El tiempo ha alcanzado y rebasado a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares en materia de finanzas públicas y su principal carga, el volumen y costo de la deuda pública contratada en el sistema financiero.
A estas alturas, cuando ya ha transcurrido 9 meses de su gobierno, apenas ayer publicaron una convocatoria a las instituciones financieras del país para participar en una licitación a fin de que oferten sus propuestas para reestructurar con nuevos créditos por 38 mil millones de pesos de la deuda del estado de Veracruz.
Con evidente desfasamiento inician hasta ahora el procedimiento de subasta pública, previsto en la Ley Federal de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios, cuando el problema del sobre endeudamiento y el elevado pago con cargo a las participaciones federales no era desconocido. A diferencia de los pasivos de corto plazo, escondidos o maquillados o negados, la deuda pública del Gobierno del Estado aparece en los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Y más aún, desde mediados del mes de marzo pasado el Congreso local autorizó al gobierno de Yunes proceder a reestructurar esa deuda hasta por un monto de 42 mil millones de pesos (metieron hasta las de cupón cero, por 5 mil millones de pesos, que paga el Gobierno Federal, que ahora fueron descontadas de la reestructura para licitación pública). Todavía a fines de julio promovieron en el Congreso la aprobación de un fideicomiso para las operaciones.
Tampoco era desconocido que debían apegarse a las reglas de la disciplina financiera y por tanto obligados a demostrar que el financiamiento se celebra en las mejores condiciones de mercado; para ello era obligada la competencia abierta, convocar a por lo menos cinco diferentes instituciones financieras y obtener como mínimo dos ofertas irrevocables de financiamiento. En eso andan. El plazo es de por lo menos 15 años y hasta 30 años, no hay periodo de gracia.
Según el calendario, tendrán una junta de aclaraciones con los interesados el 19 de septiembre, recibirán ofertas, si es que pueden conseguir que acudan interesados, el 24 de octubre, y realizarán las adjudicaciones previo dictamen y fallo el 26 de octubre. Para entonces, ¡ya llovió!
En un escenario de elevación de tasas de interés no se ve muy probable se puedan concertar mejores tasas que las actuales, ya se verá cuando finalice el proceso, en su caso, de haber reestructuración parcial o total, la información debe hacerse pública.
Lo que no hay que perder de vista son las comisiones y los contratos a los gestores, asesores y negociadores de los nuevos créditos. Ahí está el negocio, el cochinito.
Cartas nuevas al segundo periodo de la rectora
Mientras la rectora Sara Ladrón de Guevara rendía ayer su cuarto informe de labores, donde no dejó de recordar que el gobierno de Yunes no le ha pagado el adeudo institucional de más de 800 millones de pesos, y era sabido desde el día anterior que había sido designada para un segundo periodo de 4 años, la Junta de Gobierno le aligeraba la carga, renovando a sus colaboradores claves inmediatos.
La Junta de Gobierno, ahora sí por unanimidad, designó a Magdalena Hernández Alarcón como Secretaria Académica en sustitución de Leticia Rodríguez Audirac y a Salvador Tapia Spinoso Secretario de Administración y Finanzas. Si Leticia se enteró temprano que no iba en la terna, en cambio el nombramiento en Administración cayó como sorpresa más tarde. Este nombramiento, difundido cuando aún se desarrollaba el informe de la rectora, congeló las sonrisas de Tula Guerrero y su testaferro que la sustituyó, Gerardo García Ricardo, quien ingenuamente por la mañana acudió a la entrevista con la Junta de Gobierno confiado en que se mantendría en el cargo (como posición de Tula).
Baraja nueva en esas áreas, le dieron aire a los lastres de la negociación del primer periodo.
El retorno de Carrillo
Hoy rendirá protesta otra vez como delegado del Instituto Nacional de Migración en el estado José Tomás Carrillo Sánchez. Le guardaron su lugar. Como es sabido, el ex diputado federal y ex sub secretario de gobierno renunció a la delegación en febrero para participar en las elecciones municipales; fue candidato del PRI a la alcaldía de Cosamaloapan en circunstancias adversas, no ganó, pero como parte del equipo del Gobierno Federal en Veracruz y de Ardelio Vargas, el comisionado del instituto, ahora lo rescatan. Corrobora el dicho de que en política no hay político muerto, sino solo en la banca temporal.
