A propuesta del diputado Raúl Zarrabal Ferat, se considerará violencia laboral impedir que las trabajadoras amamanten a sus hijos
Congreso
COMUNICADO - 2014-07-31
Impedir que las trabajadoras amamanten a sus hijos o evitar contratar a una mujer en el periodo de lactancia se considerará violencia laboral, según el decreto aprobado de manera unánime por la LXIII Legislatura, durante la decimoquinta sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.
Asimismo, por ley se establecerán programas de lactancia materna, a fin de fomentar el amamantamiento e incentivar que la leche materna sea alimento exclusivo de bebé durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.
La reforma aprobada por todos los diputados presentes, a propuesta del legislador Raúl Zarrabal Ferat, modifica el artículo 45 de la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes y el artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En el dictamen de la Comisión Permanente de Equidad Género y Familia se destaca que estas reformas benefician y protegen al sector más vulnerable de la sociedad y garantizan a la madre la defensa de sus derechos, específicamente al de lactar.
Además, se especifica que la lactancia materna es “un derecho de las madres y un componente fundamental del derecho de las niñas y los niños a una alimentación adecuada y al cuidado de su salud”.
Con esta modificación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se adecua la legislación federal con la local y se agrega al concepto de violencia laboral la negativa de los empleadores de otorgar a la mujer el derecho de amamantar a sus hijos.
PROTECCIÓN A DERECHOS LABORALES Y FINANZAS MUNICIPALES
Respecto de la iniciativa presentada por la Comisión de Hacienda Municipal en el Congreso del Estado, Zarrabal Ferat señaló que con ésta se pretende que los ayuntamientos no vean afectadas sus finanzas por laudos laborales ni se vulneren los derechos de los trabajadores.
De acuerdo con el legislador, esta iniciativa obligaría a los ayuntamientos a otorgar a sus trabajadores constancias de trabajo, en las que se especifique el cargo a desempeñar de acuerdo a la clasificación del Catálogo de Puestos, señalando claramente las causales del término del nombramiento.