+ Columna de Eduardo Coronel Chiu, escrita en Diario AZ Xalapa y Veracruz
Zona Centro
Eduardo Coronel Chiu - 2017-03-29
En el juego del toma todo que más le complace, esta vez el gobernador Miguel Ángel Yunes se apropia de las fichas presupuestadas a los organismos públicos descentralizados (OPD’s) –salvo el IPE– y dispone se centralicen en la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefiplan), su caja personal directa.
Mediante el parco decreto que entró en vigor ayer, absorbe más de 10 mil millones de pesos previstos para ejercerse este año; de los 29 organismos con asignación presupuestal únicamente excluyó de este esquema al Instituto de Pensiones del Estado (IPE); el resto a ver cómo les va, ahora que dejarán de administrar sus recursos, incluyendo los ingresos que reciban por otras vías y estarán a lo que les quiera dar para el gasto la Sefiplan.
Sin precedentes en la administración del estado, el gobierno de Yunes abusa de una medida prevista para aplicarse como excepción en el código de la materia, de manera aislada y parcial, no general como lo dispuso. Dice el Código Financiero en su artículo 188: “El gobernador podrá disponer que los fondos o pagos de alguna dependencia o entidad –ojo, dice alguna, ni siquiera usa el plural algunas– sean manejados temporal o permanentemente de manera centralizada en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Des (centralizados)
Si por definición los organismos públicos descentralizados (OPD’s) tienen una personalidad jurídica y patrimonio propio además de autonomía de gestión para cumplir con su objetivo institucional, retirarles de un plumazo su facultad de administrarse rompe con su naturaleza.
En vez de realizar un análisis de cada uno de ellos –un grupo tienen funciones afines, como los tecnológicos, pero hay otros muy distintos, está el DIF, el Instituto de la Vivienda, la CAEV, Radio y Televisión, etc.–, debieron plantear alternativas de administración, en vez de tomar medidas exageradas con un objetivo claro de acaparar la bolsa, más que de racionalidad o reingeniería administrativa.
Aparte de la falta de certidumbre en que podrán alcanzar sus objetivos sujetados a la caja de Tula, el cambio afectará otros tramos de sus organizaciones. Uno inmediato es ¿qué van a hacer con el personal administrativo de los 28 organismos que reducirán enormemente sus cargas de trabajo?, ¿los van a despedir o los desplazarán a la Sefiplan, donde se concentrará la administración?
Nada parece importar más que retener centralmente el dinero.
¿Y los ajustes, para cuándo?
Están por vencer los 90 días concedidos por el Congreso del Estado al gobierno de Yunes cuando le aprobaron la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2017.
En uno de los capítulos (entonces empezaba) del tremendismo financiero que escenificó desde su llegada para forzar medidas de emergencia y de excepción, Yunes convino con los diputados locales que se aprobara sin cambios los proyectos financieros –ingreso-gasto 2017– enviados por el gobierno anterior con el compromiso contenido en artículos transitorios de que en tres meses presentaría al Congreso propuestas realistas.
El tiempo se acaba, el límite sería el sábado primero de abril, considerando que el decreto financiero entró en vigor el 1 de enero pasado.
Las dependencias del Poder Ejecutivo y los órganos autónomos comparecieron ante comisiones del Congreso para ajustar o justificar su presupuesto, ahora tendrá que llegar el resultado prometido; establecer los pronosticos realistas de ingresos y la nueva distribución del gasto para “subsanar el deficit presupuestal” que propalaron en su apocalipsis, que era de 20 mil millones de pesos. A ver qué medidas concretas, preventivas, correctivas y medibles presentan para avanzar hacia un balance presupuestal. El plazo se acabó. A ver con qué salen.
Al límite, sin entregar la Cuenta Pública de 2016
Por cierto, otro plazo por vencer para el gobierno de Yunes es la entrega de cuenta pública de 2016 al Congreso del Estado. Debe hacerlo a más tardar el próximo viernes. Aunque 11 meses son del anterior gobierno (9 meses y medio del prófugo Javier Duarte y mes y medio del Flavinato –quien como la maestra tiene el hospital como prisión–), el mes de diciembre es completo de Yunes. Un mes en que le metieron mucha caña, directamente el credito por 4 mil 400 millones de pesos, más los anticipos en participaciones; además del maquillaje a las cuentas, la falsificación contable para las apariencias con las calificadoras y la reestructura de la deuda.
Julen, el volador
Como se siente ahora “político de altos vuelos”, el panista Julen Rementería se fue en helicóptero oficial al norte del estado, pero a su arribo a Álamo el secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del gobierno de Yunes fue cachado con grupos políticos de su partido, el alcalde y el candidato a la Presidencia Municipal. Mera coincidencia, dice Julen, una vez que circularon las imágenes y los señalamientos de hacer proselitismo electoral con recursos públicos. Sí hubo cambio con el nuevo gobierno, pero sólo de camiseta.