Sufren Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Sonora megasaqueos al erario

Los ex Gobernadores Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Guillermo Padrés reportaron anomalías financieras que derivaron en faltantes por 97 mil millones de pesos ante las auditorías durante sus gestiones.

Ese monto equivale al presupuesto otorgado a las Fuerzas Armadas durante 2016 para el combate al crimen y el auxilio a la población civil por emergencias naturales.

Las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina ejercieron este año 99 mil millones de pesos juntas.

Incluso, la cantidad de las anomalías rebasa lo otorgado este año a la Educación Media Superior de Calidad en todo el País, rubro al que se asignaron 83 mil millones de pesos a través de la SEP.

En octubre, la Contraloría de Sonora reportó irregularidades en la Administración del panista Guillermo Padrés por alrededor de 30 mil millones de pesos en todas las dependencias.

En Veracruz, el Gobierno que encabezó el priista Javier Duarte dejó un faltante de por lo menos 35 mil millones de pesos, de acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dado a conocer el 4 de noviembre.

Incluso, el auditor federal Juan Manuel Portal calificó como histórico el monto de la irregularidad y destacó que se han presentado 54 denuncias penales por anomalías detectadas en el ejercicio de los recursos públicos en Veracruz.

Respecto a Quintana Roo, el Gobernador priista Roberto Borge dejó las finanzas públicas a punto de la quiebra y entre acusaciones de corrupción.

"Hemos encontrado un endeudamiento muy importante que no tiene respaldo de obra de infraestructura de más de 22 mil millones de pesos", dijo hace una semana el actual Mandatario Carlos Joaquín.

Las anomalías podrían llegar a los 25 mil millones en cifras reales, incluyendo el débito "oculto".

Mientras que en Chihuahua, el actual Gobernador, Javier Corral, informó que su antecesor le dejó un faltante de 7 mil 207 millones de pesos, de acuerdo con auditorías e investigaciones del nuevo Gobierno.

A la par, César Duarte, heredó a los chihuahuenses una deuda de 55 mil millones de pesos, la más alta del País, afirmó Arturo Fuentes Vélez, Secretario de Hacienda estatal.

Plantean recuperar desvíos

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado impulsará una reforma para aplicar la extinción de domino a los bienes de los gobernadores corruptos, con la finalidad de reintegrarlos a las arcas de los estados defraudados.

Los recursos obtenidos por los decomisos al crimen organizado, indicó la senadora Pilar Ortega, son destinados a la prevención y tratamiento de adicciones, por estar relacionados con el narcotráfico y otros delitos como el secuestro y la trata de personas.

Sin embargo, consideró que es necesario establecer un destino claro para los bienes que son asegurados a los gobernadores y ex gobernadores acusados de actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

"Que exista la posibilidad de que esos bienes vayan a resarcir los daños causados a las entidades federativas por el desvío de recursos y el endeudamiento que se ha dejado en esos estados.

"Tenemos que ir por esos bienes para que sirvan para reparar el daño en esa sociedad y en esos gobiernos que han sido presa de la delincuencia", señaló la legisladora panista.

Consideró que así como la extinción de dominio vigente busca debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, es indispensable minar el poder económico de los funcionarios públicos corruptos para reparar el daño que causaron a la sociedad.

Recordó que en las recientes reformas para el combate a la corrupción se determinó que se podrán extinguir los bienes por ese tipo de delitos.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer sobre el aseguramiento de cinco empresas y cuatro propiedades del Gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, a quien --junto con su red de cómplices-- le fueron congeladas 112 cuentas bancarias.

Según la dependencia, se han asegurado dos inmuebles en la Ciudad de México, uno en la Colonia Lomas de Chapultepec y otro en Polanco, así como el rancho "Las Mesas", en Valle de Bravo, Estado de México.

Con la legislación vigente, le espera un largo camino a la extinción de dominio de esos bienes, presuntamente adquiridos o fondeados con recursos públicos de las arcas veracruzanas.

Por ello, Ortega planteó a las comisiones del Senado avanzar en la dictaminación de una reforma al artículo 22 de la Constitución en la que se establece, entre otras cosas, la imprescriptibilidad de estos delitos, para poder aplicar la extinción de dominio sobre los bienes.

La senadora también se pronunció por flexibilizar la aplicación de la extinción para que no quede atada a la causa penal.