Alertan por fracking en licitación de ronda 2.5 en Veracruz y Puebla

Un total de 84 municipios (35 de Puebla y 49 de Veracruz) forman parte de la licitación de la ronda 2.5 de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la explotación de gas natural mediante la técnica del fracking o fractura hidráulica, considerada por organizaciones civiles como un grave riesgo para el medio ambiente.

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo), Victoria Cheneaut, alertó que el uso de esta técnica, que inyecta grandes cantidades de agua a presión, afectará ambientes de población indígena totonacas, nahuas, tepehuas y otomíes.

Al presentar su ponencia "Conflictos ambientales e impactos de la explotación de hidrocarburos en el municipio de Papantla”, precisó que los proyectos se ubicarán en la provincia geológica Tampico-Misantla que abarca a los estados antes descritos, y que es la segunda en importancia para la extracción de hidrocarburos de manera no convencional; es decir, fracking.

De esta forma, previó que en breve se duplique la actividad petrolera en los municipios de Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Espinal, Coyutla, Filomeno Gutiérrez, Zamora, Mecatlán, Papantla, Poza Rica y Tecolutla, en Veracruz.

Señaló que esto es grave, dado que esa entidad es la más afectada a nivel nacional por esta práctica y que con la próxima licitación se pondrán en riesgo las cuencas de al menos cuatro ríos: Tuxpan, Nautla, Tecolutla y Cazones.

“Veracruz es el estado más afectado con 900 mil hectáreas que potencialmente podrían ser ocupadas para la práctica del fracking; esto es, el 38 por ciento del territorio totonaca estará ocupado por la explotación petrolera”.

Añadió que los ríos peligran debido a que por cada pozo profundo (mil 500 metros) se requieren entre 9 y 29 millones de litros de agua limpia para inyectarla, ya combinada con al menos 750 sustancias químicas tóxicas, entre éstas el cianuro, para sacar el gas natural.

Advirtió que, con ello, los veneros que proveen de agua a los municipios de Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Espinal, Coyutla, Filomeno Gutiérrez, Zamora, Mecatlán, Papantla, Poza Rica y Tecolutla, serán contaminados, lo cual puede generar incluso daños a la salud de sus pobladores.

“Pueden provocar contaminación de los veneros de agua porque el pozo puede tener fisuras y los contaminantes se filtran en la tierra y pueden llegar a las aguas que toma la población. Cuando sube el agua contaminada hay dos opciones; una es que se deposita en piletas, como albercas que quedan a cielo abierto con agua contaminada y se evapora con el tiempo, y eso contamina el aire”.

La investigadora agregó que en Puebla el panorama no es diferente, pues se prevé que lo proyectos de explotación de gas natural se incrementen en los municipios de Pantepec, Francisco Mena y Venustiano Carranza, en donde actualmente ya existen 233 pozos hasta 2013, entre convencionales y no convencionales.

Victoria Cheneaut señaló que con la llegada de inversiones con capital privado la práctica del fracking se incrementará en la sierra norte de Puebla.

“En la Sierra norte de Puebla la situación es seria porque no están en riesgo solo por la explotación petrolera, sino por los megaproyectos que se han logrado frenar por la movilización de la gente. Todo eso crea una problemática muy grande, además de que no se consulta a la población, si hablamos de pueblos indígenas hay un marco jurídico nacional e internacional, dice que deben ser consultados”.

La investigadora advirtió que estos trabajos tendrán implicaciones para los pueblos indígenas porque terminarán siendo desplazados, ya que las actividades petroleras son de utilidad pública, interés social y orden público, lo cual dijo que significa que es preferente de actividades como agricultura, ganadería y cualquier otra actividad que signifique trabajar el campo.

Explicó que la Ley de Hidrocarburos establece que los ejidatarios no pueden negarse a vender o rentar su terreno, ya que de lo contrario su ejido puede ser expropiado, con lo cual los flujos migratorios de poblaciones campesinas e indígenas se incrementará.

“La población rural quedará desamparada porque se establecen mecanismos de despojo de tierras porque los propietarios quedan sin protección legal; se está produciendo un despojo de tierra que va a aumentar las corrientes migratorias de la población, debido a la imposibilidad de trabajar las tierras”.