al paso del contingente agrediéndolos con armas de fuego.
Fabián Antonio Santiago Hernández, corresponsal de varios medios en la región, y premio nacional de periodismo por ese reportaje, nos cuenta:
“Sin mediar palabra los sujetos armados dispararon contra el contingente encabezado por el alcalde Reyes Rodríguez, a quien una bala le perforó el pantalón. La policía municipal repelió la agresión, pero los sujetos sacaron una ametralladora y varias pistolas.
“Uno de los proyectiles dio en el policía municipal Rogelio Clímaco Esteban, quien quedó malherido y cuando era trasladado para recibir atención médica falleció.
“En esta misma acción varias personas resultaron heridas de bala, entre ellas Francisco Plácido y Laurentino Zacarías, ambos en la pierna, así como Félix Palafox, a quien le rompieron la cabeza de un cachazo, y resultó herida Lourdes Hernández.
“El enviado del gobierno Roberto García Alonso y la fiscal María de Jesús Alarcón fueron los primeros en salir del lugar, pero el enviado del gobierno fue retenido por los pobladores al llegar a palacio municipal.
“Tras la agresión, el alcalde solicitó el apoyo de Seguridad Pública del Estado, sin embargo los policías nunca llegaron al lugar de los hechos, e incluso dos patrullas que estaban cerca se alejaron dos horas después llegaron tres patrullas de la Policía Ministerial.
“Ya entrada la noche llegó el subprocurador de Justicia de la zona sur Jorge Yunis Manzanares.
“Cabe señalar que los agresores no huyeron y se atrincheraron en la vivienda de Víctor Fernández, sin ser detenidos”.
Por supuesto que ese amarga experiencia no la queremos ni la necesitamos en Minatitlán, por lo que es necesario eliminar todo ánimo de colocar una “caseta de peaje” en cualquier lugar del territorio municipal, sea para el fin que sea, ya que a la larga se pervierte su propósito y se vuelve botín de unos cuantos.

¿Se cumple con la Constitución?

En gira que hizo el presidente Enrique Peña Nieto al sur de la República, dio a conocer que se extendería a los migrantes centroamericanos, una visa temporal de tres días para poder desplazarse en territorio nacional libremente, de tal manera que no se vieran obligados a permanecer como “indocumentados” o lo que es lo mismo “ilegales.
Esa visa temporal dará la oportunidad a los migrantes centroamericanos podrán usar los servicios públicos de transporte conocidos –autobuses, avión y ferrocarril–, sin ser molestados por el Instituto Mexicano de Inmigración, y para sacudirse el peligro de viajar en forma clandestina en el tren al que apodan “La Bestia”.
Bien y requebien.
Ahora, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acaba de informar que se “prohibirá terminantemente a los migrantes viajar en el tren llamado La Bestia, a fin de atenuar los accidentes que han dejado cientos de víctimas”.
Tajante, Osorio Chong dijo: “Vamos a poner orden, no podemos seguir permitiendo que pongan en peligro sus vidas. Es nuestra responsabilidad al estar en nuestro territorio. La Bestia es para carga no de pasajeros; tendremos que entrar en su regularización y en próximos días anunciaremos algo al respecto”.
Independientemente del tono y del contenido político que ha dado el secretario de Gobernación, nos alegra que la autoridad al fin y al cabo ponga en vigor el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor.
Fíjese si no. El Artículo primero dice textualmente: “En los Estados Unidos Mexicanos TODAS LAS PERSONAS gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
De entrada, TODA PERSONA que esté en territorio nacional está amparada por la Constitución y por lo tanto, el gobierno es responsable de su integridad cuando permanezca en el suelo patrio.
Así, se da sentido a la calidad de PERSONA a los migrantes y se le facilita su permanencia, traslado y estancia en territorio nacional.
Ahora, si el gobierno mexicano está dispuesto a “legalizar” la estancia de los extranjeros en nuestro país, ¿no será conveniente pedir a las naciones de su origen, que le extienden en el mismo contexto documentos que acrediten su nacionalidad?
Así se cerraría el círculo de la legalidad que se pretende dar a una situación donde todos perdemos.
Si Estados Unidos les da visa o no, ese ya no es problema de México.
El problema de México es evitar la humillación, el escarnio, el maltrato, el abuso y los crímenes cometidos contra los hermanos centroamericanos.