#AsuntosPúblicos: DEL AÑO DE HIDALGO DE JAVIER DUARTE

Con el precedente de las diversas irregularidades y desvíos de los recursos públicos detectados a la administración de Javier Duarte, por las que acumulan denuncias penales por 23 mil millones de pesos hasta las cuentas de 2015 tan solo en el ámbito estatal, era previsible la continuidad del desorden y el saqueo.

El Informe del Resultado a la Fiscalización de la Cuenta Pública al gobierno de Javier Duarte por el año de 2016, el último de su desastrosa y corrupta gestión, rendido el pasado viernes por el titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, confirma y documenta el periodo en que la nave iba al hundimiento, pero los ratones seguían haciendo de las suyas.

La narrativa de las auditorías del actual informe cuentan historias similares a las anteriores del manejo patrimonialista y discrecional del estado sin cumplimiento de las normas, la simulación de operaciones, la ausencia de comprobación del destino del gasto público, la presunción de beneficios indebidos a proveedores, no pocos identificados como inexistentes, fachadas o fantasmas y sin duda, del uso del presupuesto para el enriquecimiento personal de los funcionarios.

La novedad es que se trata de recursos que corresponden a otro ejercicio fiscal, 2016, y sus irregularidades de aplicación no se muestran por la analogía, sino en el detalle de la concreción de las operaciones ahora señaladas por presunto daño patrimonial; son parte de un nuevo proceso administrativo de rendición de cuentas del que resultan responsabilidades actuales y eventualmente, si agotan las instancias que faltan sin solventar las observaciones, los servidores públicos serían sujetos de nuevas denuncias penales; otras manchas a los tigres.

El daño patrimonial al estado

En forma global, el total del daño probable al patrimonio del estado para 2016 en la esfera del Poder Ejecutivo central y paraestatal se determinó en 11 mil 871 millones de pesos.

El desglose del Orfis distingue el daño registrado en la cuenta pública consolidada –el que corresponde al manejo de los recursos de manera central desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, donde cabe la posible participación de las dependencias–; en este orden, detectaron un monto de 6 mil 883 millones de pesos; por otro lado, en el paquete de dependencias y demás organismos del Poder Ejecutivo, un grupo de 32 en su operación directa, suma 4 mil 988 millones de pesos de presunto daño patrimonial.

Las transas “consolidadas”

Son 9 observaciones las que integran los 6 mil 883 millones de pesos. Entre ellas, hay tres créditos “desaparecidos”, sin evidencia de cómo se ejercieron, los cuales suman en total poco más de mil millones de pesos (uno de 300 millones, otro de 374.2 millones, y por 352.6 millones).
Incluyen fondos federales etiquetados que se quedaron en la licuadora –2 mil 253 millones de pesos que no entregaron a los municipios del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)–, otros tomados sin reintegrar por 1 mil 249 millones; además de gastos de difusión por 2 mil 268 millones de pesos, en corresponsabilidad con la Coordinación de Comunicación Social, en el periodo de El Cisne Alberto Silva, dependencia a la que por separado le imputan el mismo paquete.

Las dependencias y demás paraestatales

Aparte de la mencionada Comunicación Social, pasan a la báscula a 11 dependencias directas de gobernador; la más cargada, la Secretaría de Educación con 724.4 millones de pesos, la Secretaría de Gobierno que estuvo a cargo de Flavino Ríos con 242.5 millones de pesos, otro ramalazo a Bermúdez con 214.5 millones; la SIOP de Gerardo Buganza con 91.4 millones de pesos; la Sedesol a cargo de Alfredo Ferrari 184.6 millones, y también el otro Ferrari, el de Sedarpa, con 42 millones y hasta Yolanda Gutiérrez echó su gato a retozar en Protección Civil con 28 millones de pesos, entre otros. En el resto del grupo van varios tecnológicos, el IPE, la CAEV, Sesver, el Colegio de Veracruz, 4 fideicomisos –el Fondo del Futuro (un cochinito), dos de sector agropecuario, Fiverfab y Fidrever) y el parque temático Takhil-sakut.

Los municipios

En 122 Municipios detectaron un daño patrimonial por 718 millones 497 mil pesos, entre los que se destacan, por monto, Cosamaloapan con 133 millones, Coatzacoalcos con 50 millones, Cosoleacaque 41, Catemaco 40, San Andrés Tuxtla 35 y Coxquihui 27 millones.

Lo que sigue

Ahora tienen el informe los diputados de la Comisión de Vigilancia; en lo que resta del mes deberán elaborar su dictamen y presentarlo al pleno para su aprobación.

Una vez aprobado, lo que se espera hagan a fin de mes, el decreto regresa al Orfis para una segunda etapa de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y en su caso sanciones.

Lo más seguro es que la solventación en esta etapa sea mínima y que la mayoría de los casos se vayan a denuncia penal. El último capítulo del hundimiento del Duartanic.