+Columna de Eduardo Coronel Chiu, escrita en Diario AZ Xalapa y Veracruz
Zona Centro
Eduardo Coronel Chiu - 2017-02-15
Pese a la controversia que ha generado la iniciativa del gobernador Miguel Ángel Yunes para renegociar la deuda pública del estado, debido a la falta de transparencia y discrecionalidad de su propuesta, sus aliados en el Congreso intentan allanarle el camino de la aprobación.
Varios diputados locales dieron ayer señales en esa dirección; además circuló una versión del dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado que buscarían se aprobara en el periodo extraordinario convocado para el 28 de febrero.
Por disposición legal la contratación de créditos o reestructura de deuda requiere ser aprobada por dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente (34 de 50 si asisten todos los integrantes). Las arrugas y resistencia legislativa observada tras la primera embestida, a finales de enero, cuando pretendieron la aprobación fast track, va quedando planchada.
Viene, viene…
Ya les están llegando al precio. El diputado Sergio Rodríguez, del PRD, quien preside la Comisión de Hacienda del Estado, a la que le corresponde elaborar el dictamen, ya modificó su actitud inicial de renuencia. Ahora volvió a actuar como representante del menor de los partidos que postularon a Yunes, los 2 de origen a su servicio. Pese a que se amarró el dedo en que no darían un cheque en blanco a Yunes, adelantó en conferencia de prensa su respaldo a la reestructura de deuda, aunque con algunos ajustes, entre otros, de procedimiento y cierto tope al costo de los servicios de la contratación, elementos que aparecen en el dictamen de la comisión que preside.
El coordinador del grupo legislativo del PAN, Sergio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, por su parte, aseguró que ya había consensos en su espacio donde acuerdan los coordinadores de los grupos legislativos, y también dictamen; que la reestructura va a pasar.
El PRI, como se sabe ya entregado, igual se observa arreglado. Con la guardia baja, el diputado Juan Nicolás Callejas, coordinador de los náufragos priistas aventureros, está dado: “Nosotros estamos a favor de la reestructura para darle viabilidad al estado, y los único que pedimos es claridad en la liquidez que tendrá el Gobierno del Estado”.
Si se hace el recuento de votos por bancada, en el supuesto muy probable de que su voto sea uniforme, entre PAN (16) y PRD (5) hacen 21 votos; la inclinación del PRI (de la cerviz) es decisiva, con sus 9 votos el bloque alcanza 30, les restarían sólo 4, muy accesibles.
No hubo pronunciamiento del grupo de los 5 diputados (Juntos por Veracruz), pero seguro irán a la cargada; lo mismo que el par que quedó de independientes, Gerardo Buganza y Sebastián Reyes, desertor de Morena.
La única oposición
Ayer Morena se mantenía aún en posición crítica. Pese a que sus 13 diputados no podrían contener la cargada, su coordinador, el diputado Amado Cruz Malpica, sigue sin aceptar la versión tremendista de Yunes de que el estado está por colapsar si no se reestructura de inmediato la deuda. El riesgo de parálisis financiera, dice, se tiene que comprobar con estadísticas y contratos, además que rechaza los calificativos que les dio el gobernador Yunes de torpes a los diputados que no le han aprobado el nuevo endeudamiento.
El dictamen
El borrador planchado del dictamen aprobatorio contiene al menos tres modificaciones significativas, una de procedimiento y otra de temporalidad y la tercera el tope al costo de los servicios.
En cuanto el procedimiento plantean dos etapas, en la primera autorizan al gobernador a que negocie créditos hasta por 42 mil millones de pesos en diversas modalidades para sustituir la deuda existente de 41 mil 529 millones de pesos (no le conceden importancia a la diferencia de casi 500 millones adicionales para endeudamiento, sin que explique la razón, o si este es el costo que le conceden a la negociación).
En la segunda se especifica que los acuerdos a que hubiera llegado el Ejecutivo para sustituir la deuda tendrían que pasar a la aprobación del Congreso.
Por otro lado, se reduce de 50 a 30 años el plazo máximo de contratación de la deuda y se pone un límite de 2.5% los gastos y costos asociados a la contratación, que no es una cifra tan pequeña, si se recontratan 42 mil millones de pesos, el pago de servicios de su tramitación sería de más de mil millones de pesos. ¡Ahí nos llevan!
Aunque digan que ya la tienen, el nuevo endeudamiento del estado todavía dará mucho de qué hablar.
