Cumplen con su declaración patrimonial más de 5 mil servidores públicos

+ A las 24 horas del 31 de mayo venció el plazo y no habrá prórroga

Congreso

Boletín - 2016-05-31

En cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Congreso del Estado recibió cerca de 5 mil declaraciones patrimoniales, de servidores públicos de los 212 ayuntamientos, diputados locales y funcionarios del Poder Legislativo, así como de organismos autónomos.

En el corte a las 18:30 horas, el Secretario General del Estado, Francisco Portilla Bonilla, informó que había recibido 4 mil 700 declaraciones patrimoniales, lo que representa el 94 por ciento del total de servidores.

El funcionario reconoció el esfuerzo de los servidores públicos que de manera personal o vía electrónica hicieron llegar la información, dado que el término legal venció este 31 de mayo y no hay prórroga para quienes no respetaron los términos que establece la ley.

Portilla Bonilla informó que durante este último día, hubo gran afluencia de servidores públicos por lo que consideró que es mínimo el rezago: “la Secretaría General ha trabajado en esta última semana con horarios corridos para atender a todos los interesados”.

Confió en que todos los sujetos obligados informaron con veracidad de su situación patrimonial, dado que los nuevos lineamientos de trasparencia y rendición de cuentas así lo exigen y deben notificar a detalle si modificaron o incrementaron su patrimonio durante el periodo que se informa.

En el supuesto caso –explicó- de que algún servidor ocultara información, podría ser detectado si en el futuro tuviera algún problema de tipo fiscal, dado que su expediente de situación patrimonial será requerido y ahí aparecerá que hizo omisiones.

Precisó que cumplieron con su responsabilidad, además de diputados, titulares y mandos medios del Poder Legislativo, organismos autónomos del Estado como la Fiscalía General, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), el Organismo Público Local Electoral (OPLE), así como servidores públicos de las comisiones estatales de Derechos Humanos (CEDH); de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y 16 Organismos Operadores de Agua.

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