#AsuntosPúblicos: QUE YUNES HAGA SU TAREA EN SEGURIDAD

No son pocos los que piensan que Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador de Veracruz debería de ocuparse de hacer su tarea –incumplida hasta ahora– para contener la violencia criminal desatada en los últimos meses en el estado. En vez de usar como distractor el tema de moda en la agenda política mediática, la captura-entrega pactada del ex gobernador Javier Duarte, un logro ajeno, en su caso del Gobierno Federal en cooperación con su homólogo de Guatemala, país de donde será extraditado, no del gobierno de Yunes, como mañosamente ha propalado para engañar a los incautos en la opinión pública.

Pero la realidad del desbordamiento de secuestros, ejecuciones y robos en el periodo que lleva Yunes de gobernador son imposibles de tapar, como quisiera, por una noticia del espectáculo político con su propio ciclo efímero, en la que además, como es su costumbre, Yunes se sobreactúa, atribuyéndose un mérito que legítimamente no le corresponde. Aunque el proceso a Duarte alimente el sentido de venganza colectiva, el morbo de la caída del villano, la propaganda y el golpeteo político electoral, su efecto es intangible, no frena la violencia en la calle y la percepción generalizada de inseguridad. Los enfrentamientos mafiosos, las ejecuciones, signos de la pelea por la plaza, los combates entre fuerza pública y delincuentes, así como los ataques a civiles. Son el cuadro de terror que Yunes no consigue detener.

Recuerdan el estado fallido de Yunes

El recordatorio del fracaso del gobierno de Yunes en su política de seguridad, además de estar en las noticias cotidianas, publicadas o transmitidas, ayer se ventiló en el Senado de la República. El grupo legislativo del PRI en el Senado, mayoritario entre las fuerzas partidistas, con 55 senadores, en el que participan los veracruzanos Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, presentaron al pleno un punto de acuerdo sobre la delicada situación de la inseguridad en el estado de Veracruz. En las consideraciones exponen los datos del incremento delictivo en homicidios y secuestros (diciembre-febrero), con ejemplificación de casos sonados, tendencia a la alza en los meses siguientes, como se ha observado, contrastan las ofertas de campaña del actual gobernador y la carencia de estrategias y programas en materia de seguridad pública, y en el punto de acuerdo exhortan al gobernador Yunes a que garantice un clima de paz social y protección a la población e informe a detalle la estrategia (si tiene alguna) implementada y sus avances.

Lo cierto es que una vez que fue rebasado por la criminalidad el gobierno de Yunes se refugió en el Gobierno Federal; los operativos de vigilancia, defensa y persecución descansan prácticamente en la fuerza pública del Gobierno Federal, la Marina Armada de México, el Ejército y la Policía Militar y la Gendarmería Nacional. ¿Entonces qué hace el gobierno de Yunes por la seguridad pública?

No pudo con Duarte, ¿y los Macías?

El Gobierno Federal desplazó a Miguel Ángel Yunes de la persecución penal al ex gobernador Javier Duarte. Sobran conjeturas sobre los móviles de esa exclusión, son bastante conocidas, basta ahora el hecho de que el Gobierno Federal monopolizó las acciones penales en contra de Duarte y las ejerció por delincuencia organizada y lavado de dinero, concretamente en las operaciones para obtener dinero del Gobierno del Estado, una suma de 345 millones de pesos, triangular en empresas fantasmas y adquirir finalmente a través de prestanombres el rancho en Valle de Bravo con un valor de 243 millones de pesos. Debido al blindaje de la extradición Javier Duarte sólo podrá ser juzgado por esos hechos. Una burla. Si lo hubieran capturado en el territorio nacional no habría ninguna limitación para imputarle todo, pero la extradición, como lo hemos comentado, en virtud del Principio de especialidad contenido en el tratado con Guatemala, implica que al entregarlo a México sólo podrían juzgarlo por los hechos y delitos referidos en la solicitud de extradición.

No podrá Yunes (a través de su fiscal Winckler) imputarle penalmente nada a Javier Duarte. Pero sí podría ir por los demás de la banda, por los principales, los que andan fuera y gozan de fuero, y especialmente por la familia Duarte de Ochoa y Macías Tubilla, redes de corrupción muy identificadas. Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, fue soslayada por la PGR, lo que sugiere el pacto de entrega, pese a todas las evidencias de que ella estaba al tanto de los negocios turbios a partir del dinero público. La omisión de Yunes a Karime, a quien exhibió en el show de la bodega encontrada en Córdoba con los souvenirs de la familia y los “diarios” personales, resulta sospechosa, el malpensado supone que Yunes –ahora aliado del gobierno de Peña– fue obligado a conformarse y verla pasar, para él Karime sería intocable (¿no que no pacta con delincuentes?).

Y los demás familiares de los que se sabe participaron. Tony Macías, el suegro, uno de los empresarios más beneficiados en los dos sexenios, el de Fidel y el de Duarte, le obsequiaron bienes inmuebles de la reserva territorial de Coatzacoalcos, Duport Ostión y además dispuso de los apoyos financieros de los programas y fondos del sector agropecuario, de la Sedarpa y de Fiderfap.

El año pasado, durante la campaña electoral para gobernador en Coatzacoalcos, Yunes prometió que recuperaría esos terrenos, de más de 100 hectáreas y que enviaría a la cárcel a Tony Macías. Todavía están esperando allá que cumpla. ¿O Tony es también parte del pacto?

¿Y la hermana de Karime, Mónica Macías y su esposo Arturo Rodríguez Ayache, evidenciados como prestanombres en los lujosos departamentos en Boca del Río y las mansiones en Woodland, Houston, Texas, también alcanzan inmunidad?
Ahí tiene materia de trabajo el gobierno de Yunes. ¿O no puede? Sólo le toca la morralla.