Para el grupo de coordinación Veracruz, ayer fue el día de enterrar a los muertos; como guerreros caídos les rindieron honores y prometieron que su muerte no quedará impune.
Finalizado el ciclo de violencia criminal del fin de semana que golpeó estratégicamente a las fuerzas oficiales, al liquidar arteramente al jefe de la PGR en el estado, Camilo Castagné, junto con uno de sus mandos, además dejar a otro agente malherido, se percibió una calma chicha, una atmósfera posterior al combate, cuando los grupos beligerantes se acuartelan para fraguar el siguiente enfrentamiento.
Dada la escalada que se observa en los ataques mutuos entre los participantes directos –los carteles y células o bandas que se disputan las plazas y negocios delictivos y las fuerzas armadas que los combaten o que dicen combatirlos–, sin que haya vencedores, ni capitulaciones o acuerdos, un escenario muy probable es el recrudecimiento de la violencia.
Seguramente en la inmediatez el sentido de pertenencia a una corporación que perdió a varios de los suyos en la batalla alimente en las fuerzas oficiales una ideología épica y la voluntad de cobrar la cuenta. Pero está visto que no hay intimidación a los delincuentes; al contrario, los hechos muestran que hay de nuevo un desafío abierto al Estado, mientras que los representantes del Estado se advierten desconcertados, furiosos pero impotentes; el discurso justiciero de que van a acabar con los delincuentes, ofrecer paz y seguridad a la población, cada vez se ve más ajeno a la realidad.
La peor crisis de seguridad
El gobierno de Miguel Ángel Yunes atraviesa por su peor crisis de seguridad. Tanto en cifras delictivas: homicidios, secuestros, extorsiones, robos a comercios, bancos (además de los delitos federales, chupaductos y narcotráfico), como en la percepción de los ciudadanos, Veracruz vive niveles de violencia sin precedentes, el peor momento de inseguridad; y eso que ha habido antes periodos de alta criminalidad.
Ante la violencia imparable que aterroriza a la sociedad y la falta de autoridad del estado, la incapacidad del gobierno de Yunes para garantizar la paz social, aún con los apoyos del Gobierno Federal, PGR, Marina, Ejército y Gendarmería, coloca en la agenda pública el cuestionamiento a su política, estrategia y funcionarios designados.
Es claro que no se han alcanzado los objetivos, que está distante la recuperación de la seguridad y que la sociedad demanda resultados, no excusas ni promesas de campaña.
Con todo y lo que se diga para justificar la persistencia de la inseguridad, lo cierto es que no han podido
frenarla, hecho que obliga a una evaluación de lo que no ha funcionado y debe cambiar.
Comisionado federal para seguridad
La oposición política, Morena y el PRI, demandan una mayor intervención del Gobierno Federal, desplazar a la gente improvisada de Yunes, que no ha podido con el paquete, Jaime Téllez Marié, el secretario de Seguridad Pública, y se designe a un comisionado experto para que coordine a las fuerzas públicas federales y a las corporaciones del estado y municipales.
Por ahora no se sabe qué vaya a hacer el Gobierno Federal para sacarse la espina en Veracruz. Pero algo deben hacer para recomponer el estado.
Obviamente Yunes rechaza la propuesta de un comisionado federal, afectaría su manejo de la operación, Téllez es su subordinado incondicional, aunque incompetente.
Por otro lado, en el Congreso del Estado, varios grupos legislativos de oposición –no el PAN ni el PRD, dóciles a Yunes– están pidiendo que comparezca Telléz Marié a explicar el problema de inseguridad que no han podido resolver.
En riesgo la sucesión dinástica
Mientras tanto Yunes pretende desviar su responsabilidad en el problema, echando a otros la culpa, desde que “es la resaca de los gobiernos de Fidel y Duarte”, que no es cierto que su periodo sea el de mayor delincuencia, que los ataques son porque los ha golpeado, hasta que no es boleto suyo sino del Gobierno Federal, pues se trata de delincuencia organizada. Se lo toma personal, debido a su involucramiento como actor político en un proyecto de control del estado a mediano plazo, aceptar el fracaso en la gobernabilidad del estado pone en riesgo su dominación de camarilla y sucesión dinástica –pretender heredarle el poder a su hijo Miguel, el alcalde de Boca del Río, bajo condiciones de inestabilidad y violencia criminal desbordada parece totalmente inviable; sería Boca del Río, el Boulevard de los sueños rotos.
Escena negra
De Film noir –de bajo presupuesto y calidad– el video de la conferencia de banqueta que dio entre sombras y luces el gobernador Miguel Ángel Yunes el sábado en Cardel, unas horas después de la ejecución del comisario de la PGR, Camilo Castagné.
Desencajado, descompuesto, sin asesor de imagen ni de discurso, Yunes en un ambiente dark, como en Sin City, truena contra los autores del crimen, refiere la masacre familiar de Coatzacoalcos ese mismo día –donde ejecutaron a 4 menores, junto con sus padres–; amenaza a las bestias con las que se está enfrentando, ahí desde la obscuridad, la rabia y la impotencia, la quiere volver amenaza y mensaje a los ciudadanos “aquí está su gobernador, dando la cara”. Es tan obscura la toma que no se alcanza a distinguir su cara, es su colérica voz en las sombras. Salido de Ciudad Gótica.
