Exige Héctor Yunes al Gobernador definir estrategia de seguridad

En respuesta a la crisis de seguridad que vive el estado de Veracruz y que ha dejado la muerte de al menos 27 personas en sólo tres días, el senador Héctor Yunes Landa presentó hoy ante el pleno de la Cámara de Senadores, un Punto de Acuerdo para exhortar al gobierno de Veracruz a que modifique de fondo su estrategia de seguridad pública y se investigue de manera profesional, objetiva y transparente, el homicidio del presidente municipal electo de Hidalgotitlán, Santiago Cruz Bahena; del alcalde de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinosa Tolentino; y de la Fiscal Especial en Delitos Sexuales y Contra La Familia del municipio de Pánuco, Yendi Guadalupe Torres.

Señaló que la solución al problema de la inseguridad fue uno de los principales compromisos de campaña del actual gobierno –para lo cual se dio un plazo de seis meses-, sin embargo, los índices delictivos han crecido de manera exponencial y sostenida en este primer año. Tomando como referencia las estadísticas dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que al pasado mes de octubre, los homicidios dolosos habían llegado a 1 mil 382, mientras que los secuestros a 146 casos y las violaciones a 199, sin contar la cifra negra de los delitos que no se denuncian.

“Sin duda, la estrategia de seguridad ha fallado. El sistema de procuración de justicia también. Hoy se cometen más delitos y se sanciona cada vez menos a los responsables. El gobierno criminaliza a las víctimas, violenta el debido proceso y extiende una patente de impunidad al señalar que sólo se trata de ajustes de cuentas entre delincuentes, cuando hay mucha población afectada, entre ellos, mujeres y niños”, aseguró.

Por esta razón, el Punto de Acuerdo presentado en la sesión ordinaria de este martes, propone exhortar al gobierno de Veracruz para que replantee la política estatal de seguridad implementada, ya que no ha disuadido los actos delictivos y se ha visto un marcado incremento de delitos en contra de los veracruzanos de todas las regiones, sin importar cuál sea su condición social y económica.

Dijo también que los grupos del crimen organizado cada día son mayores y más fuertes; que la inseguridad e impunidad prevalecen en Veracruz como resultado de la ausencia de una política de seguridad pública que respete los derechos humanos de las víctimas, consecuencia de la actuación de la administración estatal que dista mucho de la aplicación de las leyes y protocolos que garanticen la seguridad.

Aseguró que, en el caso de los ediles y de la funcionaria de la FGE, el gobierno del estado y no la Fiscalía, ha hecho pública información vaga e imprecisa que sólo confunde a la sociedad y violenta el debido proceso.

“Hasta ahora nada sabemos de los responsables; lo que el gobierno nos ha dicho es que los funcionarios tuvieron responsabilidad en los hechos al inculparlos de participar en actos ilícitos como el robo de combustible, de tener tratos comerciales con delincuentes y de ser ejecutada por causas ajenas a su trabajo, lo que infiere necesariamente a la vida personal”, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado asuma su autonomía y realice una investigación objetiva sin sesgos políticos.