#AsuntosPúblicos: RED CORRUPTA EN COMPRAS DEL GOBIERNO DE DUARTE

El portal digital de noticias Animal Político, enfocado a temas sobre corrupción, transparencia, derechos humanos y gobierno, publicó ayer un reportaje titulado “Desaparece el gobierno de Veracruz 645 millones de pesos; entrega el dinero a empresas fantasmas”, basado en investigación documental, entrevistas y en respuestas a solicitudes de acceso a la información, el reportaje describe operaciones de compras del gobierno de Duarte que despiden el tufo de la corrupción; es visible de inmediato el amañamiento de las modalidades de adjudicación de contratos para beneficiar a determinadas empresas, donde los funcionarios que ejercen el gasto llevan su tajada o son los controladores reales de las empresas.

Esquema del negocio

El reportaje describe a detalle el esquema, centrado en tres elementos de irregularidades; en las empresas: son una red amiga, un club de acceso restringido; la asignación de contrato: manipulada, en directo o entre tres, de a cuates; y la falta de comprobación del destino de los bienes, lo cual hasta permitiría que el proveedor cobrara sin hacer la entrega efectiva de bienes; una compra virtual.

De acuerdo con los documentos de base, el Gobierno del Estado en los años 2012 y 2013, en la Sedesol y la SEV, principalmente, en menor escala en Protección Civil y el DIF, adjudicaron 73 contratos de compras de diversos bienes a un grupo favorecido de 21 empresas; 16 de ellos, de dedazo mediante la asignación directa y 57 en licitación simplificada, con 3 proveedores invitados.

Fantasmas o no son favorecidas

Estas empresas que califican de fantasmas, tienen la característica de haber sido creadas durante el gobierno de Duarte, desaparecidas después de conseguir algunos contratos o que los socios están relacionados entre sí, poseen las mismas direcciones electrónicas y algunas tienen domicilios fiscales raros, en sitios que no corresponden al giro que manifiestan o donde nadie sabe que existan dichas empresas.

Incluso hay casos mencionados de presuntos dueños de empresas que al ser entrevistados declararon no saber nada del asunto, al parecer alguien tomó sus nombres para crear fachadas empresariales. Otro rasgo es que venden de todo, son comercializadoras, desde un palillo hasta un elefante.

De acuerdo con el análisis de contratos y erogaciones en el periodo examinado (2012-2013), la Secretaría de Educación en 7 contratos ejerció 324 millones de pesos en materiales didácticos; la Sedesol, en 45 contratos para laminas de zinc, materiales de construcción, cobijas y despensas, entre otros, ejerció 247.7 millones, y con un rango muy inferior, Protección Civil, 9 contratos por 29 millones de pesos para despensas, cobertores, etc.; el DIF alrededor de 10 millones en juguetes pañales uniformes.

Sin transparencia la entrega y distribución de los bienes

Cierra la presunción de fraude maquinado la falta de comprobación del destino de los bienes adquiridos con dinero público, evaden la rendición de cuentas y la transparencia del gasto.

Las respuestas a solicitudes de acceso a la información trataron de evadirse y sólo consiguieron crear la presunción de fraude. Los materiales didácticos de la SEV se entregaron “a diversos centros educativos”, la entrega de los productos adquiridos por Sedesol remite al padrón general de beneficiarios y de plano Protección Civil respondió que la información era inexistente.

La banda y su respuesta

Operaron estos contratos de compras, los administrativos y titulares de las dependencias, salieron a relucir con otras conexiones a temas de corrupción y enriquecimiento, de la SEV, Adolfo Mota y Vicente Benítez, además en la Sedesol, donde también se ubicó a Alberto Silva, y por el DIF y la Tesorería de la Sefiplan, Tarek Abadalá, todos de la esfera íntima del gobernador Duarte, del grupo feliz y cargados del sexenio.

El reportaje de Animal Político provocó un comunicado del Gobierno del Estado negando que existan tales irregularidades, pero sin ofrecer evidencias, una mera declaración de que todo está dentro de la legalidad, insuficiente para disipar las sospechas fundadas de peculado y enriquecimiento del gobernador Duarte y su camarilla adonde apunta el reportaje; apenas una más de las fuentes y modalidades del saqueo sexenal.

En vez de negar con generalidades y vaguedades para salir del paso, deberían abrir un link en sus páginas de transparencia, precisando cada una de las operaciones señaladas; la apertura de las empresas, la justificación de los contratos (hay fraccionamiento de montos para torcer la ley de adquisiciones), y precisar el destino de los bienes, la identificación plena de los beneficiarios. Es dinero público y están obligados a rendir cuentas (de su casa, ni a quien interese).

La tapadera adelantada que trató de hacer el diputado local Francisco Garrido, presidente de la Comisión de Vigilancia, invalida toda confiabilidad en que tendría una actitud imparcial y objetiva de exigencia de rendición de cuentas y transparencia.

El círculo vicioso de la corrupción y la tapadera en el actual gobierno no se romperá sino hasta que cambie la situación política. Es una demanda para el próximo gobernador del estado.

Este caso es de 645 millones de pesos; el saqueo es muchísimo mayor. Ya se verá.