Ni mandado a hacer, el estudio publicado por la doctora en Políticas Públicas por el CIDE, Lucia Carmina Jasso López, investigadora de la UNAM, para demostrar con evidencia empírica la inutilidad de la instalación de cámaras de video vigilancia –como las 6 mil 476 que pretende adquirir el gobierno de Miguel Ángel Yunes para Veracruz a precio de oro de 700 millones de pesos– en la reducción de los delitos.
El avance de investigación “Prevención del Crimen y Tecnología” que presenta con el título “Videovigilar sin castigar”, alusivo en contraste al texto de Michel Foucault, Vigilar y castigar, sobre el régimen penitenciario, la sanción como ortopedia social y la vigilancia, el panóptico como expresión del poder, puede consultarse en el blog sobre política de seguridad en sitio de internet de revista Nexos de agosto pasado.
El análisis de la Doctora Jasso elaborado con datos de la Ciudad de México, donde se encuentran el mayor número de video cámaras de vigilancia –12 mil 72, según datos de INEGI– revela el escaso efecto que han tenido en la prevención y reducción del delito y para la sanción a los responsables, lo que refuta la justificación de autoridades para destinar el elevado gasto a video vigilancia.
Pobres resultados, impunidad
Los escasos resultados se aprecian en los datos siguientes: De enero a junio de 2017 el conjunto de las cámaras de la ciudad de México captaron 103 mil 106 incidentes, entre delitos de alto impacto y otros, cerca de 3 mil, además de faltas cívicas y emergencias, cifra que comparada con la incidencia delictiva del periodo representa aproximadamente el 3.4 % de los delitos que generaron una averiguación previa. Esto es el inicio de una investigación ministerial, lejos todavía de una sentencia condenatoria definitiva.
La conclusión establece que “aunque falta mucho por analizar y estudiar respecto a los efectos y resultados de la video vigilancia, esta información permite concluir que hasta el momento, los recursos invertidos en estos sistemas no están ofreciendo los resultados esperados, el número de delitos captados por las cámaras es magro y los ciudadanos no tienen la garantía de que los delitos registrados en estas imágenes serán sancionados”.
El negocio, otro enfoque
Otros enfoques periodísticos se centran en el negocio de las videocámaras y su operación; el seguimiento de cuánto gastan los gobiernos en sistemas informáticos costosos, las compras amañadas y mercados controlados por pocas empresas con relaciones en el sector público, sin importar de qué partido político proceden las autoridades.
Este parece ser el caso de Veracruz, donde la violencia criminal está desbordada y ante la incapacidad manifiesta del gobierno de Yunes para contenerla ofrece a cambio, como política de seguridad pública, el negocio de video cámaras de vigilancia.
El estado de Veracruz, con las 6 mil 476 que adquirirá el gobierno de Yunes ocuparía el tercer lugar nacional en número de cámaras de vigilancia; después de la Ciudad de México, que como se mencionó tiene instaladas 12 mil 72, y el Estado de México con 9 mil 550, rebasaría al hoy tercer lugar, Guanajuato, con 1,296, según datos del INEGI a 2016. Otros estados equivalentes en población con Veracruz no han gastado tanto en ese concepto, por ejemplo Jalisco solo cuenta con 882, Puebla 299 o Nuevo León 430.
Hay que estar a la vanguardia tecnológica para hacer negocios, y más que el mini gobierno bianual se le acaba a Yunes el año entrante.
Aparte del negocio, otra perspectiva es la utilización del equipo como herramienta para el espionaje complementario y la represión, la observación en calle de movilizaciones para planear el uso de la fuerza pública.
Todo lo que quieran, pero no será la panacea para prevenir o bajar los delitos.
Más calificaciones negativas a las finanzas del estado
Otra mancha más al tigre de las finanzas deterioradas, sin mejoría. Ayer la calificadora Fitch Ratings ratificó las calificaciones de observación negativa a dos emisiones de certificados bursátiles del Gobierno del Estado, una emisión con saldo de 978.6 millones y otra con saldo de 1220.1 millones de UDIS (7 mil 118 millones de pesos) ambas suman pasivos por más de 8 mil millones de pesos.
No modificó Fitch su calificación negativa otorgada en noviembre del año pasado, a pesar de conocer que hay en este momento una dispensa temporal de 6 meses concedida por los tenedores de los certificados para permitirle al gobierno de Yunes no mantener 20% de las participaciones federales libres de gravamen. El plazo de la dispensa correrá a partir del fallo de la reestructura de la deuda pública por 38 mil millones de pesos. El grado de compromiso de las fuentes de recursos en relación con la deuda no le da holgura para mejorar la calificación. Lástima, que no podrá presumir Yunes a Fitch de que le subieron algo (que no sean los honorarios por la calificación de créditos, porque de todas formas cobran).
