La detención de Gina Domínguez Colío, vocera del gobierno del rapaz saqueador Javier Duarte en sus tres primeros años, este sábado, así como la de Pascual Lagunes, líder sindicato de Tamsa, el pasado jueves –cada una con sus particularidades de hechos e implicaciones, procesales y políticas– no pueden verse ajenas a la coyuntura electoral del momento.
Ejecutadas a menos de 15 días de las elecciones municipales, están unidas por la voluntad y los cálculos del gobernador Miguel Ángel Yunes, en su función como jefe de partido y líder de la campaña electoral de la coalición PAN-PRD.
Al margen de los elementos que hubiera para procesar a Gina Domínguez por los desvíos en Comunicación Social y a Pascual Lagunes por su responsabilidad en la trifulca inter-gremial en Veracruz en marzo pasado, donde resultaron dos muertos y varios heridos, se advierte en la aprehensión de ambos la búsqueda del efecto mediático en favor del gobernador Yunes y su grupo político (además de quebrar un apoyo al PRI del Puerto de Veracruz, en el que milita Pascual Lagunes).
No es novedad en el gobierno de Yunes, sino estilo de actuación, la política selectiva de administrar las aprehensiones de ex funcionarios o rivales políticos como espectáculo, tarea en la que se sirve de su fiscal no autónomo, Jorge Winckler, como instrumento punitivo, de venganza y montaje.
Esto no significa ausencia de responsabilidades de los imputados, sino que más allá de la presunción de inocencia y el debido proceso, hay un plan publicitario y de intimidación política del gobierno de Yunes, un enfoque más mediático y de explotación política que de rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la impunidad. No son temas de justicia sino de poder.
La ex vocera
No escuchó los mensajes que tuvo de que el gobierno de Yunes iba por ella; hace menos de un mes, en medio de filtraciones de que la fiscalía de Winckler la investigaba y de éste mismo, aludiendo a que caerían otros duartistas; Gina, en vez de buscar el amparo de la justicia federal para evitar ser detenida, se confrontó públicamente con su relevo en Comunicación Social, Alberto Silva, El Cisne, a quien le atribuyó quererla embarrar para desviar la atención en sus ilícitos. Como se recuerda cruzaron acusaciones de corrupción, incluso ella hizo revelaciones del pánico y la guerra entre los duartistas, El juego que todos jugamos, en su columna Razones de Estado. Pero el verdugo no era El Cisne, error que le costará su estancia por tiempo indefinido en Pacho, como la primera mujer (que no primera dama) del duartismo, tras las rejas. Anticipó que si la llamaba la Fiscalía ahí estaría, con ingenuidad pensó en citatorio u orden de presentación, no en orden de aprehensión.
A Gina se le ha señalado en medios de haberse enriquecido a su paso por la Coordinación de Comunicación Social, es vox populi el aumento de su patrimonio, casas, autos, negocios comerciales y en medios de comunicación, entre ellos varios de su presunta propiedad a los que habría pagado en modo favorecido. Sin embargo, no la acusa el fiscal de Yunes de algún delito relacionado directamente con estos supuestos; no hay hasta el momento, por lo que se conoció de la audiencia en que la presentaron ante el juez de control tras ejecutar la orden de aprehensión en su contra, alguna imputación por enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho o tráfico de influencia.
Los cargos que le formularon a Gina sin que hasta ahora se conozcan públicamente son por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición entre servidores públicos, sin que hasta ahora se conozcan públicamente los hechos relativos que la implican.
Todos son delitos no graves, ninguno rebasa los 8 años de prisión, y de entrada podría seguir el juicio en libertad, pero eso no cabe en el libreto; como se estila le aplicaron la fórmula favorita del Dream Team Fiscalía-Poder Judicial-juez de control, coordinada por Winkler y Edel, le recetaron un año como prisión preventiva, mientras que el próximo viernes tendrá su audiencia de vinculación a proceso.
Pascual
A Pascual Lagunes, líder tradicional de los trabajadores de Tamsa, quien sostiene un violento conflicto y litigio legal con la facción que representa Bartolo Guevara por la representación sindical, le imputan delitos graves. Le atribuyen la autoría del ataque, no riña, en el exterior auditorio de Tamsa el 24 de marzo que dejó dos muertos y varios heridos, homicidio doloso calificado, terrorismo, lesiones dolosas e incitación al delito y su apología.
También le recetaron un año de prisión preventiva como medida cautelar, su audiencia de vinculación a proceso es el próximo miércoles. En protesta, sus seguidores pararon labores el viernes, a ver cómo andan hoy.
Tanto Pascual como Gina serán vinculados a proceso, no se duda, como tampoco que en el show del gobernador Yunes, con un guiño de cinismo, diga que sólo aplica la ley, pues la impunidad se acabó. Claro que la delincuencia organizada y los intocables del duartismo no están incluidos en la justicia electoral selectiva.
