“Tapando la corrupción: nuevo yacimiento en Veracruz”, artículo de Araceli Damián

Aunque todavía no son tiempos electorales, la disputa por la sucesión presidencial de 2018 está desatada y los priistas andan muy nerviosos, porque cada día nos enteramos de más actos de corrupción del actual gobierno. Es evidente su falta de compromiso con el combate a ésta y de su falta de oficio político, lo que ha provocado que las instituciones encargadas de investigar, prevenir y sancionar este delito estén acéfalas.

A medida que salen a relucir noticias que relacionan a la presente administración con casos de corrupción, el gobierno trata de minimizarlas o taparlas, dando a conocer noticias “alentadoras” para el país. Así sucedió este fin de semana. A pocos días de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) diera a conocer, en su segundo informe parcial de la Cuenta Pública 2016, que se encontraron serias irregularidades en contratos otorgados por PEMEX a la empresa brasileña Odebrecht, involucrada en el escándalo internacional de corrupción, Peña Nieto anunció el hallazgo del yacimiento de petróleo más grande de los últimos 15 años, ubicado en Cosamaloapan, Veracruz.

No sé si fue su ignorancia, insensatez o cinismo, pero Peña hizo el anuncio precisamente en la refinería Miguel Hidalgo, Tula, lugar en el que, según la ASF, PEMEX pagó un sobreprecio de alrededor de mil millones de pesos a Odebrecht por obras relacionadas con el aprovechamiento de residuos de la refinería. La ASF encontró otras irregularidades en los contratos otorgados por PEMEX a Odebrecht, como la asignación de obras mediante adjudicación directa, sobrepagos y sobreprecios en diversos servicios e insumos (hasta 300% superiores al precio de mercado) y modificación de convenios sin justificación, entre otras.

Llama la atención que funcionarios de PEMEX hayan justificado la adjudicación directa argumentando que existía premura para la realización de las obras, cuando dos de ellas están suspendidas, no obstante, se adelantó un pago por 400 millones de pesos, a cada una. Pero lo que más llama a suspicacia, es que tales adjudicaciones se hicieron cuando Emilio Lozoya era director de PEMEX. Recordemos que Lozoya ha sido señalado por tres ex directores de Odebrecht por haber recibido “propinas” de parte de la empresa. Los denunciantes alegan que se acercaron al ex funcionario por ser, en 2012, una persona cercana al entonces candidato a la presidencia de la república, a Enrique Peña Nieto. Según los testimonios Lozoya recibió 10 millones de dólares en un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.[1]

Lo ocurrido en México con la empresa Odebrecht forma parte de un escándalo internacional de sobornos y pagos indebidos realizados por la empresa a funcionarios en varios países de América Latina; sin embargo, es sólo en México donde ningún funcionario ha sido formalmente acusado de haber recibido pagos indebidos por parte de Odebrecht. En otros países expresidentes (Ollanta Humala y su esposa en Perú), presidentes (Juan Manuel Santos en Colombia), vicepresidentes (Jorge Glas en Ecuador), legisladores y secretarios de estado están siendo investigados, han tenido que declarar ante la justicia y algunos de ellos han sido ya encarcelados.

En México el único que ha perdido su empleo por el escándalo de Odebrecht es Santiago Nieto, ex fiscal de la FEPADE (Fiscalía especial para la Atención de Delitos Electorales) por haber denunciado presiones de Emilio Lozoya para evitar que continuara la investigación en su contra. Con la destitución de Santiago Nieto el sistema de procuración de justicia en México profundiza su crisis. Recordemos que semanas antes de este suceso, Raúl Cervantes ex procurador de la PGR (Procuraduría General de la República) se vio involucrado en un escándalo por haber registrado un auto de lujo en Morelos para no pagar tenencia, con lo que evadió el pago de impuestos, lo que constituye en los hechos un delito.

El vacío en la PGR se complejiza dado que la reforma política, aprobada en 2014, convierte al Procurador General en el próximo Fiscal General, que durará nueve años en el cargo y podrá designar al Fiscal Anticorrupción, el cual no ha podido ser nombrado hasta este momento, aun cuando ya existe la fiscalía. Así, los tres principales órganos de procuración de justicia han quedado acéfalos, sin que se vislumbre la posibilidad de un acuerdo político en el Congreso de la Unión para designar a quienes habrán de encargarse de la prevención y lucha contra el delito, particularmente el de la corrupción.

Es paradójico que mientras todo el sistema de procuración de justicia está de cabeza, Peña Nieto haya participado en el Foro “Impulsando a México. La Fortaleza de sus Instituciones”. No hay tal fortaleza de tales instituciones si tenemos fiscales destituidos por profundizar en investigaciones incómodas o por tratar de hacer designaciones a conveniencia de quién ostenta el poder en México, como se trató de hacer con Raúl Cervantes, En dicho foro, Peña no sólo minimizó la corrupción, sino que la consideró un problema menor comparado con el de pobreza y la desigualdad. En su ignorancia o en su cinismo evade reconocer que estos problemas difícilmente acabarán si no se combate y previene la corrupción.

Con los niveles de corrupción que vivimos, un yacimiento de petróleo tan grande no es buena noticia para todos los mexicanos, sino sólo para quienes desde el poder le roban a la nación. Cambiemos esta situación en el 2018.