Orden urbano frena a pandillas: Murillo; exige facultades para fiscalizar permisos

Jesús Murillo Karam, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, advirtió ayer la necesidad de controlar los permisos de desarrollo urbano para evitar efectos negativos en la seguridad.

Ante los integrantes de la Comisión de Vivienda en el Senado, expuso que es necesario planear el desarrollo urbano del país, pues se observa que la pugna de grupos sociales por los espacios públicos se convierte en una lucha de pandillas que afecta a la paz.

“No estoy en contra de que sean los municipios quienes autoricen (construcciones de fraccionamientos), pero debe haber supervisión y la supervisión debe estar basada en aquello que le competa al estado y aquello que es competencia de la Federación.

“Tenemos que revisar las reglas ecológicas federales, las disposiciones de agua que no pueden ser solamente municipales y vigilar que se cumplan, que la densidad de la población sea tal que la vida pueda darse de manera digna”, explicó.

Así, Murillo Karam planteó a los senadores la necesidad de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuente con las facultades legales necesarias para que pueda fiscalizar las autorizaciones de los gobiernos municipales, pero también los proyectos que presentan las constructoras.

Planes urbanos dan seguridad: Murillo

Explicó al Senado que la lucha de grupos sociales por los espacios se convierte en una lucha de pandillas.

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jesús Murillo Karam, explicó ayer al Senado que es necesario planear el desarrollo urbano del país, que tiene efectos directos con la seguridad, pues se observa que la lucha de grupos sociales por los espacios públicos se convierte en una lucha de pandillas.

“¿Qué sucede hoy alrededor de las grandes ciudades? Ésta es un ejemplo de ello. Municipios, en su ánimo de desarrollo, apoyan, aceptan, autorizan construcciones de fraccionamientos sin mirar lo que pasa en los límites del municipio, inclusive dentro del propio municipio y empezamos a generar extensiones enormes, enormes de habitaciones para las que no hay espacios públicos, con lo que se afecta necesariamente la cuestión social.

“La lucha por el espacio se convierte en una lucha de grupos y la lucha de grupos se convierte en una lucha de pandillas y esto afecta necesariamente la vida, la paz, el mismo orden, la misma cohesión social por la necesidad de espacios donde puedan desarrollar”, planteó a las y los senadores integrantes de la Comisión de Vivienda del Senado, presidida por María Elena Barrera.

Murillo Karam planteó a los senadores que es necesario que la secretaría cuente con las facultades legales necesarias para que pueda fiscalizar estas autorizaciones que hacen los gobiernos municipales, pero también los proyectos que presentan las empresas constructoras, porque es necesario tomar en cuenta diversas aristas que confluyen en el desarrollo sano o no de las comunidades.

“No estoy en contra de que sean los municipios quienes autoricen pero debe haber supervisión y la supervisión debe estar basada en aquello que le competa al estado y aquello que es competencia de la Federación.

“Tenemos que revisar las reglas ecológicas federales, las disposiciones de agua que no pueden ser solamente municipales y vigilar que se cumplan, que la densidad de la población sea tal que la vida pueda darse de manera digna”, entre otros aspectos, añadió.

Jesús Murillo Karam pidió al Senado avanzar en la ley que sustenta el trabajo de esta secretaría, pues tiene diversos mandatos, pero carece de las facultades para aplicarlas y debe recurrir a otros caminos, como por ejemplo, ser estrictos en subsidios.

“Hoy tenemos la misión perfectamente señalada, pero no tenemos los sustentos legales. Hoy por ejemplo podemos decir que la Secretaría tiene que vigilar que no se construya donde no se debe, por irme a lo más fácil, pero no tiene la facultad reglamentaria para hacerlo. No tiene el sustento legal para proceder.

“¿Qué hacemos? Lo hacemos a través del manejo del subsidio y decimos: subsidiamos sólo a aquellos que estén sujetos a la planeación de la ley o lo que ustedes quieran, pero no es suficiente. Necesitaríamos tener realmente la posibilidad de por lo menos fiscalizar los criterios de las empresas”, planteó.