Mantendremos proceso para poner en prisión a ex funcionarios ligados a Duarte: Nieto

Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), señaló que la libertad caucional concedida a tres ex funcionarios relacionados con el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, se debió a que los delitos electorales por los cuales fueron acusados no son considerados graves.

Asimismo, el titular de la Fepade destacó que este caso debe servir de ejemplo para llegar a una reforma constitucional que permita considerar algunos delitos electorales graves y por tanto no se pueda obtener el beneficio de la libertad caucional.

"Los delitos electorales no son delitos graves y esto es algo que debemos tomar con toda la seriedad.

"Creo que es muy importante que pueda servir de ejemplo para una reforma constitucional que permita que algunos delitos electorales como estos cometidos por servidores públicos, peculado electoral o condicionamiento de programas sociales, sean delitos graves y por tanto no se pueda obtener el beneficio de la libertad caucional", dijo en entrevista para el espacio de "Atando Cabos".

También, desde la Fepade se apelará para que estos tres sujetos pierdan sus derechos políticos electorales y se mantendrá el proceso en su contra con la finalidad de dictar una sentencia condenatoria en contra de estos ocho sujetos relacionados con Duarte.

Santiago Nieto detalló que en 2013 se presentó una denuncia en contra de ocho ex funcionarios, pero él la recibió en 2015; un trabajo que requería el análisis pericial de audios y videos que fueron encontrados por el partido político denunciante en donde se veía un grupo de funcionarios públicos, tanto federales como locales, realizando acciones para modificar padrones de beneficiarios de programas sociales e incluir gente cercana al partido del gobernador con licencia, Javier Duarte.

"Y que además de ello condicionaron los programas sociales a cambio del voto y estuvieron excluyendo de la entrega de los programas a personas que tenían derecho a ello.

"El asunto es que se trataba de una colaboración directa entre el partido político y los funcionarios locales y federales, todos cercanos a Duarte, inclusive dos de ellos secretarios de estado, uno presidente municipal, una actual regidora, entren otros funcionarios".

En 2015 se inició el proceso para mejorar y perfeccionar las pruebas, se desarrollaron los exámenes periciales, el cotejo de voz para determinar que efectivamente las personas físicas que aparecían en los videos eran los funcionarios públicos, se recabaron testimonios y se consignó ese mismo año, solicitando la orden de aprehensión ante un juez del estado de Veracruz.

Pero, se negó la orden de aprehensión, lo que orilló a desarrollar otro tipo de pruebas, se cumplieron los extremos del juzgador, permitiendo volver a consignar la investigación y se liberaran las órdenes de aprehensión correspondientes contra los ocho sujetos que condicionaron el voto y cometieron delitos electorales.

"En el caso específico de Veracruz fue, servidores públicos que utilizaron programas sociales, que no vieron a los ciudadanos como ciudadanos, como seres humanos con derechos, sino solamente como botín electoral".