Las agresiones contra periodistas en México subieron un 23% en el primer semestre del año frente al mismo lapso de 2016, incluyendo seis asesinatos y una desaparición, mientras el gobierno solo plantea paliativos ineficaces y burocráticos, denunció este jueves un informe de la ONG Artículo 19.
De estas agresiones, un 50.7% fue cometido por funcionarios públicos, lo que representa 140 de las 276 documentadas por la organización, según el informe.
Lo anterior es un reflejo de la impunidad y de la falta de autonomía en la procuración de justicia que, finalmente, se convierte en un aliciente para seguir violentando a la prensa”, afirmó Artículo 19.
Entre enero y junio de 2017, la organización identificó que en estados del norte del país como Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, aumentaron las agresiones de manera considerable con respecto a años anteriores.
En el caso de Chihuahua, las agresiones incrementaron en un alarmante 325%, y ocupa el tercer lugar con más ataques contra la prensa, tan sólo por debajo de la Ciudad de México y Veracruz (ambos con 28 agresiones registradas).
Además, en Coahuila, se documentaron 26 agresiones en el primer semestre de 2017, un aumento considerable al de 2016, donde se documentaron 8 ataques.
Artículo 19 señala que los periodistas coahuilenses se enfrentaron a dos contextos de riesgo en la primera mitad de 2017: la cobertura de las protestas por el aumento del precio de la gasolina a principios de año y las elecciones estatales del 4 junio.
El Informe ofrece cifras que permiten augurar “un panorama poco alentador” en el futuro, comentó a la AFP la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.
En los primeros seis meses del año, los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez fueron asesinados “con armas de fuego y a plena luz del día”, según el conteo de la organización, que destacó la impunidad en torno a estos casos.
En lo que va del segundo semestre, se han documentado otros dos asesinatos, el del periodista migrante hondureño Edwin Rivera, ocurrido el 9 de julio en Veracruz, y el de Luciano Rivera, el 31 de julio en Baja California.
También documentó la desaparición de Salvador Adame, director de Canal 6tv, quien fue forzado a subir a una camioneta negra por un grupo de hombres armados y “encapuchados”, el 18 de mayo de 2017 en el municipio de Múgica, Michoacán.
Y aunque la primera mitad del año se caracterizó también por múltiples iniciativas gubernamentales para proteger a periodistas, la ONG dijo que parten de un “diagnóstico equivocado” que elude a los propios agentes del Estado como principales agresores y soslaya el andamiaje institucional existente.
A mediados de mayo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, abordó por primera vez la violencia contra periodistas, comprometiéndose a garantizar su seguridad y combatir la impunidad, al asignar más dinero y personal a mecanismos de protección gubernamentales y a fiscalías especiales.
En su informe, Artículo 19 consideró que la respuesta estatal es “tardía”, porque desde 2007 la violencia contra periodistas ha ido en aumento y solo se busca atenuar mas no resolver el problema.
“Los casos de violencia contra la prensa deben abordarse tomando como línea prioritaria la de su labor informativa”
Los periodistas que han sido agredidos o amenazados tendrían que recibir además “apoyo sicosocial para que puedan tomar mejores decisiones en caso de riesgo”, añadió Ruelas.
México tendrá elecciones presidenciales en 2018, y el Informe mostró como en estados como Coahuila, norte, el ambiente electoral fue un detonante del aumento de agresiones contra la prensa.
“Nos vamos acercando a un escenario electoral muy complejo (…) con prácticas muy sucias por parte de partidos políticos”, advirtió Ruelas. (Con información de AFP y Artículo 19). DA
