#AsuntosPúblicos: ENDEUDAR POR 50 AÑOS

Se estaría por cumplir el vaticinio de Manlio Fabio Beltrones: “Yunes llegará a robar lo poco que quedó”.
El cuestionamiento inicial a la propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para reestructurar la deuda pública bancaria y bursátil del estado por 41 mil 5 29 millones de pesos a la que el Congreso local dio entrada ayer, atañe no sólo a los ciudadanos presentes sino a muchas generaciones de veracruzanos: ¿un gobierno electo para sólo 2 años como el que encabeza Yunes, respaldado por sólo un tercio de los electores, puede tener la autorización de diputados –electos también por 2 años– para hacer pagar la nueva deuda a la población del estado a largo de los próximos 50 años?

Enseguida habría que cuestionar si efectivamente se mejorarían las condiciones de la deuda, ya que la exposición de la reestructura no lo incluye, se limita a vaguedades del trillado discurso burocrático financiero, sin información específica que lo fundamente.

El tema del alargamiento del plazo no es un tema menor; como la misma iniciativa lo reconoce, el plazo promedio que falta para liquidar la deuda vigente es de 226 meses, es decir, casi 19 años, por lo que al recontratar la deuda y diferirla en el tiempo, aumentaría el periodo de pago en 31 años más. Literalmente patear el bote y ponerle la carga a las generaciones venideras.

Trata de envolver en un gran rollo: alude a la situación actual de la deuda y su emergencia, la limitación de recursos que impone su servicio y amortización, las sanciones pactadas por incumplimiento, el riesgo en que se encontraría el estado para prestar los servicios públicos y demás blablabla, para rematar con las vagas promesas de que obtendrán “mejores tasas y plazos”.

Como curiosidad de estilo se cuentan los puntos relativos a la consideración de la moratoria, suspensión de pagos o su repudio, que supuestamente le platearon al gobernador algunos diputados, a lo que él mismo –está loco pero no come lumbre– no accedió por las consecuencias que se ocasionarían, así que mejor va por lo suyo en el mayor endeudamiento en un plazo alargado.

Cheque en blanco

Tendrán que ponerle atención los diputados locales, porque el decreto propuesto por Yunes es un cheque en blanco. No ofrece ninguna información específica de las nuevas condiciones que se podrían obtener al sustituir los créditos vigentes, tampoco cálculos o proyecciones financieras que convencieran de que habría mejoría en tasas de interés, servicio de deuda o alguna ventaja en la prórroga de los plazos.

Las autorizaciones que pretende Yunes incluyen celebrar el número de operaciones que quieran, liquidar por anticipado los créditos y obligaciones a su criterio, modificar tasas, pagar penalizaciones (¿cómo saber que van a pagar correctamente?) pagar “todo lo que cueste contratar instituciones financieras y a cuantos proveedores de servicios especializados sean necesarios” (ahí tienen un filón de asignación de contratos y recibir “contraprestaciones”), también meten autorizaciones para crear los fideicomisos que sean, afectar las participaciones, o cualquier ingreso público. Y de remate quiere un crédito adicional por 471 millones de pesos.

El saldo de la deuda es por 41 mil 529.5 millones de pesos, repartidos en 21 operaciones, mientras que la autorización que solicita es por 42 mil millones de pesos, obviamente que le tocarían 471 millones extras.
Contra propuesta

La autorización de la reestructura de la deuda requiere ser aprobada por dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión que se trate –si están todos necesitan 34 votos de 50, que no lo tiene Yunes directamente con los diputados de su coalición PAN-PRD–. En este caso se verá cómo se mueven los intereses. Van por la tajada del león. Si hay una oposición responsable, no pasará la propuesta de Yunes.
En cambio puede rehacerse desde el Congreso un proyecto de reestructura de la deuda de manera participativa –que inviten expertos no partidistas– sobre todo con suficiente información financiera y de cálculo para tomar una decisión en favor de los intereses del estado, no de los intereses políticos y económicos personales de Miguel Ángel Yunes.

Narrazo

Ahora llegó de parte de José Narro, secretario de Salud del Gobierno Federal, el pisotón a la lengua de Yunes Linares por su arguende político del uso de “agua destilada” como quimioterapia a niños en tratamiento de cáncer, con el que acusó a sus enemigos de paja, los ex gobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte.

En su alocado afán de endilgarles las peores atrocidades, el gobernador Yunes ha tropezado con su desmesura verbal sin pruebas suficientes.

Ayer Narro, en una reunión en el Senado, dijo que “hasta este momento no han encontrado ninguna prueba contundente que afirme que algún menor murió por el presunto suministro de agua en lugar del tratamiento de quimioterapias durante las administraciones de Duarte y Herrera. En su declaración menciona que hay en Xalapa una brigada de 12 funcionarios de Salud y la Coprefis investigando el caso, el cual no han concluido.

Pierde Yunes en el Congreso

No consiguió los votos necesarios la iniciativa de Yunes para reducir el número de regidores en diversos ayuntamientos de la entidad.

Se exhibió la mala negociación de la coordinación del PAN y de la operación política del gobernador.

Necesita la propuesta de Yunes de mayoría calificada, 34 votos, y se quedó en 29; los que integraron entre el PAN y no todos los de su aliado el PRD, extrañamente se adhirió un grupo de Morena, pero se salieron del huacal los del PRI y los del grupo de los 5 independientes, quienes votaron en contra o se abstuvieron.
Esta votación es un signo de las alianzas frágiles y convenencieras, pero sobre todo de que el gobernador no tiene en la bolsa al Congreso.