Con 35 votos a favor, aprueba Congreso reestructuración de la deuda

Para consolidar las finanzas y apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer la hacienda del estado, el Pleno de la LXIII Legislatura local aprobó por mayoría el Decreto que autoriza al Ejecutivo estatal contratar financiamiento para reestructurar la deuda pública.

Durante la Quinta Sesión Extraordinaria del segundo año de labores, se avaló en lo general –con 35 votos a favor, nueve en contra y una abstención–, que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), haga lo correspondiente para fortalecer los ingresos del estado y use como fuentes de pago participaciones y aportaciones de la Federación e ingresos propios.

Votaron a favor los 25 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentes, cinco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tres del Partido Nueva Alianza (Panal), uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno de Alternativa Veracruzana (AVE); en contra, los ocho diputados presentes del Partido Acción Nacional (PAN) y Jesús Alberto Velázquez Flores, del PRD, y se abstuvo Cuauhtémoc Pola Estrada, de Movimiento Ciudadano (MC).

El Dictamen aprobado permite contratar un financiamiento de 5 mil millones de pesos, que tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos de hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

La Comisión Permanente de Hacienda del Estado –instancia dictaminadora– determinó que se cumple con lo previsto en el proyecto, dado que revisó el marco normativo de este Fondo, que establece como destino el saneamiento financiero y de pensiones.

También se avaló un segundo financiamiento de un mil 700 millones de pesos, que tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos de hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y deberá destinarse a inversiones público-productivas en materia de obras y acciones sociales básicas que beneficien a la población en pobreza extrema o a localidades con alto rezago social.

Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, este Fondo debe destinarse a obras y acciones sociales enfocadas a combatir la pobreza extrema, por lo que está acorde con el Dictamen. La instancia legislativa añade que, dado que el FAIS está integrado por dos: el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en este caso únicamente se alude al que corresponde al Estado.

La Sefiplan contratará también un crédito de hasta 15 mil millones de pesos, que tendrá como fuente de pago los ingresos provenientes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), para amortizar anticipadamente deuda pública a cargo del Gobierno del Estado y obtener mejores condiciones económicas. En Veracruz este impuesto se ajustó de 2 a 3 por ciento, con lo que se brinda mayor garantía de pago.

Conforme el saldo de la deuda pública actual se vaya liquidando, la Sefiplan podrá contratar endeudamiento por un plazo de hasta 25 años, por igual monto, que se destinará a inversiones público-productivas, la constitución de fondos de reserva, la contratación de operaciones de cobertura y el pago de gastos y comisiones generados por el diseño, instrumentación y celebración de esta operación.

POSICIONAMIENTOS

Previo a la discusión del Dictamen, el diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, del PAN, presentó una moción suspensiva, para regresar el documento a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado y hacer un mayor análisis de los efectos de la contratación de financiamiento, pero la propuesta se desechó por mayoría de votos.

En los posicionamientos, el diputado del AVE, Francisco Garrido Sánchez, habló de su voto a favor, porque –afirmó– se debe tomar medidas preventivas ante la contingencia económica mundial, los efectos de la caída de los precios del petróleo y la depreciación del peso ante el dólar: “Las acciones propuestas fortalecerán los ingresos del estado y se debe conocer los términos y condiciones bajo los que se contrate el financiamiento”.

Gerardo Fuentes Flores, del Panal, dijo que la deuda estatal registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “se ha manejado de manera responsable y transparente”. Pidió a sus homólogos fortalecer la hacienda estatal y mejorar las condiciones de Veracruz.

Para el diputado Jesús Vázquez González, del PVEM, el tema es “sensible”, pero se requiere detonar la economía del estado: “Finanzas públicas deterioradas impactan a la población y causan más problemas, como inseguridad y baja generación de empleos. El compromiso es fiscalizar esos recursos y revisar que las metas se cumplan”.

Por el PAN, el diputado Julen Rementería del Puerto dijo que su Grupo Legislativo no está en contra de los instrumentos de deuda, sino en desconocer la forma en que se utilizan. Por ello, manifestó su desacuerdo en que se siga endeudando al estado y votó en contra.

Mariela Tovar Lorenzo, en nombre del Grupo Legislativo del PRI, explicó la necesidad de reactivar la liquidez de la hacienda estatal y prevenir el panorama económico de 2016. Se liberarán participaciones federales y al comprometerse 25 por ciento de cada Fondo, el restante 75 por ciento estará libre para obras, expuso.

