Propaganda en vez de información pública ofreció ayer Guillermo Moreno Chazarini, secretario de Finanzas del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Hasta anoche aún no cumplía con la obligación legal de transparencia y no estaba en la página de transparencia de la secretaría el Tercer Informe de Finanzas que corresponde al periodo julio-septiembre; en cambio, Moreno Chacharini, de modo inusual para un simple reporte de trimestre, montó un acto publicitario, una conferencia de prensa en uno de los salones del Palacio de Gobierno para hacer una apología de su gestión, a propósito de la entrega de dicho informe al Congreso del Estado.
No hace falta ser un experto en contabilidad gubernamental para saber la manipulación de las cifras, igual que los de antes, los de ahora: el maquillaje usual para aparentar que la situación es mejor que lo que hay en el fondo de la olla, y sobre todo simular ante las calificadoras y financieras que les avalan para las renovaciones crediticias como la que el actual gobierno intenta, sin conseguir todavía.
Con la pretensión de verdad que se arrogan los titulares temporales del poder. Moreno Chazarini quiso presumir de que “a diferencia de los anteriores, (el suyo) se trata de un informe confiable de la situación “económica” del estado y no cifras a modo”. ¿Quién lo garantiza? Además también presumió que “desapareció” el modelo de gasto denominado “licuadora”, que ha respetado los fondos federales y estatales “etiquetados para los fines dispuestos” y que hay en caja –efectivo y equivalente– 5 mil 101 millones, desglosando su integración y destino. La cifra enunciada sin el contexto del déficit y los elevados pasivos, reconocidos y ocultos, que arrastra el estado, es irrelevante. Ya se sabrá cuando le hurguen las cuentas con independencia, cuál era realmente la situación de las finanzas del estado.
Mientras, hay que esperar a que se les antoje subir el informe trimestral a su página de transparencia, al menos para enterarse del último capítulo de la contabilidad ficción, género burocrático literario de creatividad parcialmente mentirosa. Las transferencias de recursos federales y la deuda inscrita de la Secretaría de Hacienda son los únicos datos duros.
Borrón en seguimiento
Se recuerda el plumazo arbitrario que ajustó la contabilidad gubernamental al cierre del año 2016, desaparecieron 41 mil millones de pesos en los pasivos y los trasladaron a “cuentas de orden”, donde duermen en sueño de los justos, un ficticio proceso de depuración y conciliación de cuentas; el Orfis en su reciente Informe de Fiscalización de 2016 todavía les dio de plazo este año para resolver la situación, mientras tanto recibieron una observación administrativa sujeta a seguimiento. (OBSERVACIÓN NÚMERO: FP-014/2016/026 ADM), en informe general pagina 172-173.
Persiste calificación negativa
Cuando está por vencer el plazo para que el Gobierno del Estado entregue una “calificación preliminar” a los interesados en la reestructura de la deuda pública del estado por 38 mil millones de pesos, dos de las firmas que evaluaban el riesgo no mejoraron su calificación. Hasta su reporte al 1 de octubre, Fitch Rating relativo a las entidades federativas, mantenía la misma calificación BB-(MEX) con observación negativa; tampoco le ha actualizado Moody’s, que igual determinó una calificación negativa: ambas sostienen dudas a la capacidad del gobierno de Veracruz para contener el gasto y previsiones de que recurrirían a más créditos de corto plazo para cubrir el déficit en las finanzas.
HR al rescate, calificación limitada
HR Ratings, que en su precedente de julio del año pasado mantuvo una calificación de observación negativa, algo ha cedido para facilitar al cliente trate de adquirir créditos. Contratado para aportar la “calificación preliminar” al proceso de reestructura, HR Ratings les pone ahora una calificación limitada, con perspectiva estable al mediano y largo plazo, con base en los flujos probables de ingresos procedentes principalmente de la Federación y que serían las garantías de pago. Lo más que garantiza es que no tendrán problema legal para la autorización y registro y que los documentos legales de la transacción constituirán obligaciones válidas y jurídicamente exigibles.
A ver quiénes le entran a ofrecer créditos y a qué costo para el estado.
