La clásica receta del embaucador aplicó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a algunos representantes de cámaras empresariales que han estado reclamando el pago de los adeudos institucionales que dejó sin saldar la administración anterior, y que es evidente su gobierno no tiene voluntad de pagar.
La reunión palaciega de ayer con empresarios en la que no resolvió nada pero repartió vagas expectativas –para los que se la quieran creer o le sigan la corriente a ver qué sacan– está motivada por la clara conveniencia de bajar la presión de los acreedores del estado; ganar tiempo y aplazar otro estallido, sabido que en días pasados la tensión creció, hubo brotes de la protesta y declaraciones en el sector empresarial del estado, no sólo por la falta de pago de los adeudos que han obligado al cierre de negocios o a la reducción de sus operaciones, sino también por la desatención, la ausencia de interlocución y expectativas de cobrar. Yunes, luego de un comunicado rabioso y golpeador en el que incluso amenazo con ejercer acción penal en contra de los que se atrevieran a cobrarle, ahora buscó capotear a un segmento de representantes de cámaras y enganchar a algunos para que le hicieran el decorado dominical de que su gobierno dialoga con los empresarios acreedores.
Con desfachatez y cara dura volvió a repetir el gobernador Yunes que “la deuda con los empresarios no está determinada” y que se va a hacer lo que ya se había anunciado: “revisar las demandas que se tienen de acreedores del gobierno, revisar documentalmente y en campo, además de una programación de pago conforme a las posibilidades reales que tiene el gobierno”. Es sorprendente que sostenga la misma posición de hace 10 meses, como si acabara de entrar. Nadie podría creer que en ese lapso no han podido depurar las cuentas de pasivos de corto plazo heredadas, confirmarlas, validarlas o refutarlas en su caso, mas no es aceptable que salga con que apenas lo van hacer.
Falta de voluntad de pago
Ya se ha mencionado que es una falacia suya que no ha cancelado cuentas de acreedores. En el informe trimestral del gasto público a diciembre de 2016, elaborado por el gobierno de Yunes en su primer mes, rehízo a su conveniencia la contabilidad gubernamental; para centrarlo en lo que incumbe a acreedores, en el pasivo circulante “cuentas por pagar a corto plazo”, puso una cifra de 2 mil 560 millones de pesos; una reconstrucción ficticia de la contabilidad respecto de la cifra que apareció en este rubro en septiembre de 2016. Redujo arbitrariamente este pasivo en 43 mil 838 millones; y en relación con la cifra a diciembre de 2015, echó tijera por 10 mil 317 millones.
Borraron cuentas con el artificio del “ajuste contable” por 51 mil 997 millones, las echaron a cuentas de orden, y desde entonces –diciembre de 2106– en dichos estados financieros pusieron la leyenda de que “será hasta que se encuentren plenamente verificados y respaldado con documentación comprobatoria y justificativa que reúna los requisitos legales conforme a las disposiciones normativas, se podrá calendarizarán los pagos que resulten procedente, como resultado del dictamen de fiscalización”. El mismo rollo que Yunes les aventó ayer a los empresarios que gastaron su domingo en ir a tomar atole con el dedo a Palacio.
El pretexto para no pagar, estigmatizar a los acreedores como empresas fantasmas o cómplices de Duarte, no se lo cree ni él mismo. Tampoco que ahora sí va hacer la revisión para validar la cuentas. A ver quiénes le toman la tregua y a cambio de qué, quizá pagos selectivos o cooptaciones, que no podrán ocultarse.
Los “solidarios” partidos políticos
Para el gran público podría ser confuso detectar quiénes son los más oportunistas de los partidos políticos al responder a la presión social de que cedan parcial o totalmente los recursos públicos que reciben para destinarlos al apoyo de damnificados por los terremotos de septiembre.
Y es que tan pronto desde la opinión pública se les iluminó como de los escandalosamente privilegiados del sistema del presupuesto público, los dirigentes partidistas se apresuraron a mostrarse solidarios con la población afectada, no con sus aportaciones personales sino con el dinero público. Todos han lanzado sus posturas, el PRI renunciará a 258 millones de pesos de los que le falta por recibir de este año; López Obrador y Morena dicen que entregarán para damnificados 103 millones de pesos, el equivalente al 50% del gasto de campaña de 2018; ojo, no el importe del gasto de campaña o financiamiento público, sino su equivalente, pasará la charola en un fideicomiso que administrará su partido, con santones del medio púbico como avales, desde Poniatowska hasta Solalinde. Esto para poder distribuir directamente el apoyo económico y no infringir la ley electoral.
Le daríamos el premio F al frente (PAN-PRD-MC), F de farsantes. Queriendo tapar los “protagonismos” de sus competidores, los dirigentes del Frente, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, propusieron que se acabe el financiamiento público, una reforma para suprimir el subsidio público a los partidos políticos. En apariencia su propuesta recoge una corriente de opinión en desacuerdo con el dinero de contribuyentes que se obsequia a los vividores de la política, hasta ahí va bien; lo que no dicen los tres del Frente es que ni ahora ni el año próximo les quitarían a ellos un solo peso, nada mermará su asignación presupuestal de más de 2 mil 500 millones de pesos entre los tres, su solidaria petición de reforma al financiamiento a partidos políticos. Esta reforma es legalmente imposible debido a que ya empezó el proceso electoral 2018. además de todo el embrollo de negociaciones que implica una reforma de este tipo, que debe ser constitucional, para empezar.
Pero en lo inmediato de su aportación, el jefe del frente, El Cerillo Anaya ya indicó cual será; el PAN renunció a la transmisión de sus spots de radio y televisión. Hasta nuevo aviso.