Congreso local giró documento al gobierno de Veracruz por caso CIVSA

El representante de los obreros despedidos de 1991 de la Compañía Industrial Veracruzana (CIVSA), Hipólito Flores Alonso dio a conocer durante la asamblea pública realizada el domingo 12 de marzo del 2017 en el salón de los Jubilados y Pensionados "Santa rosa" que el Congreso local giró documentación al gobierno del estado de Veracruz solicitando la instalación de una mesa de diálogo para resolver su conflicto que cumplirá 26 años.



"Ya tenemos firmado en la Cámara de diputados el acuerdo al que se llevó, donde estamos pidiendo que se abra una mesa de diálogo el cual lo firmaron; por otro lado le acabamos de girar otra documento a Miguel Ángel Yunes Linares, donde por medio de nuestra abogada María Luisa Campos Aragón se le solicita su intervención. Otro documento que se giró a Navarrete Prida para darle solución a este problema", detalló.



Destacó que de 600 obreros que comenzaron solo 187 continúan la lucha, los cuales son propietarios de la CIVSA mediante adjudicación, y que nuevamente hay gente interesada en querer invertir en ella así como en su momento los antiguos propietarios de la compañía, los señores del Valle, hicieran su ofrecimiento que no les convenció. "Estamos esperando que en la mesa de diálogo, probables inversionistas puedan hacer un ofrecimiento que la gente pueda considerar", agregó.



Flores Alonso dijo además que la reunión efectuada el lunes pasado en Xalapa a la que acudieron los otros grupos, incluyendo una representación no autorizada en asamblea de los despedidos de 1991 fue una farsa política en donde el secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán solo acudió a tomarse la foto pues del supuesto acuerdo al que llegaron no se ha revelado nada.



Apuntó que la mesa diálogo incluiría además al titular de la Junta federal de Conciliación y Arbitraje, Jorge Alberto Zorrilla Rodríguez; la secretaria de Trabajo en Veracruz, Silvia Edith Mota Herrera; y al alcalde Reene Huerta Rodríguez; además de que esperan la intervención del gobierno estatal para promover la venta de la empresa y así lograr el pago de los salarios caídos de sus representados.