Policiaca
Acusan a policía de Veracruz de usar tácticas de guerra sucia
+ Ha salido a la luz el presunto "modus operandi" de los escuadrones del gobierno
Publicado: Jueves, 01 de Marzo de 2018
Por: EL FINANCIERO
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/ Veracruz, Ver.
VERACRUZ .- Acusan a policía de Veracruz de usar tácticas de guerra sucia
Veracruz, Ver. La policía del estado de Veracruz habría creado unidades que emplearon tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en su mayoría jóvenes, sospechosas de ser informantes y mulas de los cárteles del narco, de acuerdo con acusaciones presentadas por la procuraduría estatal.

Las denuncias presentadas la semana pasada contra exjefes de la policía de Veracruz señalan que se habrían presentado violaciones de derechos humanos de las tristemente célebres campañas contra las guerrillas en los años de 1960 y 1970.

Según el acta de la acusación, agentes de la policía en sus patrullas presuntamente recogían a los jóvenes, pero no registraban los arrestos. Los entregaban a escuadrones especializados en interrogatorios y torturas que funcionaban en la misma academia de policía, que luego los mataban y hacían desaparecer los cuerpos.

El gobierno estatal, a través de comunicado, señaló que durante más de un año, la Fiscalía General del Estado, coordinada con la Procuraduría General de la República y con otras dependencias del gobierno federal, así como con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, investigaron la participación de policías de alto rango y policías de nivel operativo en dichos delitos.

Entre los detenidos se encuentran Roberto González Meza, quien fuera Director General de la Fuerza Civil, y José López Cervantes, alias “Comandante Black”, quien fue comandante de la denominada Fuerza Especial.

Igualmente fueron detenidas 15 personas más, en su mayoría personal operativo, a quienes se les venía investigando desde el inicio de la actual administración y por esa razón, para evitar que se fugaran, no fueron cesados.

Indicó que además se ejecutaron órdenes de aprehensión contra Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de seguridad pública del estado, y contra José Óscar Sánchez Tirado, exdirector de Prevención y Reinserción Social en Veracruz, quienes ya se encontraban en prisión por otros delitos.

En relación con José Nabor Nava Holguín, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno anterior, existe también orden de aprehensión por desaparición forzada. El Gobierno del estado ofrece un millón de pesos de recompensa a quien proporcione datos para su captura.

Los casos que llevaron a la conclusión de esta investigación se refieren a 15 personas desaparecidas, entre ellas, dos mujeres y dos menores de edad; además de casos como el de Tierra Blanca, donde desaparecieron a cinco jóvenes, que fueron entregados a la delincuencia organizada para que les privaran de la vida.

“Es la primera vez en la que se consigna a un grupo importante de personas en número y jerarquía y que se logra demostrar que hay una estructura, un aparato organizado de poder que se pone de acuerdo, planifica y ejecuta un plan elaborado, generalizado y sistemático para desaparecer personas”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos.

“Lo paradigmático es la estrategia de la fiscalía para construir una teoría de caso que habla de una estructura de poder ideada para cometer desapariciones”, añadió.

Las policías Federal y Militar eran acusadas de torturas y desapariciones sistemáticas cuando perseguían a rebeldes izquierdistas en las montañas del estado de Guerrero, en el sur, en los años de 1960 y 1970.

Pero a diferencia de Guerrero, las desapariciones de las que se acusa a elementos de la policía estatal en Veracruz en 2013 y 2014 no sucedieron en montañas remotas; se las perpetraba descaradamente en ámbitos urbanos.

Los escuadrones incluso secuestraron, torturaron y liberaron a una mujer policía que viajaba en un taxi después de su turno, según la acusación.

Los taxistas suelen trabajar como "mulas"

Jaqueline, como se identifica a la testigo en documentos judiciales, aparentemente tomó el taxi equivocado: la policía acusó al chofer de transportar una pequeña cantidad de cocaína. En el sur del país los taxistas suelen trabajar como "mulas".

Pero ni el taxista ni Jaqueline fueron arrestados, acusados ni obligados a comparecer ante un juez.

En su declaración a la corte, Jaqueline describió un procedimiento similar al presuntamente utilizado en otros casos.

Los obligaron a bajar del taxi y los entregaron al escuadrón policial conocido como “los fieles”, quienes los llevaron a la academia policial conocida como El Lencero donde según ella los torturaron y golpearon.

Al cabo de cuatro días, Jaqueline quedó en libertad porque sus captores, entre ellos el teniente Roberto Carlos Flores, comprendieron que era agente de policía. Pero del taxista no se tuvieron más noticias.

Según los documentos leídos en la corte, el patrón se repitió en al menos otros 14 casos. Las víctimas eran sobre todo jóvenes recogidos en las calles o en vehículos bajo sospecha de actuar como vigías para el cartel de los Zetas.

Aparentemente los recogían los “fieles” si la investigación inicial descubría mensajes sospechosos en sus teléfonos celulares.

Después supuestamente los llevaban a la academia de policía, de donde desaparecían sin dejar rastros.

Diecinueve agentes de la policía de Veracruz, en actividad o retirados, están siendo juzgados por “desaparición forzosa”. Entre ellos figuran el exsecretario de seguridad pública -el principal comandante policial- y sus directores de fuerzas especiales, cárceles y policía.

Las víctimas incluyen dos mujeres y dos menores.
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