#AsuntosPúblicos: AUDITOR EN CONFLICTO: EL ORFIS Y LA DEUDA PÚBLICA

Como su comunicación es confusa –requeriría de un vocero que precisara, “lo que el Auditor del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) quiso decir”, no queda claro que informará Lorenzo Antonio Portilla al Congreso del Estado sobre la reestructura de la deuda pública efectuada por el gobierno de Miguel Ángel Yunes.

En su conferencia de ayer, Portilla enfatizó que cuando entregue el informe de las cuentas públicas de 2017, en los primeros días de octubre, pedirá al Congreso, aún dominado por la mayoría PAN-PRD, afines al actual gobernador, le autorice extenderse en la fiscalización de la reestructura de la deuda, ya que una parte se concretó en 2017, y el resto a principios del año en curso, por lo que pretende rendir un informe completo, no parcial. ¿Quiere eludir informar ahora de la reestructura, incluso con cifras a diciembre de 2017, o incluirá el informe hasta esta fecha, y después, agregará las operaciones de 2018, en un informe general de la reestructura?

No se sabe. La ambigüedad del Auditor Portilla como servidor público –da bandazos fiscalizadores según conveniencia, interés y presiones políticas–, se corresponde con la ambigüedad de su discurso.

Informe de deuda pública, obligación legal

El caso es que bajo ningún pretexto de realizar un análisis e informe global, se justificaría omitir la fiscalización de la deuda pública en el informe que rendirá próximamente; resultaría no solo sospechoso, sino ilegal, con las implicaciones de responsabilidad, por incumplimiento del deber.

Por ser el capítulo de deuda uno de los componentes de la cuenta pública y de la gestión financiera, es obligatorio para el órgano de fiscalización examinarlo; debe verificar si se observaron las reglas de disciplina financiera, si se formalizó la sustitución de créditos y obligaciones conforme a las bases autorizadas por el Congreso y cuál es la situación en cuanto a montos, tasas de interés y plazos de pago, en comparación con la situación preexistente; ni la Comisión de Vigilancia ni el Congreso tienen atribuciones para exentar que se revise la reestructura de la deuda y se rinda el Informe del Resultado.

Dejaron pasar la revisión oportuna

La petición del Orfis al Congreso para ampliar la revisión a las operaciones realizadas en 2018 llega sospechosamente desfasada. La actual legislación de la materia permite que junto al principio de anualidad y posterioridad, es decir a la revisión de la cuenta pública entregada, en este caso de 2017, el Congreso puede instruir al Orfis a que durante el ejercicio fiscal en curso –2018– requiera información y vigile obras y acciones en cuanto a la aplicación de recursos públicos que hagan los entes fiscalizables. Esto significa que no tenían que esperar hasta octubre del año en curso para auditar las restantes operaciones de reestructura de deuda pública celebradas en enero de 2018. Hace 7 meses, por lo menos, pudieron haber procedido a autorizar y fiscalizar la totalidad de la reestructura de la deuda pública. No lo hicieron porque andaban metidos en las campañas electorales y en la ilusión de que ganaría la gubernatura el hijo de Yunes.

No disminuyó la deuda pública y aumentó el plazo

Su propia contabilidad refuta al gobernador Miguel Ángel Yunes su pavoneada de que con la reestructura redujo el monto de la deuda pública. En la cuenta de 2016, incluido diciembre, el primer mes de su gobierno, el monto de la deuda pública de largo plazo era de 41 mil 501 millones de pesos, a diciembre de 2017, 41 mil 372 millones de pesos. El más reciente informe trimestral del gasto público –enero-junio 2018, elaborado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)–, registra 41 mil 854 millones de pesos, es decir, 353 millones más que al cierre del mes en que asumió Yunes el Poder Ejecutivo. Además de la deuda bancaria de corto plazo o quirografaria, en su primer mes de gobierno contrató 4 mil 300 millones de pesos, mismos que a diciembre de 2017 no había pagado. En junio por este concepto se debían 1,343 millones de pesos, un crédito que debe liquidar antes de su salida.

El gobierno de Yunes no disminuyó el monto global de la deuda pública de largo plazo, la que reestructuró, en cambio, el Gobierno del Estado pasó de la obligación de pagar amortizaciones e intereses a los acreedores del sistema financiero durante un promedio de 14.5 años a tener que pagar, por los créditos y obligaciones sustituidas, por 20.6 años. Esto aparte de los gastos que se erogaron por la reestructura y liquidaciones anticipadas de los anteriores créditos y obligaciones, las comisiones y pagos a los consultores y firmas calificadoras de riesgos crediticios.

Portilla la trae atravesada

Agazapado y tímido, Portilla esperaba recibir instrucciones de sus hasta hoy jefes políticos, el diputado panista Juan Manuel de Unanue, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso y el gobernador Yunes. Al cumplirse el ciclo de poder de éstos, Portilla la trae atravesada; debe obediencia, por temor a sus jefes, pero ellos están en declive político, aunque se dice lo tienen agarrado con algunas investigaciones que le han congelado en la Fiscalía. Mientras tanto, aún le queda un año del periodo de 7 para el que fue designado; buscará congraciarse con el nuevo gobierno de Morena para mantenerse en el negocio de las auditorías y el manejo presupuestal.

Como es sabido y comprobable en sus informes de resultados de la fiscalización y denuncias penales Portilla descubrió las irregularidades del ex gobernador Javier Duarte y su banda –de la que formó parte– cuando perdieron el poder a partir de 2016, en la revisión de las cuentas públicas de 2015 y 2016. Antes se hizo de la vista gorda con el sobre endeudamiento, los desvíos recurrentes de fondos públicos, la falsa contabilidad gubernamental, las empresas fantasmas y el escandaloso enriquecimiento de todos ellos. ¿Revelará ahora las irregularidades de Yunes y los suyos, o se inhibirán por lo que le saben?; ¿dará el chaquetazo o se sumirá?

Su conflicto de interés se revelará en su próximo informe de fiscalización.