Policías encargados de la vigilancia de Pedro Tamayo no acudieron el día que fue asesinado: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró que los policías encargados de la seguridad del periodista Pedro Tamayo no acudieron a su domicilio, ubicado en el municipio de Tierra Blanca, cuando fue asesinado el 20 de julio de 2016.

Por ello, emitió la Recomendación 89/2018 al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al fiscal general, Jorge Winckler Ortiz por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación y por la omisión de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para brindar protección y auxilio al agraviado y a sus familiares.

Antes de su asesinato, Tamayo había sido amenazado por lo que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz emitió medidas de protección a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Además, de acuerdo con la investigación, la CNDH pudo acreditar las violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y legalidad por omisión en la protección y auxilio de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Y es que el día del homicidio- 20 de julio de 2016, el equipo de policías responsables de su seguridad no acudieron al domicilio argumentando que habían sido convocados a una reunión; sin embargo, por el riesgo en que se encontraba el periodista, el policía encargado debió asegurarse que otros elementos le reemplazaran y cumplieran con la medida para no descuidar su seguridad.

Además, tres elementos que se encontraban en las inmediaciones del lugar el día de los hechos omitieron perseguir a los probables responsables señalados por los testigos.

En este sentido, la CNDH observó dilación en la actuación de los policías en brindar apoyo y auxilio a la víctima y sus familiares, ya que tuvieron que darle atención oportuna y requerir de inmediato la asistencia de una ambulancia.

También se observó la omisión en el cumplimiento de las medidas de protección por los policías responsables, elementos de la Fuerza Civil y del Instituto de Policía Auxiliar, al no brindar protección y auxilio a su esposa.

A su vez, los servidores públicos de la Fiscalía de Veracruz encargados de las investigaciones no actuaron con la debida diligencia al no realizar acciones para su adecuada integración, dilatando en su perfeccionamiento, sumado a la tardía atracción por parte de la Fiscalía Especializada y del Protocolo Especializado en la entidad.

Además, de irregularidades en la integración de las indagatorias sobre el homicidio de la víctima al omitir acciones para la pronta investigación de los hechos y de la investigación relacionada a la presunta participación de un funcionario que desempeñaba un cargo municipal como probable responsable a quien los testigos refirieron como una de las personas que disparó.

Por estos hechos, el organismo que preside Luis Raúl González Péres pidió reparar el daño a los familiares de la víctima e inscribirles en el Registro Estatal de Víctimas conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Víctimas.

También instruir al Secretario de Seguridad para que el personal cumpla las medidas de protección que le soliciten las autoridades competentes; impartir cursos sobre el derecho a la libertad de expresión, protección y garantía de los derechos de las víctimas y del Protocolo Nacional del Primer Respondiente.

Y realizar un diagnóstico para determinar si el personal policial cumple con el perfil requerido y con la aprobación de los exámenes de control de confianza a que deben ser sometidos para su ingreso y permanencia.

Por último, la CNDH indicó que ha dado seguimiento a la situación de la libertad de expresión, así como al contexto de violencia que sufren las personas que ejercen el periodismo en Veracruz.

La entidad tienen la mayor cantidad de homicidios de periodistas de 2000 a la fecha, periodo en que se han presentado 22 casos, de acuerdo con la Recomendación General 24.