Era el 21 de septiembre del 2011. Ese día a unos metros de la Plaza de las Américas se realizaría en Boca del Río, en Veracruz, la reunión nacional de procuradores de justicia. En un paso a desnivel, en pleno día, en la zona más céntrica de la ciudad, fue abandonadas un par de camionetas. En su interior había 35 cadáveres, la mayoría jóvenes, 23 hombres y 12 mujeres. Se dijo que tenían antecedentes penales y que colaboraban con el narcotráfico. Un toque extraño acompañó la identificación de los cuerpos, entre ellos se encontraba el de Brigeth, una joven transexual, la más famosa de Veracruz, que nada tenía que ver con el narcotráfico, pero su cuerpo aparecía cuando se estaba produciendo una fuerte campaña de persecución contra los homosexuales en el puerto.
Apenas unos días antes del hallazgo de los cuerpos se había informado del inicio de un operativo de la Marina para controlar la inseguridad, poco después de que aparecieran videos de un grupo que se denominaba Mata Zetas y que prometía exterminar a los miembros de esa organización criminal. Ahora sabemos que esos Mata Zetas eran en realidad gente del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El gobernador Javier Duarte aseguraba en aquellos días que derrotaría con facilidad a los Zetas. Nos había dicho a un grupo de reporteros, poco después de iniciar su mandato, que los Zetas “le hacían los mandados”, que no serían un problema en el estado. No le hicieron los mandados: se adueñaron de buena parte de Veracruz y la violencia alcanzó niveles inéditos, mientras otros cárteles intentaban desplazarlos y las fuerzas policiales locales demostraron estar profundamente contaminadas. Los 35 cadáveres en Boca del Río fueron el puntapié inicial de un juego que, todavía cambio de gobierno incluido, no acaba.
Ayer aparecieron en una camioneta, también en Boca del Río, 11 cadáveres, nueve hombres y dos mujeres. No fue en la Plaza de las Américas sino en una colonia popular. Era el mismo día en que llegaba la Gendarmería a tratar de recuperar la seguridad en el estado. El mensaje del 2011 y el de ayer parecen ser el mismo, más allá de quien gobierne el estado de Veracruz: “Desde este momento comienza la guerra, guerra quieren, guerra tendrán, quieren tener todo el poder para meter a su gente, pero aquí nos morimos todos”, decía la manta colocada junto a los cuerpos. Cambió el gobierno local, pero los grupos criminales siguen teniendo amplio control de buena parte del territorio del estado y se lo disputan. Quizás, ya no son los grupos homogéneos de hace seis años, pero siguen siendo bandas que están asolando los territorios que controlan y que no han podido, o no se ha querido, ser desmanteladas por las fuerzas de seguridad estatales.
Ayer, para atestiguar el ingreso de la Gendarmería, estuvo en Veracruz, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. “Tenemos el mapa delictivo, aseguró, tenemos los objetivos, tenemos, incluso, las circunstancias de las ejecuciones que se han dado y algunos están en investigación; si no tuviéramos un diagnóstico completo, no podríamos avanzar en los objetivos”. Anunció el despliegue en nueve municipios: Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco, Fortín, Córdoba, Amatlán y Cuitláhuac, así como Yanga y Omelaca. La zona conurbada de Veracruz y Boca del Río queda bajo control de elementos de la Marina de México.
Dijo que el compromiso con el gobierno de Veracruz es que gendarmes, soldados y marinos se queden a atacar la delincuencia organizada, en tanto se forman corporaciones policiacas confiables, lo que implica, necesariamente un compromiso de largo plazo. Yunes Linares dijo que hay cosas que se ven, como el despliegue militar y policial y cosas que no se ven: “Tareas de inteligencia, como dijo el secretario de Gobernación, porque sabemos quiénes son, dónde están y vamos por ellos”.
Esperemos que así sea. Porque según el Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo en enero hubo 102 ejecuciones en el estado. La mayoría se dieron en Córdoba, Orizaba y toda la zona centro del estado. La disputa por Veracruz, vuelve a comenzar.
Por cierto, ojalá que también Osorio Chong haya logrado ayer, en la reunión con los coordinadores parlamentarios, convencer a los legisladores de la importancia de sacar de una vez por todas las leyes de seguridad interior y de mando policial. Como se comprobó ahora en Veracruz, los estados no están en condiciones de garantizar una policía eficiente y en el mejor de los casos esperan construirla en el futuro.
En Veracruz, una vez más, hubo que desplegar gendarmes, marinos y soldados y ellos siguen sin tener protección jurídica adecuada. Los gobernadores, del partido que sea, siguen pidiendo esa intervención en sus entidades y sus partidos siguen sin responder, sin otorgar instrumentos jurídicos sólidos, que protejan a soldados y marinos y que además obliguen a los estados a construir sus nuevas fuerzas policiales. Los únicos que se benefician de ello son los criminales.
