Escándalo en Veracruz por adjudicación en sector salud

La adjudicación directa, sin mediar licitación, de los servicios de hemodiálisis a Esteri Nova Puebla, una filial de la empresa Finamed, acusada de participar en “los supuestos fraudes millonarios” de Fidel Herrera y Javier Duarte, constituye “una marranada” del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares hacia la protección de la salud del pueblo de Veracruz, aseguró Alejandro Cossío Hernández, director general de la firma Imhotep Asesores y Comercializadores SA de CV.

Cossío Hernández acusó a Yunes Linares de haber violado la Ley de Adquisiciones y, sobre todo, de pactar con las “mafias que él mismo señaló” de haber desviado recursos de salud en administraciones pasadas, con la otorgación directa de contratos a empresas que carecen de infraestructura, equipo y médicos para atender a 455 pacientes, que reciben, en conjunto, alrededor de 54 mil 600 sesiones de hemodiálisis al año.

Si bien, aclaró, el gobierno de Veracruz tiene todo el derecho de cambiar de proveedor, en este caso, del servicio otorgado por Grupo NRA durante 18 meses en siete clínicas que “nosotros equipamos”, resulta “una incongruencia” que un comité de funcionarios haya asignado contratos a una empresa que desde el 1 de marzo se dio a la tarea de trasladar en camiones a los pacientes para que fueran atendidos en hospitales privados.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Inmuebles de Veracruz, en su artículo 55 establece que se pueden celebrar contrataciones de adjudicación directa, previa autorización del subcomité, siempre y cuando haya situaciones de excepciones, entre ellas desastres naturales.

“Un servicio de hemodiálisis no entra en esas excepciones para celebrar contratos de adjudicación directa”, dijo tras referir que el comité violó también la ley al no convocar a las cámaras empresariales.

“Yunes Linares se la pasa exigiendo justicia, pidiendo transparencia, señalando actos de corrupción y a los delincuentes, pero en su gobierno no hay un solo proceso de licitación. No adjudican de acuerdo con la ley y de frente a la sociedad, cuando se ha dado los fraudes más grandes de la historia y, por el contrario, nos está saliendo con este tipo de marranadas”.

Se solicitó al gobierno de Veracruz fijar postura y el área de comunicación social respondió que “Alejandro Cossío Hernández, sin serlo, se ostenta como representante de NRA. Los dichos de este señor son falsos, incluso Grupo NRA, a través de una carta, ofreció una disculpa al gobierno de Veracruz y negó que Cossío Hernández sea dueño, socio o representante legal de la empresa”.

El empresario reconoció que Grupo NRA emitió esa carta con dicho contenido donde se omitió la línea en la que se aclara que “la relación que se tiene con él es netamente empresarial”, y con ello, dijo, se deja en claro que participó en la instalación de las clínicas, en surtir insumos, medicamentos y contratar enfermeras y médicos.

“Estoy también denunciando en mi calidad de ciudadano”, dijo tras referir que las autoridades de Veracruz han tomado revancha porque les exigió el pago de 51.6 millones de pesos por los servicios de hemodiálisis, 37 millones de la actual administración —del 1 de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017— y 14 millones de los últimos meses de Javier Duarte.

Asimismo, también porque “puse al descubierto” que además de hemodiálisis se dieron adjudicaciones directas en los servicios de laboratorios clínicos, banco de sangre e insumos utilizados en hospitales, por un monto de 2 mil millones de pesos.

“Hace 18 meses, cuando ganamos la licitación, nos encontramos con un verdadero fraude: los servicios de hemodiálisis no existían y cada mes el gobierno gastaba más de 11 millones de pesos en pagar clínicas y aparatos inexistentes.

“Ante esa circunstancia, construimos en menos de un mes siete clínicas, una de ellas en Tierra Blanca, donde está el mayor número de enfermos y muertes a escala mundial por los problemas de contaminación en el agua. Son los mismos enfermos que ahora trasladan durante dos horas en camión a Xalapa”, dijo.

Cossío Hernández informó que ya solicitó al Congreso estatal llamar a cuentas al secretario de Salud, Arturo Irán Suárez, además, acudirá a la Auditoría Superior de la Federación para que se revisen los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

También acudirá a la Cofepris para que revisen la atención otorgada a los pacientes, e interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Veracruz para exigir el pago de 51.6 millones de pesos porque, aunque 14 millones corresponden a Duarte, el convenio se firmó con una institución, no con un gobierno.

Asimismo, envió cartas a los coordinadores legislativos de PRI, PAN y Morena para que el caso sea llevado a la tribuna del Congreso de Veracruz.