Armando Arrieta Granados, el ataque a su vida y los comicios que vienen

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La del martes 28 de marzo del 2017 fue una jornada aciaga para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en México.
El periodista Julio Omar Gómez fue atacado a balazos en su domicilio de Cabo San Lucas, en Baja California.
En el ataque perdió la vida un guardia asignado por las autoridades ante ataques previos al comunicador que precisamente por éstos dejó de escribir.
Es decir sus atacantes ya habían logrado silenciarlo pero su pretensión es más ambiciosa: lo quieren desaparecer de la faz terrestre.
La vida del defensor del periodista es tan valiosa como la de cualquier ser humano y duele, lastima, hiere, llama a exigir justicia ante un Estado que luce rebasado para garantizarla.
El mismo martes el sacerdote Alejandro Solalinde recibió una amenaza de muerte.
Dada su labor pastoral por los débiles y desprotegidos; debido a su discurso de combate contra el crimen organizado de cuello blanco y el que opera en las catacumbas sociales y del poder, el candidato a Premio Nobel de la Paz ha sido amenazado otras veces y su respuesta siempre consiste en seguir adelante.
Solalinde es un hombre en paz con su compromiso existencial y preparado para morir se lee al haberlo tratado, haber intercambiado palabras con él y seguir de cerca su trabajo en el México convulso de nuestros días.
Al mismo tiempo la garantía de su vida, de sus derechos humanos, del respeto a su labor política es una bandera que resulta exigencia obligada y de nuevo es lamentable que no aparezca un Estado capaz de cumplir con dicha tarea.
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La madrugada de ayer, en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, sicarios han atacado al segundo periodista en los primeros 119 días de gobierno de Miguel Angel Yunes Linares.
Armando Arrieta Granados, jefe de redacción del diario La Opinión -el de mayor historia y circulación en las regiones centro-norte y norte de Veracruz- fue baleado al llegar a su domicilio tras el cierre de edición.
Arrieta Granados recibió un balazo en el cuello que afectó la arteria carótida y otro en un pulmón.
El IMSS pozarricense no cuenta con las herramientas suficientes para atender un caso de su dimensión y fue trasladado al puerto de Veracruz donde se le intervino quirúrgicamente para salvarle la vida.
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El pasado 19 de marzo, en Yanga, Veracruz, murió atacado a tiros y frente a su esposa el columnista Ricardo Monlui Cabrera.
En su caso los asesinos fueron fríos y trágicamente eficaces. Ricardo murió en el lugar mismo de la agresión: frente al restaurante del que salía.
De los cuatro ataques a periodistas en lo que va del 2017 en México: dos han ocurrido en Veracruz y hay elementos –afortunadamente- para pensar que la vida de Armando Arrieta Granados será puesta a salvo por la calidad de atención médica puesta a su servicio de inmediato.
El 23 de marzo fue asesinada la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach Valducea, de cuya muerte se responsabiliza al crimen organizado que denunció durante su ejercicio periodístico.
En Veracruz la delincuencia está ligada al sector político; lo ha estado a lo largo de la historia.
Es una línea temporal que corre paralela a la del matrimonio entre mafia y Estado en amplias regiones del país durante el siglo XX y lo que va del XXI.
La muerte o el ataque a un periodista conduce automáticamente a esa hipótesis: la de la actuación del crimen organizado desde el Estado y las catacumbas, que a menudo son una y la misma cosa.
Hay otras presunciones y otras historias; es innegable que han ocurrido asesinatos, desapariciones u ofensivas contra periodistas por razones distintas.
En la inmensa mayoría de los casos, empero, al periodista lo matan por ser periodista o -en parte- por ser alguien que divulga hechos que otros prefieren ocultar.
La vinculación entre el reportero (a) y su victimario puede jugar un papel esencial en la trama pero el ataque violento y mortal a quien ejerce la libertad de expresión está allí y convive junto a un Estado descompuesto, fallido, incapaz de garantizar los derechos de un gremio frágil, lacerado, herido y que en la inmensa mayoría de sus acciones actúa dentro de un Estado de Derecho.
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Cecilio Pineda Brito fue asesinado el día tres de este marzo periodísticamente mortal.
Reportero en la tierra caliente de Guerrero, Cecilio cubría una de las más secciones más peligrosas del oficio: la de noticias policiacas.
La otra, es la sección política.
La primera implica trabajar con gente que se identifica claramente como un mafioso.
La segunda conduce al trabajo con alacranes y serpientes disfrazados de servidores públicos y capaces de matar para la obtención de sus objetivos.
Con Pineda Brito abrió y con Arrieta Granados esperemos que cierre marzo, el mes que gimió la bestia.

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El 8 de abril del 2015 murió asesinado a balazos Raúl Gibb Guerrero, propietario y director de La Opinión.
A diez días de arribar al doceavo aniversario luctuoso de Gibb Guerrero el medio de comunicación de su familia ha recibido un nuevo ataque en la persona de su jefe de redacción.
Aquel 8 de abril La Opinión abrió oficinas de su empresa en Martínez de la Torre, en la zona de Nautla, Veracruz, siempre peligrosa por ser área clave en el tráfico de drogas y –otra vez el nexo- porque personajes nativos de allí han jugado históricamente el juego de la doble cara: operar para la delincuencia organizada y ocupar cargos públicos o tener cómplices en ese ámbito.

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Ayer fue detenido Mauricio Audirac Murillo, ex Secretario de Finanzas en el sexenio del prófugo Javier Duarte de Ochoa.
En términos políticos, la captura de Audirac Murillo representa un golpe severo más de la administración de Yunes Linares a los delincuentes que gobernaron Veracruz durante la docena trágica de Fidel Herrera y el referido Duarte de Ochoa.
Mauricio Audirac llegará a la cárcel junto al ex Secretario de Seguridad Arturo Bermúdez y el ex gobernador interino Flavino Ríos Alvarado –hospitalizado igual que César del Angel Fuentes, líder del Movimiento de los 400 Pueblos-.
Empero, desde el punto de vista político/mediático el ataque al periodista de Poza Rica robará espacio editorial a la detención de Audirac.
Desde Claroscuros he planteado la idea de que la elección del próximo 4 de junio para relevar a 212 alcaldes e iniciar los preparativos de la sucesión de gobernador en el 2018, se conecta con los hechos de inseguridad a la alza en Veracruz.
Política, violencia, asesinatos, guerra entre grupos de poder electorales ligada a la lucha entre cárteles de la droga son elementos que corren juntos una carrera trágica en el Veracruz actual y -desde luego- en el México de las Reformas Estructurales.
De modo tal que la tragedia cuenta con elementos para continuar.
¿El objetivo fue echar a perder la fiesta de Miguel Angel Yunes Linares?