Respeta Congreso local el estado de derecho en nombramiento de fiscal anticorrupción

La LXIII Legislatura de Veracruz respeta el estado de derecho y el proceso para elegir y nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es en cumplimiento a la reforma constitucional federal de 2015 que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y obliga a los congresos locales realizar adecuaciones en esta materia, expresó la diputada Marcela Aguilera Landeta, presidenta de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia.

El Congreso de Veracruz está en tiempo para realizar la adecuación correspondiente –sostuvo la diputada- y conforme a la convocatoria pública el nuevo Fiscal Anticorrupción será aquella persona que, además de cumplir con los requisitos legales, sea honesta y con capacidad para desempeñar un buen trabajo, abundó.

No hay fundamento legal para que las diputadas y diputados de la actual Legislatura pospongan la elección y nombramiento del Fiscal Anticorrupción, advirtió la diputada. Los representantes populares deben actuar conforme a derecho y hacer el trabajo que les corresponde.

Del 18 al 22 de junio es la primera etapa del proceso para elegir al nuevo Fiscal. De 9:00 a 18:00 horas en la oficina del Palacio Legislativo estamos recibiendo la documentación de los aspirantes a ocupar el cargo para que a partir del 23 hacer la revisión correspondiente y deliberar para que sean las 50 diputadas y diputados quienes elijan al que consideren mejor para el cargo, dijo la representante del distrito de Tierra Blanca.

La comisión de Procuración de Justicia –instancia dictaminadora- revisará que la documentación contenga los requisitos que marca la ley que son: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener, cuando menos, 30 años cumplidos al día de su designación; contar con título de licenciado en Derecho, antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello, informó.

También está, agregó, no pertenecer al estado eclesiástico y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, lo inhabilitaría para el cargo, cualquiera que haya sido la causa.

Las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura realizaremos un proceso transparente y en apego a la convocatoria pública, porque se trata de dar cumplimiento a un mandato federal y sobre todo brindar respuesta a los veracruzanos, refirió, “descartamos tintes políticos o de otra índole”.