Resguardan en Veracruz los 212 consejos municipales electorales

Un total de 476 elementos de seguridad privada resguardarán los 212 consejos municipales electorales que organizan los comicios del próximo 4 de junio en Veracruz, cuando serán electos alcaldes, síndicos y regidores.

La representante legal de Comercializadora J&B, María Cristina Solorzano Monterrosas, empresa que ganó una licitación pública, informó que está garantizada la vigilancia en los conejos que organizan la elección.

Se trata, expuso, de una empresa 100% veracruzana que ganó la licitación y el contrato con el Organismo Público Local Electoral (OPLE), con uno de los precios del mercado más bajos por el servicio.

Precisó que de acuerdo a los planes de austeridad, la contratación generó un ahorro al organismo electoral de 10 millones de pesos, pues otras empresas que participaron en la licitación tenían un costo mayor.

Solorzano Monterrosas afirmó que la empresa Comercializadora J&B cuenta con el permiso número S.PR 146/2011 para prestar el servicio de seguridad privada en el estado de Veracruz, el cual se encuentra vigente, ya que la ley establece que se debe renovar año con año.

“El permiso para prestar el digno servicio no se cancela, siempre y cuando se haga dicha renovación en los tiempos establecidos como lo marca el Consejo Estatal de Seguridad Pública; de tenerlo cancelado, no nos hubieran permitido realizar el pago de renovación, ya que este lo autoriza el mismo consejo”, detalló la representante.

Lamentó la burocracia que existe para realizar dicho trámite, el cual se inició desde hace más de un mes y conlleva un proceso de revisión de la documentación que solicita el mismo Consejo, entre ellos la fianza que exigen en la que se garantiza el cumplimiento.

“La fianza nos fue aprobada y garantizada con fecha 21 de abril, esto quiere decir, que fue aprobada nuestra renovación porque dicha fianza es un uno de los requisitos de suma importancia”, manifestó.

Hizo un llamado a la titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la panista Ana Cristina Ledezma López para que revise el perfil de su personal y con el fin de evitar filtración de información confidencial y exclusiva que pudiera perjudicar la imagen de las empresas.

“También da pie a pensar que personal del Consejo actúa de la mala fe para retrasar el trámite y poner trabas para el mismo, y hacer insinuaciones fuera de lugar como que se nos había adjudicado un contrato importante cuando aún no se realizaban el fallo o firma de contrato.”, dijo Solórzano.

Denunció que otras de las observaciones fue modificar su fecha de presentación de carpeta, cuando en años anteriores se recibía en el momento que se iniciaba el trámite.