#AsuntosPúblicos: EMBAUCARON DIPUTADOS A AYUNTAMIENTOS
+ Por Eduardo Coronel Chiu / Diario AZ Xalapa
Zona Centro
Eduardo Coronel Chiu - 2017-08-14
Ya le reventó al Congreso local y también a los ayuntamientos que se la creyeron. La ignorancia o mala fe de los diputados locales o ambas se exhibe en un dictamen de la Secretaría Federal de Desarrollo Social que determinó la ilegalidad de un acuerdo aprobado por el Congreso del Estado en marzo pasado sobre el manejo de fondos federales de los municipios, el cual es violatorio de la Ley de Coordinación Fiscal.
Como nadie puede autorizar que se viole la ley, los diputados locales incurrieron no sólo en irregularidades administrativas, sino también en posibles delitos, al igual que los ediles que hubieran actuado conforme esa autorización balín; ambos tendrán que enfrentar las sanciones correspondientes.
Era evidente que el Congreso del Estado carecía de facultades legales para modificar las reglas de operación del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y así se comentó (“Gato por liebre a municipios”, del 22 de marzo pasado) desde que se conoció el famoso acuerdo de la Junta de Coordinación Política con el que aparentaron autorizar a los ayuntamientos para usar los fondos de 2017 en las obras inconclusas o pendientes de pago del año previo.
Gato por liebre y atole con el dedo a municipios
En aquel momento que se introdujo el acuerdo como parte de la negociación fingida para que la bancada del PRI participara en la aprobación de la reestructura de la deuda pública se señaló: “El problema es el Congreso del Estado no tiene competencia legal para otorgar esa autorización y los ayuntamientos que pretendan escudarse en ella para disponer del fondo se meterán en situaciones de falta de comprobación de recursos y otras responsabilidades”. El argumento agregaba: “los recursos de ese fondo destinado al combate de la pobreza extrema mediante obras de infraestructura son de origen federal, sus normas de operación las dicta la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y se aplica en lo conducente la Ley de Coordinación Fiscal, igualmente federal, además de que la fiscalización del ejercicio de esos recursos corresponde a la Auditoría Superior de la Federación conforme a la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas, obvio, también de la Federación”. Nada tenían que hacer en el tema la Junta de Coordinación Política y el agrupamiento de diputados del PAN, PRD y los entreguistas del PRI”.
Ahora se ve, aprobaron la reestructura de la deuda a cambio de nada.
El dictamen de la Sedesol
El director de Desarrollo Regional de la Sedesol, Ariel Álvarez Fernández, determinó en un análisis legal que el acuerdo de los diputados es violatorio de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera. Precisó que los recursos de un año fiscal no pueden ocuparse para otro distinto del autorizado, el destino de los recursos se encuentra regulado y que el catalogo de acciones es responsabilidad de la Sedesol y no del Congreso de Veracruz ni de los presidentes municipales. Advirtió que los municipios que utilicen los recursos conforme el decreto del Congreso estarían incurriendo en violaciones legales.
El funcionario recomendó a su dependencia presentar una queja ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de la responsabilidad penal que en su caso pudiera fincarse a los diputados locales.
¿Cómo quedan?
No se ignora que en el origen de las obras municipales que no se terminaron y quedaron con pendientes de pago, está la retención indebida de los fondos federales que hizo el gobierno de Javier Duarte, incluido el Fondo de Infraestructura Social Municipal, del que se dijo, no hubo suministros en el trimestre de agosto a octubre del año anterior. En conjunto los ayuntamientos reclamaban al Gobierno del Estado adeudos por cerca de 4 mil millones de pesos.
La demanda de liquidación de esa deuda en alguna forma a los municipios, presionó la negociación del gobernador Miguel Ángel Yunes en el Congreso cuando presentó la reestructuración total de la deuda del Gobierno del Estado, entonces, se recuerda, incluso la bancada del PRI condicionó su voto a que se compartieran los beneficios del refinanciamiento con los municipios.
Los ediles que hayan tomado parte de los fondos de infraestructura social de 2017 para cubrir obras del año previo se verán en problemas con la Auditoría Superior de la Federación. Este año dicho fondo es de 6 mil 132 millones de pesos, ¿por cuánto les resultarán observaciones y requerimientos de reintegros que mermarán a las siguientes administraciones municipales?
Como lo refiere el dictamen de la Sedesol, la responsabilidad de pago por el ejercicio del año anterior, en su caso, es del Gobierno del Estado. No es una deuda personal del ex gobernador, sino una obligación del Gobierno del Estado como institución.
Los diputados actuales, como el gobernador, no encuentran soluciones a los problemas que por su encargo y funciones deben atender.
No es excusa que en parte se trate de problemas heredados, en el tema de los fondos federales en cuestión queda en evidencia su incapacidad para encontrar salidas viables y legales. Ahora se les ha caído el teatro. Simularon darle algo a los municipios –atole con el dedo–, los embarcaron. Los diputados honran el juicio popular, quedan como ignorantes, abusivos y tramposos.