De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los 32 gobiernos estatales no han solventado el gasto de 98 mil 911 millones de pesos provenientes de fondos federales para el apoyo de infraestructura, deuda pública, aportaciones a seguridad social, provisiones salariales y económicas entre 2013 y 2015.
El tamaño del problema se resume en una cifra: por cada 100 pesos mal usados en el país en la administración pública, 66 fueron desviados por los gobiernos estatales.
Otros sectores en los que se registran altos montos por comprobar son: universidades públicas (6.8 pesos) alcaldías y entes de auditorías estatales (5.4 pesos) y el sector salud (3.5 pesos), por mencionar los más importantes.
En total, la ASF reportó que en el país todos los entes fiscalizados, incluyendo dependencias federales, instituciones educativas, gobiernos de municipios y estados no pudieron comprobar el uso de 148 mil 795 millones de pesos.
Un reflejo de los malos manejos que ha habido en los gobiernos estatales es que hay 16 ex gobernadores actualmente presos o bajo proceso judicial; incluso, hay algunos que están prófugos. Todos ellos fueron acusados por el mal uso de recursos públicos, entre otras cosas.
El mayor monto de los recursos desviados se presentó en cinco estados que concentran 56 por ciento de los 98 mil 911 millones de pesos que no pudieron comprobar los gobiernos estatales. En esta lista se encuentran el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y el emblemático caso de Veracruz.
La entidad que fue gobernada por Javier Duarte, ahora preso en una cárcel de Guatemala por desvío de fondos públicos, se ubica como el estado con el mayor desfalco al erario. En esta demarcación se detectaron inconsistencias por 29 mil millones de pesos desde 2011, de los cuales 28 mil 242 millones se concentran en el periodo 2013-2015, y aún falta por saber el monto de las irregularidades reportadas durante el año fiscal 2016.
En noviembre pasado, la ASF declaró que las irregularidades por presuntos desvíos de recursos en Veracruz mostraban cifras récord. “Es la más alta que ha habido y las más alta que hayamos podido determinar en la historia de la ASF que nace en 2000”.
De acuerdo con notas periodísticas, la administración de Duarte creó una red de empresas fantasma que servían para desviar el flujo de recursos públicos a cuentas privadas mediante el formato de adjudicaciones directas, las cuales se utilizan en contratos con montos menores a los 5 millones de pesos y así librar las licitaciones públicas.
Tras la victoria del candidato panista, Miguel Ángel Yunes , en las elecciones para gobernador en 2016, Duarte pidió licencia al cargo de gobernador el 12 de octubre y un día después desapareció hasta que las autoridades lo encontraron el 15 de abril pasado en un resort turístico en Guatemala.
Los desfalcos al erario mediante el desvío de recursos públicos a gran escala también se presentan en otros estados que registran cifras de escándalo con el paso de los años. Uno de esos se dio en el gobierno de Michoacán al ubicarse como la segunda entidad con más dinero por aclarar ante la ASF.
Entre 2013 y 2015 no se comprobó el gasto de 13 mil 681.2 millones de pesos en la entidad. Durante ese periodo desfilaron por la gubernatura nombres como los priistas Fausto Vallejo y Jesús Reyna. El primero tuvo que pedir licencia al cargo tras presentar problemas de salud. El segundo relevó a Vallejo del 22 de abril al 23 de octubre de 2013; sin embargo, Reyna es más recordado por ser detenido el 5 de abril de 2014 por tener vínculos con Los Caballeros Templarios.
En esta entidad donde se presentan altos niveles de pobreza, desigualdad y violencia, el desvío de recursos se repartió en la siguiente manera: en 2013 la ASF corroboró que el gobierno estatal gastó 6 mil 927.5 millones de pesos y no fueron aclarados, para 2014 la cifra bajó hasta los 3 mil 531.4 millones y en 2015 los contratos sin comprobar ascendieron a 3 mil 222.3 millones.
Un caso llamativo de probable desvío de recursos en Michoacán tiene que ver con la entonces titular de la Secretaría de Finanzas (noviembre 2013), Marcela Figueroa, que fue acusada de transferir recursos destinados a programas sociales y de salud a cuentas bancarias irregulares. Estas transacciones fueron aprobadas por el gobernador Vallejo mediante un oficio en el que autoriza a Figueroa para traspasar dinero público a cuentas bancarias del gobierno “cuando las necesidades financieras del estado lo ameriten”. Las acusaciones de la Auditoría estatal por este modus operandi suman 2 mil 323 millones de pesos.
Por lo que se observa en las cifras de la ASF y las investigaciones de los órganos de control interno de la Secretaría de Finanzas estatal, la mayor cantidad de recursos desviados se llevó a cabo durante los dos periodos en el que gobernó Vallejo (antes y después de su convalecencia).
Un nivel debajo de Veracruz y Michoacán están Jalisco, Estado de México y Oaxaca. Entre las tres entidades se acumulan 16 mil 906 millones de pesos sin comprobar.
Las cifras de la ASF revelan que en Oaxaca no se comprobó el uso de 5 mil 363.2 millones de pesos entre 2013 y 2015, periodo en el que Gabino Cué era el gobernador. En este caso en particular, la mayoría de los fondos por comprobar se encuentran en la cuenta pública de 2015 al sumar 3 mil 137 millones de pesos.
En el registro de 2014 las autoridades estatales mal gastaron mil 709 millones de pesos, mientras que desde 2013 no se pudo dar una explicación clara en el uso de 516 millones.
Actualmente la ASF solo puede fiscalizar los recursos federales, provenientes de los ramos generales, que son entregados a las entidades federativas, por lo que el dinero que generan los estados no puede ser auditado. Esta situación podrá cambiar con la entrada en vigor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, pues se prevé una mayor accesibilidad a los recursos estatales por parte de la institución auditora.
