Si ya estaba bajo presión Flavino Ríos Alvarado vinculado al proceso penal que enfrenta por la acusación de complicidad en la fuga del ex gobernador Javier Duarte –hechos ocurridos en octubre del año pasado apenas iniciado su breve periodo de 45 días como gobernador interino–, ahora tiene encima un señalamiento más grave de orden económico; el Orfis señala desvíos en la Secretaría General de Gobierno en 2016, por 242 millones 512 mil pesos, un daño patrimonial cometido en su mayor monto durante la gestión de Flavino Ríos en esa dependencia.
La observación más cuantiosa corresponde al manejo irregular, obscuro y de probable apropiación personal de una cuenta bancaria de la secretaría, donde hubo movimientos de depósitos y retiros por casi 238 millones de pesos, de los cuales no existe documentación comprobatoria de su aplicación, además de que dicha cuenta no está registrada en la contabilidad gubernamental; como si fuera una partida secreta se la clavó, Clavino Ríos, como disfrutaba apodarle un político veracruzano ya fallecido que decía saberle sus trácalas.
Aunque cerca de 100 millones de pesos movidos en esa misteriosa cuenta encontrada corresponden al año previo, 2015, le toca responsabilidad ya a Flavino, que asumió el cargo de secretario de Gobierno en julio de ese año. Como no hay evidencia del uso lícito de ese dinero, Flavino debe responder de su aplicación legal, de lo contrario tendría que reintegrarlo, además de las posibles consecuencias penales por la tipificación de delitos cometidos por servidores públicos, desde incumplimiento del deber legal hasta peculado.
No cabe en una democracia que exige rendición de cuentas apelar a la vaga excusa de la “gobernabilidad” para usar sin comprobación dinero público, ¿cómo saber que no lo destinó a su beneficio privado?
Músicos y presa
Aparte de esa observación de la cuenta fantasma de la que esfumaron 237 millones, el área de Flavino tiene dos más por daño patrimonial, una por pagos improcedentes, también sin comprobación, a supuestos “músicos” por 1 millón 372 mil pesos, y un pago de “adeudo de pozo” y 3 millones 250 mil pesos también sin comprobación supuestamente como “apoyo al ejido Tatahuicapan”.
De la banda de Duarte
El manejo irregular y patrimonialista de Flavino en la Secretaría de Gobierno concede oportunidad al gobierno de Miguel Ángel Yunes para mantenerlo contra la pared y programarle otro show carcelario, esta vez con más evidencias.
Cuando todavía no concluye el proceso penal que se le sigue por encubrimiento e incumplimiento del deber legal por el que lo encarceló la Fiscalía de Yunes, aunque negoció seguir en libertad su juicio, es seguro que tan pronto se venza el plazo que tiene para solventar la observación administrativa del Orfis, de imposible comprobación, a menos que “vomite”, su caso derive en nueva denuncia y proceso penal. Explotaría el tema en pleno proceso electoral con daño calculado al PRI.
En la opinión pública no se concede “presunción de inocencia” a Flavino. El informe de la fiscalización de la cuenta de 2016 muestra la complicidad del interinato de Flavino con la banda de Duarte; como otras fachadas que se caen, es claro que era miembro activo del clan; heredó la cuarentena del cierre bajo condición de compromisos, no cabe otra explicación al manejo financiero de ese periodo; mientras los ayuntamientos reclamaban el adeudo de sus fondos federales retenidos ilegalmente por el Gobierno del Estado, Flavino prefirió pagar casi 2 mil millones de pesos en un solo día (11 de noviembre) a las empresas ligadas a la extracción ilícita de dinero, fachadas de Duarte y El Cisne Silva, comercializadoras, constructoras y fantasmas en ficticios servicios de difusión para comunicación social.
La gobernabilidad en la transición del poder que decía buscar en su breve interinato no era más que la pantalla para enriquecerse.
¿Lo expulsará el PRI o dejarán que se lo exhiban en el próximo proceso electoral?
Flavino Ríos, al igual que Alberto Silva, son los más rapaces de la cuenta pública de 2016, claro, junto con su jefe Duarte.