La destitución de Santiago Nieto Castillo como Fiscal Especializado en delitos electorales (Fepade), decidida por el Procurador General de la República interino Alberto Elías Beltrán el pasado viernes, tema desde ese momento dominante en la agenda de medios de comunicación y de actores y partidos políticos, provocó conflictos ayer en el Senado, paralizando sus actividades.
El protagonismo del titular de la Fepade y su visible coincidencia de intereses políticos con los grupos de oposición, generalmente el PAN y el PRD, los alineados con el Frente y en este punto también con Morena en contra del Gobierno Federal y el PRI –sobre todo el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht a través de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, a la campaña a la presidencia de la república de Enrique Peña Nieto–, alimenta teorías conspiratorias, de las que sería víctima el fiscal destituido.
Pero no hay que perder de vista la disputa por el poder, el contexto real de las intervenciones, donde ninguna de las partes en competencia puede presentarse como inocente.
Entre los ángulos posibles de observación del asunto está el papel de la Fepade en el proceso electoral en curso y en los previos; la partidización de la acción persecutoria en materia electoral, observable, y la deseable autonomía de esa institución en el actual para garantizar imparcialidad en la competencia y sanciones penales sin sesgo partidista a quienes cometan delitos electorales.
El fiscal del Frente
El actual fiscal Santiago Nieto Castillo está contaminado. Pasó de ser un funcionario del ministerio público a un actor en medios; coincidente en objetivos con un bloque de partidos que aspiran al poder del estado.
Ya se ha mencionado la inclinación de la Fepade de Nieto en los procesos que ha participado, más de lado del PAN y PRD que de los demás; sus casos centrales se enfocaron a dirigentes del PVEM, ex gobernadores del PRI, funcionarios estatales de este mismo partido y la diputada de Morena, sin entrarle por ejemplo, en Veracruz, a los “Yúnete”, que repartieron despensas en el sur del estado a población afectada por los sismos de septiembre.
Engolosinado en la contienda, como titular del Fepade Nieto se trazó enjuiciar a Emilio Lozoya, vincularlo a los sobornos de Odebretch y el financiamiento a la campaña de Peña Nieto, una liga que ameritaría investigarse, pero no como un servicio de desprestigio y campaña negra en las elecciones en curso.
Hasta donde se conoce el tema de los sobornos de Odebrecht a los “políticos mexicanos”, las supuestas filtraciones de los “testigos protegidos” en Brasil, presunciones especulativas divulgadas como pruebas contundentes en algunos medios, transferencias bancarias a cuentas no directamente vinculadas o entrevistas concertadas, más golpes de propaganda negra que evidencias sustentables en juicio. Las declaraciones y filtraciones de Nieto eran funcionales a esa guerra electoral.
Cesado por violar “código de ética” y procedimento penal
El Frente –sobre todo el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya– inició una campaña en contra del hoy ex procurador Raúl Cervantes Ahumada para impedir el pase automático de éste como fiscal, no se duda, como distractor del escándalo sobre el enriquecimiento del “joven maravilla”. Como es sabido, Cervantes renunció la semana pasada a la PGR y por ley lo sustituyó de modo interino Elías Beltrán, el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales.
Sorpresivamente para el espacio público, su primera decisión relevante fue destituir a Nieto Castillo como titular de la Fepade, con el argumento de que había violado el “código de ética” de la PGR, además de principios del sistema penal, como la presunción de inocencia y la reserva de información que debe guardarse el ministerio público en sus investigaciones en curso.
No se duda que tal decisión del procurador en funciones le pudiera haber sido instruida de la esfera de poder del gobierno de Peña; emparejar el marcador y deshacerse de un infiltrado del Frente. Ya se sabe, no hay inocentes ni casualidades.
Destitución, ¿legal o ilegal?
La reacción previsible de resistencia a la remoción tanto del depuesto Nieto como de sus aliados funcionales no se hizo esperar. Se está cuestionando la legalidad del cese y hasta los atributos del subprocurador Elías para ser procurador, así sea interino.
En estricto derecho es legal la destitución y no requiere siquiera justificarse.
La respuesta se encuentra en un artículo transitorio de la reforma a la Constitución de la República promulgada en febrero de 2014. El transitorio Décimo Octavo dispone el nombramiento del Senado del titular de la Fepade, pero el mismo artículo también señala: “los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018 (ojo), sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el Procurador General de la República o en su caso del Fiscal General de la República”.
Igualmente en este transitorio está la facultad del Senado para restituirlo. “La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía (de que se trate) será restituido en sus funciones.
Ayer los senadores se proponían iniciar la votación. Se dividieron por el procedimiento, la Mesa Directiva proponía un procedimiento de votación secreto, ningún partido tiene mayoría, pero el PAN, uno de los impulsores de reponer a Nieto, está fracturado; es muy posible que “los rebeldes del PAN”, los que rompieron con Anaya, sin salirse del partido, quieran votar en contra de los intereses del Frente sin quemarse. Tomaron la tribuna y reventaron la sesión PAN-PRD, PT y Morena. Necesitan 65 votos, si acuden los 128 senadores. La disputa continuará… ¿habrá nuevo titular de la FEPADE? sería lo más saludable ¿O conseguirá el Frente y Morena reponer a Nieto?