DISCUSIÓN EN LO GENERAL

En la discusión del Dictamen en lo general, el diputado Julen Rementería reiteró su confianza en la obtención de créditos, pero insistió en la necesidad de transparencia en el uso de los recursos públicos.

El legislador Marco Antonio del Ángel Arroyo, del PRI, manifestó su respaldo al Dictamen, pues los gobiernos se financian a través de dos rubros: las tributaciones y las deudas. Habló sobre el principio de legalidad en la contratación del financiamiento, que permitirá pagar a acreedores y contratistas, así como a la Universidad Veracruzana (UV) y al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Mónica Robles Barajas, del PVEM, propuso crear una Comisión Especial y plural de diputados que vigile el cumplimiento de los objetivos de la reestructuración de la deuda, y dijo asumir con responsabilidad su voto aprobatorio, pues no obstaculizará esfuerzo alguno en favor de los veracruzanos.

Con su voto a favor, José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, del PRI, manifestó que mejorarán las condiciones financieras de Veracruz, porque existen instituciones crediticias que creen en las finanzas de la entidad, y puso como ejemplo que el pago anticipado de un bien trae beneficios en el largo plazo.

DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR

En el análisis en lo particular, los diputados Julen Rementería, Édgar Hugo Fernández Bernal y Ana Cristina Ledezma López, todos ellos del PAN; se reservaron los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo, así como el cuarto transitorio; tras su participación en tribuna, con votación por mayoría, se desechó sus propuestas.

Modifica el Congreso de Veracruz la Ley de Pensiones del Estado

La LXIII Legislatura de Veracruz aprobó reformas a la Ley de Pensiones del Estado para ajustarla al fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con algunos preceptos, y con base en la Iniciativa que presentaron cinco diputados locales, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, Octavia Ortega Arteaga.

Durante la Quinta Sesión Extraordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, este miércoles 28 de octubre el Pleno avaló el Dictamen que deroga los artículos 19 y 32 y el tercero transitorio, y modifica el 16 y 95, para adecuar la legislación conforme lo determinó la SCJN, ante el recurso de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por unanimidad, con 42 votos a favor, se aprobó la reforma a la Ley de Pensiones, de acuerdo con la Iniciativa que este 22 de octubre presentaron los diputados Octavia Ortega Arteaga, Marcela Aguilera Landeta, Francisco Garrido Sánchez, Juan Eduardo Robles Castellanos y Juan René Chiunti Hernández.

El Dictamen, elaborado por los miembros de las Comisiones Permanentes Unidas de Trabajo y Previsión Social y De Hacienda del Estado, elimina los artículos 19 y 32, que establecían la obligación de aportar cuotas en porcentaje idéntico a pensionistas y trabajadores en activo.

En relación con el artículo 16, se modifica para retirar a los pensionistas –como sujetos obligados de cubrir con sus cuotas–, los costos de las prestaciones establecidas en la ley y los gastos administrativos correspondientes. En el artículo 95 fracción II, se estipula que el patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), lo constituyen únicamente las cuotas de los trabajadores en activo.

Se eliminó del texto el artículo tercero transitorio, pues tenía relación con el artículo 19 y ambos quedaron sin materia.

Las comisiones dictaminadoras puntualizaron que la Ley de Pensiones del Estado se expidió bajo la necesidad de solucionar la grave situación financiera que enfrenta el IPE, y garantizar a los trabajadores al servicio del estado su derecho a la seguridad social.

Antes de discutir el Dictamen, el diputado Cuauhtémoc Pola Estrada, del partido Movimiento Ciudadano (MC), presentó una moción suspensiva para retirar del orden del día el documento y propuso correcciones en relación con el salario regulador, propuesta que se desechó por mayoría de votos.

En los posicionamientos por Grupo Legislativo, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Cristina Ledezma López, recordó que su bancada votó en contra de la Ley 287 de Pensiones del Estado, pero en este Dictamen lo hizo a favor, porque la SCJN dio una resolución que beneficiará a los trabajadores.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Marcela Aguilera Landeta explicó su voto a favor del Dictamen, por ser un acto de apego a la legalidad: “Al aprobar esta ley se pensó en la viabilidad financiera para garantizar seguridad social a miles de trabajadores, y si en esa norma se determinó invalidez de algunos artículos, se plantea una reforma con responsabilidad”.

La sesión, que inició a las 12:23 horas, finalizó a las 15:47.