+LA FERIA: opinión del periodista Salvador Camarena
Nacionales
Salvador Camarena - 2017-11-07
Entre los testimonios vertidos en el caso que se lleva contra Javier Duarte, llamó la atención uno donde testaferros del exgobernador de Veracruz le advierten que los rastros de ciertas operaciones no se podrían borrar, como el entonces mandatario reclamaba, porque estaban ya en registros del sistema bancario.
No es que a Duarte le faltara información sobre cómo operan los bancos. Pero apostaba a que podía crear, desde el gobierno mismo, algunos cortafuegos que ayudaran a que eventuales investigaciones perdieran el rastro del dinero; o al menos fuera más difícil de seguir.
Sin dejar de tener algo de pensamiento mágico, intentar truquear evidencias puede no ser tan mala idea, sobre todo si supones que nadie, y mucho menos el gobierno, te investigará; si asumes que lo que hagas para ocultar pruebas en un extremo de la trama de irregularidades será suficiente porque, del otro, del lado de las autoridades, no habrá pesquisa verdadera.
Y puede ser que ese Duarte no estuviera tan despistado, sobre todo cuando hoy sabemos que a pesar de estar siendo investigada (es un decir) por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, su mujer no cuenta con orden de presentación o detención (Reforma 08/10/17), y que incluso ella y el prestanombres Moisés Mansur son hoy por hoy peticionarios de exilio en sus domicilios, ubicados en Londres y Vancouver, respectivamente.
Qué chistoso, esos que han sido señalados de probables actos de corrupción, hoy se quieren ir a vivir a lugares donde las reglas son más rigurosas y, sobre todo, implacables frente a quienes las quebrantan. Como si de repente el ambiente vernáculo donde pudieron actuar con desparpajo al amparo del poder les pareciera irrespirable. Vámonos al mundo civilizado, allá sí puede estar uno a gusto.
Sin embargo, en parte de ese mundo civilizado están ocurriendo iniciativas que nos recuerdan que presuntos actos de corrupción se pueden investigar sin importar fronteras y sin importar, igualmente, que las autoridades locales se desentiendan de escabrosos asuntos.
La primera de esas iniciativas es, por supuesto, el Paradise Papers, nuevo desembarco global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Desde el domingo comenzaron a publicarse los hallazgos que reporteros de todo el mundo han trabajado desde principios de año, fecha en que en Alemania se compartió a cientos de periodistas del mundo una base de datos de más de 3 millones de documentos de la consultora experta en paraísos fiscales Appleby.
Esos reportajes han comenzado a fluir, y una vez más será evidente que el rastro de actos indebidos, irregulares, ventajosos o simplemente opacos, tarde o temprano puede ser descubierto.
El otro evento ocurrió ayer en Texas. La clínica de Derechos Humanos de la escuela de leyes de la universidad de ese estado presentó el informe: “‘Control…Sobre Todo el Estado de Coahuila’ Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas”. En ese documento, por cierto, es mencionado Javier Duarte.
Imposible no recordar, ya que hablamos de Coahuila y Zetas, que en junio la periodista Ginger Thompson publicó, en la estadounidense ProPublica, un extraordinario reportaje que desvela el origen de la matanza en el poblado de Allende en ese estado.
La moraleja es obvia y aplica también para México en el caso Odebrecht. Si un gobierno piensa que basta con dejar de investigar para que los casos de corrupción e impunidad desaparezcan, olvida ese gobierno que no tiene el monopolio del conocimiento. Y que, mientras esconde la cabeza en el suelo, desde distintos lugares del mundo –tribunales, periodistas, ONG y universidades– le pegarán un gran balconeo internacional.