La preocupación de la población civil, ajena a las actividades ilícitas, se ha vuelto miedo y sentimiento de indefensión ante la escalada de violencia criminal de los meses recientes, el baño de sangre y matadero en que se ha convertido el territorio veracruzano, equiparable a una situación de guerra.
No se trata de política ni de champar las ofertas incumplidas de campaña electoral –lo que también es legítimo invocar–, pero más importante es la exigencia de garantías de seguridad a las personas y la vigencia del estado de derecho, tarea que el gobierno de Miguel Ángel Yunes, a siete meses de haber asumido el mando, ha sido incapaz de realizar.
Los hechos delictivos del fin de semana –se cuentan al menos 20 ejecuciones en distintos puntos de la entidad– así como los ataques en los días previos, registran lamentablemente el relanzamiento de una ofensiva criminal que desborda y desafía al monopolio de la violencia del estado; signos de control territorial del hampa y de ingobernabilidad. Los hechos delictivos imparables penosamente exhiben al estado fallido de Yunes Linares.
Por el modo de actuación de los grupos de delincuentes, al margen de la estadística a la alza en delitos más graves como homicidios y secuestros, impactan sobre todo sus manifestaciones.
En la semana en la conurbación Veracruz-Boca del Río ya habían baleado a los empleados de una empresa publicitaria cuando iban a colocar espectaculares con las fotografías de “Se Busca” y la oferta de recompensa de los líderes criminales, y arrojaron bolsas con cadáveres descuartizados frente a la oficina particular del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, con mensajes en carteles. En esos días, en otros puntos del estado igualmente dejaron mensajes a Téllez Marie con cadáveres. Para que no quedaran dudas del respaldo de Yunes a su secretario de Seguridad, lo llevó a tomar café en céntrico lugar de Xalapa. Como si eso sirviera de algo.
Lo cazaron sin guardia
La primera noticia que conmocionó el sábado fue la ejecución a quemarropa del comisario Camilo Castagné, el de más rango de la Policía Federal en el estado, integrante del grupo de Coordinación Veracruz. El jefe policiaco recibió el ataque de un grupo armado en un restaurante de Cardel cuando se encontraba comiendo; en el mismo acto murió su acompañante, comisario también federal, y resultó herido otro elemento de la Policía Federal.
Aparte del lamentable crimen del comisario Castagné y de los ofrecimientos de recompensa, más allá de la audacia de los sicarios, resaltan las visibles omisiones en que habría incurrido el mismo jefe policiaco para su propia protección.
Sorprende el descuido del jefe policiaco victimado; según se aprecia en el video tomado por las cámaras del restaurante de los momentos previos a la ejecución, divulgado por el Gobierno del Estado con el objeto de identificar a los 4 agresores, se ofrece recompensa por informes.
No hubo argucia de escena de El Padrino u otra clásica de la mafia, sino ausencia de vigilancia y previsión. En medio de una guerra contra la delincuencia, a medio día del sábado, el jefe de la Policía Federal y dos acompañantes se sentaron a comer muy cerca de las varias puertas de acceso al restaurante (ubicado a la orilla de la calle principal de tránsito de Cardel), permitiendo sin ninguna barrera ni control que los sicarios ingresaran como cualquier comensal y se sentaran a unos cuantos metros de ellos, desde donde fácilmente podían ser blanco mortal a corta distancia, como sucedió.
Masacre familiar
El otro evento que consternó, también el sábado, fue la masacre de una familia de 6 de integrantes en Coatzacoalcos. Los testigos refieren la llegada de un grupo de 5 personas en un taxi, la irrupción a la casa, los disparos y su rápida salida. Lo más condenable de estos hechos es que 4 de las víctimas eran menores de edad, niños.
Ahora el gobierno de Yunes, luego de ofrecer recompensa a quienes informen también sobre los asesinos, apuntó a la criminalización del padre de la familia, dijo se investiga su probable participación en hechos delictivos el día anterior al ataque.
Por la plaza, costos políticos
Suenan huecas las explicaciones que ofrece el gobernador Miguel Ángel Yunes para intentar el control de daños ante el evidente fracaso de la estrategia (si es que la hay) y las acciones en materia de seguridad pública.
No es nueva la presencia de la delincuencia organizada en Veracruz ni en el país, tampoco las versiones de los reacomodos de los cárteles y la disputa por las plazas que acentúa la violencia, así como que las fuerzas públicas han declarado la guerra implacable a la delincuencia.
Lo trágico que se está viendo es que esa guerra no la está ganando el gobierno; ni la República, ni obviamente del estado. Por eso lo más riesgoso es que la población civil está en medio, cada vez más vulnerable, cada vez con más miedo.
Así que sobran las justificaciones cuando lo que faltan son acciones eficaces y resultados. Está muy gastada esa retórica de que los ataques y el aumento de los crímenes y la escenificación cruel de la violencia se debe a que “las fuerzas del orden” están golpeándolos en sus intereses. También suena a más excusas que salga el gobernador Yunes con que “no va a pactar” o que presuma que “no me atemoriza la delincuencia” (con su numeroso cuerpo de seguridad personal, se debe sentir tranquilo).
La percepción de inseguridad que ya es generalizada en el estado tiene implicaciones políticas. Además de la crítica de la oposición y los cuestionamientos que se darán en las próximas campañas electorales, es para hoy el tiempo de la evaluación y rendición de cuentas en la política de seguridad; de exhortarlos desde la sociedad civil con la consigna que les aplica a los gobiernos fallidos: Si no pueden, renuncien.
