Atender la problemática de los ex trabajadores de la Policía Intermunicipal de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla: diputada Guadalupe Osorno

A fin de que sea atendida la problemática de los ex trabajadores de la Policía Intermunicipal de Poza Rica- Tihuatlán- Coatzintla, que en el mes de julio de 2015 fueron despedidos y violentados en sus más elementales derechos laborales, la diputada de Morena, Guadalupe Osorno Maldonado exhortó al Gobierno del Estado para que este asunto se resuelva a la brevedad y no se tome a la ligera porque afecta a muchas familias.

Tras referir que el Gobierno del Estado ha sido omiso a diversas demandas en materia de justicia, la legisladora recordó que el 22 de agosto del 2017 la diputada Tanya Carola Viveros propuso un punto de acuerdo que fue turnado a la Junta de Coordinación Política para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a fin de que atendiera en forma pronta las demandas que ha hecho un grupo de ex policías sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta.

En la sexta sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura del Estado, Osorno Maldonado reiteró dicho grupo de ex trabajadores fueron despedidos el primero de julio de 2015 como parte de las acciones que en materia de seguridad pública realizó el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, respecto a la disolución de la estructura de la policía intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla.

La diputada morenista expuso que los ex trabajadores no sólo fueron violentados en sus más elementales derechos laborales al negárseles liquidaciones a las que tienen derecho sino que posteriormente denunciaron acoso y amenazas por parte de funcionarios estatales que les plantearon dos caminos: firmar sus renuncias aceptando finiquitos desacordes a sus años de servicio, o bien someterse a controles que evaluaran sus capacidades para integrarse a la nueva policía estatal.

Desde entonces, comentó la representante Distrito XI Xalapa II mediante varios recursos los trabajadores han venido luchando por sus derechos laborales, exigiendo que se cumpla la ley con relación a su antigüedad de servicios prestados y su recontratación inmediata.

La falta de cobertura en salud, de estabilidad económica, de certeza respecto a su situación laboral y todas las consecuencias que acarrea un problema de esta magnitud, han permeado la vida de cada uno de los y las policías que sufrieron esta pérdida, aseguró la legisladora Guadalupe quien insistió que no sólo se trata de un asunto laboral sino de una ruptura en el bienestar mismo de los afectados y sus familias agravado por la omisión del Estado y del Congreso local.

“Es injusto que, a siete meses de haber sido presentado el punto de acuerdo y de haber pasado casi 3 años desde el despido, el Gobierno del Estado y este Congreso no haya podido o querido resolver la situación que presentan estos trabajadores. Nos parece que es ignorar la condición tan precaria en la que se han mantenido ellos y sus familias, sin un ingreso estable y sin las prestaciones de ley que aseguran su sustento, su salud y su bienestar” finalizó.