Gina Domínguez culpa a la Sefiplan por pagos irregulares a medios

La extitular de la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, Gina “N” recibió el auto de vinculación a proceso por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legar y coalición en agravio del servicio público.

En la audiencia a cargo de la juez Verónica Portilla Suazo se decretaron además seis meses de investigación complementaria toda vez que se solicitará un informe a la Comisión Nacional Bancaria además de una prueba pericial contable de las cuentas bancarias de las que se erogó dinero público para el pago de empresas de comunicación.

Durante la audiencia que se prolongó por casi siete horas, la exfuncionaria escuchó los cargos en su contra por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legar y coalición.

Gina “N” fue acusada de entregar recursos millonarios a empresas y dueños de medios de comunicación sin contratos ni licitaciones durante el periodo de comprendido del 1 de diciembre del 2010 al 19 de febrero de 2014 en el que fue colaboradora del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

Durante el proceso de pruebas, la Fiscalía General del Estado la acusó de haber autorizado transferencias por 105 millones 937 mil 770 pesos a ocho empresas, dos de las cuales fueron reportadas en abril del 2017 como empresas “fantasmas” por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Entre las empresas beneficiadas se encuentran Centro de Recursos de Negocios (Cerena), Morgavert, Monmart, G-Man Smart Business y Cordocan. Así mismo fueron dados a conocer acuerdos millonarios con las empresas Corporativo Ribello, Comercializadora Maza de Córdoba y New Villegas Nueva Imagen.

Entre las pruebas en su contra, fueron presentadas las declaraciones de los testigos identificados como 1 y 2 – de identidad reservada- quienes la acusaron de haber favorecido económicamente a empresas de la familia Sánchez Macías así como de Othon González y otras presuntamente de su propiedad o del exmandatario estatal Javier Duarte y que son administradas por prestanombres.

Uno de estos testigos la acusó además de ser una persona “de carácter fuerte y vengativa” por lo que pidieron reservar sus identidades aunque se dio a conocer que se trata de colaboradores de la dependencia que encabezó

Los testigos aseguraron que en su periodo no fueron respetados los procesos para asignar convenios de publicidad a medios de comunicación y que en más de una ocasión señaló que “con los medios había convenios no contratos”.

Así mismo, dentro de la información que se presentó en su contra, la parte acusado da dio a conocer que durante el periodo en el que la imputada estuvo al frente de la Coordinación General de Comunicación Social está dependencia se negó a dar a conocer datos de los convenios con medios de comunicación al ser catalogada como confidencial ante el IVAI.

En la investigación estuvieron involucrados exfuncionarios estatales en la administración Duartista entre los que se encuentran Tomas Ruiz González, Gabriel Deantes Ramos, Salvador Manzur, Fernando Charleston, Mauricio Audirac y Vicente Benítez entre otros.

Por su parte la defensa de la inculpada argumentó que no se acreditaron debidamente los delitos de los que se acusan a la funcionaria.

El abogado defensor consideró que la denuncia que presentó el actual coordinador de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, Elías Assad Danini sustentó la denuncia en una auditoría derivado del proceso de entrega recepción a la administración de 2010 a 2016 sin embargo no se especificó quien realizó la auditoría.

Así mismo señaló que las funcionaria tuvo que ser llamada 30 días después de terminar su encargo para responder por los señalamientos sin embargo tras su paso hubo cuatro administraciones más en la dependencia.

La defensa alegó también que el actuar de la funcionaria fue apegada a derecho ya que dentro de sus atribuciones se encontraba el gestionar los recursos para las empresas periodísticas y publicitarias pero los pagos a estas corrían a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Al hacer uso de la voz la exfuncionaria estatal reiteró que los pagos a ocho empresas, dos de ellas “fantasmas”, fueron responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Alegó que dado que la dependencia no contaba con presupuesto asignado es que no existen contratos y que sólo se hicieron los trámites para las solicitudes presupuestados mismas que en todo momento estuvieron acompañadas de las facturas correspondientes.

Así mismo, Gina “N” aseguró que los datos de los testigos presentados por la parte acusatorio son “dichos sin pruebas” y negó haber incurrido en situaciones violentas en contra de sus excolaboradores.