#AsuntosPúblicos: VERACRUZ CLANDESTINO: EL FOSARIO

+ Columna de Eduardo Coronel Chiu, escrita en Diario AZ Xalapa y Veracruz

Zona Centro

Eduardo Coronel Chiu - 2017-03-23

La detección reciente de fosas clandestinas en el poblado Arbolillo, municipio de Alvarado, donde se han registrado 47 cráneos, sumado al hallazgo de Colinas de Santa Fé (uno de mayores sitios de inhumaciones ilegales, se habla de 75 fosas y cerca de 250 cuerpos), éste localizado por una agrupación de madres de personas desaparecidas (colectivo El solecito), volvió a darle visibilidad al tema en la opinión pública, incluso a nivel internacional.

Es un drama humano indignante de corrupción y delincuencia, falta de justicia e impunidad que enlaza diversos involucrados; las actividades criminales de delincuencia organizada, homicidas que pretendieron eliminar las evidencias con la inhumación clandestina, la pérdida de la vida para las víctimas, la pena de los familiares o la angustia de la búsqueda, pero también la presunción de las complicidades de las autoridades o su participación directa, puesto que esas prácticas delictivas en forma masiva no serían posibles sin que la autoridad las detecte, además de la impunidad en la procuración de justicia.

Ya no faltaban elementos negativos a la vida pública de Veracruz; y se acumulan las fosas clandestinas, el número de cuerpos o piezas humanas halladas y los reclamos de información y justicia de los familiares de desaparecidos.

¿Cuántas fosas son? Hay versiones de que hay 43 sitios en el estado, además de los puntos hoy más famosos, Colinas de Santa Fe y Arbolillo en Alvarado.

Pero el padre Alejandro Solalinde, de la pastoral de Migrantes, un defensor de derechos humanos, dijo ayer que lo encontrado hasta ahora no es nada comparado con lo que se sabe hay en otros sitios del estado, por ello, Veracruz es una gran fosa, es un fosario.

La tarea pendiente

A lo espectacular de los hallazgos, impulsado entre otros por el morbo de lo necrótico y la oportunidad no desaprovechada del golpeteo político a los gobiernos precedentes, sigue el engorroso trance para el actual gobierno de Miguel Ángel Yunes y su fiscal Jorge Winckler de dar respuestas institucionales, como se lo exigen los familiares de los desaparecidos.

La salida no está fácil y como en otros asuntos del estado, se ven congestionados. Las denuncias de desaparecidos suman varios miles y según dicen empiezan, si no de cero, de muy poco, sin bases de datos de ADN –acusan al anterior fiscal de simular las tomas y no almacenarlas–, tienen por delante un enorme trabajo de técnica forense para la extracción de los cuerpos y su identificación, sin los recursos económicos y científicos suficientes, aunque gestionan apoyos federales, entre otros de la Secretaría de Gobernación, por medio del subsecretario para Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián.

Esto aparte de que deben integrar las investigaciones ministeriales para determinar responsables de los delitos de homicidio e inhumación ilegal y las complicidades policiacas o gubernamentales. Va para largo.

Sí pagará Yunes a medios de comunicación (a los suyos)

La Chimoltrufia –como digo una cosa digo la otra– no lo haría mejor, sabemos que no es el único caso de contradicción, baste el de “no endeudaré al estado, no voy a pedir créditos”, con los que ya lleva, 4 mil 400 millones en diciembre más la reestructura por 46 mil millones de pesos que viene.

Hace unos días en una reunión con los empresarios de Coparmex se llenó la boca diciendo que en el presupuesto de su gobierno “no hay un solo centavo para pagarle a los medios de comunicación”, que estos al ser “empresas privadas tendrán que vivir de sus ingresos”, y por su supuesto volvió a pontificar de su pureza y la perversión de su antecesor Javier Duarte.

Pero ya creyó encontrarle la vuelta para pagar con el dinero público a los medios que estén de su lado. Uno de sus decretos “juaristas”, el que establece el Programa de reducción del gasto para el rescate financiero, desliza la facultad del gasto revolviéndola con criterios para la selección de los medios “objetivos e imparciales”, blababla, que no son más que políticas de aplicación centralizada en la Coordinación de Comunicación Social, discrecional al fin de cuentas en la selección, aunque la acompañen de adorno con supuestas garantías de transparencia, la decisión quedará en esa dependencia.

Usarán servicios pagados de radio, televisión, prensa, medios digitales y “distintos medios complementarios”.

Poco limita el favorecimiento de la imagen del gobernador Yunes que se disponga que no habrá erogaciones por notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos; cualquiera entiende que aquellas, aunque no las pague directamente, las compensará con la asignación para campañas de comunicación social o de promoción y publicidad, o publicaciones vinculadas con las funciones de las dependencias y entidades. Se cree muy listo ¿no? Ya se le sacará su cuenta de gastos de comunicación social y sus favorecidos con “criterios objetivos e imparciales”.

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