Al lado de las autorizaciones del Congreso local para que un grupo de 23 ayuntamientos de salida contraten créditos por un total de 507 millones de pesos, entre los que sobresale Boca del Río, que preside el junior Miguel Ángel Yunes Márquez, que podrá ejercer 100 millones de pesos, haz obra que algo sobra, para el cochinito electoral, hay otra vertiente menos clara del endeudamiento municipal encubierta en las operaciones de Asociación Público-Privadas para los servicios de alumbrado público.
Aunque alentadas desde el anterior gobierno –se dice que el hermano de Duarte, Cecil, era el promotor del negocio en los municipios–, al parecer otros ha tomado el relevo, obviamente del actual grupo en el poder, y en los meses que van de diciembre de 2016 a la fecha han proliferado este tipo de contrataciones.
En ese lapso el Congreso local ha autorizado en 4 o 5 paquetes a unos 30 municipios a celebrar contratos de asociación público privada para el servicio de alumbrado público a plazos de 10 o 15 años, con cierto grupo reducido de empresas, por ejemplo, NL Tecnologies –así como otras que dictaminan la viabilidad y obligaciones de pago, en la mayoría de los casos sin cuantificar que se heredarán a los futuros gobiernos municipales. No será poca cosa, cuando en los casos que se detallan los montos de inversión algunos van entre 20, 30, 50 y hasta 100 millones de pesos, y se estipula, como base, un monto equivalente al pago que ya se hace a la Comisión Federal de Electricidad, con un incremento anual convenido de 5%. De que amortizan y tendrán utilidades los socios gananciosos ni quien lo dude.
Áreas de corrupción
Las asociaciones publico-privadas son una modalidad para concesionar obras o servicios públicos donde la empresa privada realiza las inversiones y opera el servicio, a cambio de pagos anuales comprometidos de la entidad pública a 10 o 15 años; pese a que la figura es legal, deja un gran margen para la corrupción, desde el procedimiento para seleccionar a la empresa –se favorece la adjudicación directa, hay discrecionalidad para que las condiciones pactadas sean al final desventajosas para las instituciones públicas. ¿A cuánto ascenderán estas modalidades de deuda pública municipal?
Algún día lo sabremos, ya que las obligaciones derivadas de estos contratos de asociación ya deben inscribirse en el registro de deuda que lleva la Secretaría de Hacienda.
Donde brilla está la luz. Lo que no tardará en saberse es quiénes se quedaron con el negocio que empezó Cecil Duarte.
Sistema de alertas municipales
En octubre la Secretaría de Hacienda publicará el sistema de alertas por endeudamiento para los municipios conforme las disposiciones de disciplina financiera. La información será más de interés para los nuevos ediles, les señalará sus montos máximos de contratación de deuda para el 2018.
Los municipios de Veracruz en conjunto tienen una deuda pública total por 3 mil 333 millones de pesos al 31 de marzo, monto al que hay que sumarle los 507 que recientemente les aprobó contratar el Congreso del Estado. Los más endeudados son Coatzacoalcos, con 300 millones de pesos, Tuxpan con 230 millones, una buena parte de esta deuda a causa de los altos vuelos del Cisne Silva. A Tuxpan además habrá que sumarle los últimos dobles golpes que les autorizó la legislatura actual, 30 millones más en créditos directos y su correspondiente contrato de asociación pública privada por no menos de 65 millones de pesos. Xalapa carga, desde los tiempos de Reynaldo Escobar a la fecha, 416 millones de pesos por los créditos suscritos para financiar a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, CMAS.
El Cisne, ¿desplumado o protegido?
Se adelantó el coordinador de los diputados federales del PRI a quemarles el desafuero del Cisne, Alberto Silva, señalado por el fiscal de Yunes de desviar mil 600 millones de pesos a su paso rapaz y arrogante en la Coordinación de Comunicación Social del estado.
La semana pasada declaró Camacho que el ex vocero de Duarte, un integrante de su bancada, no sería desaforado debido a las deficiencias del expediente que presentó el fiscal del estado Jorge Winckler, quien acumularía dos derrotas en la cancha de San Lázaro, considerando la improcedencia hasta ahora de la solicitud para desaforar a Tarek Abdalá, el tesorero de la mafia de Duarte.
Ayer varios miembros de la sección instructora, apegados al formalismo, inclusive el diputado del PRI que la preside, Ricardo Ramírez Nieto, declararon que todavía no hay resultado, que apenas hoy sesionará esa comisión para iniciar el procedimiento, que no se tomado aun ningún acuerdo. ¿Es pitoniso César Camacho o reveló la línea?
Tarek sigue “en capilla”
Por otro lado, como para alentar expectativas y crear suspenso, los integrantes de la Instructora informaron que “sigue vigente el proceso contra el ex tesorero”.
Ambos casos, dijeron, tendrán su respectivo dictamen y lo deberá votar el pleno de los diputados. Sigue el cuento…
